La jueza archiva la causa por la muerte de 15 inmigrantes en El Tarajal

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta archivó este viernes la causa abierta por los 15 inmigrantes de origen subsahariano que fallecieron en El Tarajal el pasado 6 de febrero de 2014. En el auto, la jueza considera que, "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa". Se refiere a los delitos de homicidio y lesiones imprudentes por las que se imputó a 16 agentes de la Guardia Civil que, en un intento de disuadir a los inmigrantes que intentaban llegar a nuestro país a nado, emplearon material antidisturbios como pelotas de goma o botes de humo, provocando que fallecieran ahogados. 

Como recuerda la jueza en el auto de este viernes, en el año 2015 se acordó por primera vez el sobreseimiento provisional de la causa abierta por delitos de homicidio y lesiones imprudentes y el sobreseimiento libre por delito de prevaricación. Sin embargo, el pasado mes de enero, la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó reabrir la causa al considerar que "nada excusa la dejadez o tibieza" para esclarecer la actuación de la Guardia Civil.

Ahora, la jueza ha considerado que, "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de los diferentes delitos que han dado motivo a la formación de la causa", por lo que decreta el sobreseimiento libre de las actuaciones cuando ya "han sido cumplimentadas" las diligencias de instrucción. Se basa, para ello, en que las pruebas que motivaron la reapertura del caso son "inconclusas". Detalla, en este sentido, la "falta de identificación de dos de las personas encontradas muertas en España [...] porque no había sido posible con la información remitida" y "la falta de cumplimiento por parte de Marruecos de las Comisiones Rogatorias" que se le solicitaron cuando se acordó el archivo provisional.

Utiliza, además, la declaración de un testigo presencial que regentaba un quiosco cercano a la zona donde ocurrieron los hechos, "de cuyo testimonio se deduce que no observó ningún comportamiento por parte de los agentes de la Guardia Civil reprochable desde el punto de vista penal". 

"Ninguna relación causa efecto" entre las pelotas de goma y las muertes

El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció en el Congreso de los Diputados que la Guardia Civil destacada en Ceuta disparó material antidisturbios al agua –al contrario de lo que defendió en un principio el cuerpo– durante el intento de entrada en España del grupo de inmigrantes. No obstante, insistió en que no existía "ninguna relación causa efecto" entre esta práctica y los fallecimientos. 

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"A fin de frenar su avance, se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar con la orden habitual de que siempre hubiese varios metros entre el lugar de impacto en el agua y los inmigrantes para no alcanzarlos", explicó durante su comparecencia. Con ello "se consiguió que desistieran del intento la mayor parte de los mismos sin que ninguno resultase alcanzado" por las pelotas de goma que disparaba la Guardia Civil. Según defendió, "todos los lanzamientos se hicieron desde tierra" y a una distancia "como mínimo superior a los 25 metros" y la zona de impacto "siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde estaban los inmigrantes". Además, el ministro incidió en que el uso de material antidisturbios respondió a principios de "congruencia", por "la actitud beligerante de los inmigrantes". 

Lo ocurrido provocó entonces una avalancha de críticas entre los partidos de la oposición y varias ONG, así como de la propia Unión Europea, que pidió explicaciones a España sobre el uso de material antidisturbios contra los inmigrantes. El Gobierno, por su parte, desde el primer momento trató de aparcar este asunto y de negar las acusaciones de que se estaban produciendo contradicciones a la hora de ofrecer explicaciones. Sin asumir ninguna responsabilidad, el auto de sobreseimiento de este viernes destaca que ya "no van a poder acordarse nuevas diligencias de prueba por haber finalizado el plazo de instrucción conforme al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".