La investigación judicial contra el 'procés' avanza en plena crisis de confianza entre los soberanistas

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el procés que condujo a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, ha citado para los días 14,19 y 20 de febrero a seis dirigentes políticos catalanes a los que considera parte del llamado “comité estratégico” al que hace referencia el documento #EnfoCATs, que fue intervenido por la policía en septiembre durante el registro del domicilio de Josep María Jové, entonces número dos de Oriol Junqueras en la Generalitat.

El instructor concede particular trascendencia a este documento y cree que los miembros de ese supuesto comité —la mayoría de ellos ya encarcelados, interrogados o refugiados en Bélgica— son los máximos responsables del procés. procésAhora cita a seis de sus presuntos integrantes a los que aún no había tomado declaración: las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireira Boia, el expresident Artur Mas, la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal, la diputada y número dos de Esquerra, Marta Rovira, y la alcaldesa de Vilanova y expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.

El juez amplió en un auto del pasado 22 de diciembre la investigación contra estas seis personas —la causa suma 28 imputados— por los delitos de rebelión, sedición y malversación por su participación “especial y destacada” en el proceso independentista.

Su objetivo es establecer el grado de participación de todos ellos “en la ejecución ” de lo que el Supremo ha definido como “un proceso delictivo concertado desde las instituciones autonómicas catalanas, con la colaboración de entidades civiles” que “consistió en la aprobación de diferentes normas y la aplicación de políticas, presupuestos y actuaciones orientadas a la segregación unilateral de Cataluña del resto del Estado, prescindiendo del ordenamiento jurídico y de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que reiteradamente declaró la inconstitucionalidad de la normativa y resoluciones aprobadas ad hoc”.

Un proceso “en el que, en la ejecución de la referida acción concertada, se incluyó la celebración de un referéