La evaluación ambiental: el arma para evitar desastres ecológicos que está bajo sospecha de manipulación

La evaluación de impacto ambiental es una de las herramientas más útiles para preservar el medioambiente en cualquier país, la barrera más importante entre los sueños megalómanos de un constructor y el desastre ecológico. Evita, en teoría, que cualquier proyecto que requiera una infraestructura o, en definitiva, la más mínima modificación en el entorno natural, pueda salir adelante si plantea daños a la naturaleza. Y es por ello que está siempre en el centro del debate de cualquier disputa entre promotores, Gobierno y ecologistas, como hemos visto en numerosos casos locales donde una parte denuncia que el riesgo medioambiental es alto. Las evaluaciones ambientales de los proyectos de extracción de recursos son las más comunes de pasar bajo un intenso escrutinio, al ser susceptibles de modificar para siempre los ecosistemas donde se encuentran.

Sin embargo, esta barrera, denuncian numerosas fuentes, no siempre es suficiente: por los mecanismos que tiene el Gobierno para saltársela, por las presiones , por la manipulación de las partes implicadas y por una legislación que no ofrece las garantías suficientes, según voces del mundo ecologista.

Hoteles. Minas de uranio. Autovías y autopistas. Almacenes de gas natural subterráneos. Una amplia variedad de proyectos tiene que pasar, según la legislación vigente, por la evaluación ambiental, que desemboca en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito en apariencia indispensable para que salgan adelante. Pero ni una DIA favorable garantiza la ausencia total de riesgos, ni acalla las críticas, ni mantiene el proyecto al margen de la polémica. Y en algunas ocasiones, lo indispensable se convierte en secundario. La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental concede potestad al Consejo de Ministros para determinar que no hace falta una DIA para un proyecto en caso de que su tramitación alargue los plazos y sea incompatible con el interés público.

Es lo que pasó en 2016 con la planta de gas de Mugardos, en A Coruña, que contaba con una autorización administrativa válida desde 2004 hasta que el Tribunal Supremo sentenció lo contrario porque en el momento de emitirse no contaba con un instrumento de planificación urbanística adecuado. La planta, que sirve para recepcionar, almacenar y distribuir el gas por toda la Península, tenía que volver a empezar con todos los trámites, entre ellos el de conseguir una nueva declaración ambiental favorable. Pero el Gobierno decretó que no era necesario.

En la memoria justificativa, el Gobierno alude a que se pondría en riesgo la seguridad del suministro si la planta de Mugardos deja de funcionar durante más tiempo del esperado y hay algún problema con la conexión con Portugal, así como a las incomodidades y los peligros de los camiones cisterna que distribuyen el gas natural licuado y que, sin Mugardos, tendrían que acudir a por la materia prima mucho más lejos. El Defensor del Pueblo no está de acuerdo con los criterios del Consejo de Ministros e inició una actuación de oficio ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Recomienda al Ejecutivo que, antes de tomar una decisión de este tipo, "se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo".

La administración responsable de otorgar la aprobación al proyecto es la que le da el visto bueno a la DIA, ya sea una Comunidad Autónoma o el Gobierno central. Pero quien redacta esa evaluación ambiental es el promotor, que suele ser una empresa. También suele ser el promotor el sospechoso de la manipulación que, según el doctor en Ciencias Ambientales e ingeniero técnico forestal Álvaro Enríquez de Salamanca, es tristemente habitual en estudios previos de este tipo. Enríquez es uno de los autores de un estudio que analiza las técnicas de manipulación de las evaluaciones ambientales en las que incurren empresas, Gobiernos y prácticamente toda persona física o jurídica que participa en el proceso. "Es normal que cada persona arrime el ascua a su sardina. Que haya varias visiones es bueno", reconoce Enríquez, quien sin embargo denuncia "técnicas torticeras o falsas" en la redacción del documento.

Enríquez pone ejemplos de estas tretas. "Se esconde información, se exageran las bondades de los proyectos –por ejemplo, en cuanto a la creación de empleo–, se habla de rehabilitación de patrimonio cuando lo que quieres es construir un hotel…". El debate en cuanto a infraestructuras polémicas por su impacto suele centrarse en si una DIA favorable es ecúanime y no está contaminada por los intereses de la empresa o la benevolencia de la institución. En el gaseoducto que planea Gas Natural en Doñana, el CSIC y el Instituto Geológico Minero han advertido del riesgo sísmico de la instalación, pero la empresa decidió partir en cuatro la tramitación para evitar, así, una evaluación al completo de todo el proyecto. Una técnica también utilizada en infraestructuras extranjeras que amenazan poblaciones indígenas con participación de compañías españolas, como la presa en el río Cahabón de Guatemala donde colabora ACS. Y en el caso de la mina de uranio de Salamanca, la queja se centró en que la DIA favorable emitida por la Junta de Castilla y León se pronunciaba sobre solo uno de los dos municipios afectados. Muchos frentes abiertos.

La ley, en el punto de mira

En 2013, Ecologistas en Acción realizó un informe criticando la por entonces por aprobar Ley de Evaluación Ambiental y repasó los proyectos y los sucesos que, a su juicio por una evaluación deficiente, causaron un impacto en el entorno considerable. Destacaba el defenestrado proyecto Castor: "La empresa impulsora del proyecto Castor, Escal UGS, realizó numerosos estudios geológicos supervisados por el Gobierno que, sin embargo, fue incapaz de predecir los terremotos que se han producido", asegura la ONG. No se tuvieron en cuenta los riesgos que acechaban, afirman, en otros casos como la sobreexplotación de acuíferos y los incendios en las turberas en Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) o el peligro de incendio en las inmediaciones de urbanizaciones situadas en pleno medio natural de numerosas provincias españolas.

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Las críticas al texto que finalmente se convirtió en la Ley 21/2013 se centraban en que no detallaba qué aspectos debían ser objeto de la evaluación ambiental: lo dejaba a criterio del promotor, el que realiza esa evaluación, y la autoridad encargada de darle el visto bueno. En principio, esa carencia se compensará en la modificación que está planteando en estos momentos el Gobierno, para la que el proceso de participación pública ya se ha cerrado. Es necesaria para transponer las directivas europeas al respecto. Su contenido incluirá regular con mayor detalle "el contenido de los informes de impacto ambiental, de los estudios de impacto ambiental y de las declaraciones de impacto ambiental, para garantizar la calidad de la información", como informa el Ministerio de Medio Ambiente. Para garantizar, en definitiva, que no se evalúe simplemente lo que el promotor quiere que se evalúe.

Tanto Ecologistas en Acción en aquel informe de 2013 como otras organizaciones, como la Asociación para la comunicación e información medioambiental (Acima) –que ha propuesto modificaciones al anteproyecto en trámites en la actualidad– reclaman que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, sea un organismo medioambiental independiente quien tenga la última palabra sobre las evaluaciones ambientales. Sobre todo en casos en los que el promotor y el evaluador sean el mismo ente: caso de las carreteras públicas, por ejemplo, en los que Fomento realiza el informe y Medio Ambiente lo aprueba. Todo queda en casa del Ejecutivo.

Enríquez descarta que la ley actual esté incompleta o que de pie a las manipulaciones que denuncia en su estudio. Sí echa de menos mayor incidencia en la participación pública de la evaluación ambiental: "Cuanto mayor es la participación, menor es la posibilidad de manipular. La gente no se entera de los procesos. En otros países, como Suecia, se realizan sesiones informativas, se dan charlas en los Ayuntamientos… aquí, esos procesos muchas veces se realizan en agosto, cuando todo está parado", afirma. Son críticas muy similares a las que se hicieron del proceso de consulta de la Ley de Cambio Climático: farragoso y mal planteado. En definitiva, los expertos coinciden en que los desastres ecológicos se evitan con la transparencia. Para evitar la opacidad de la burocracia.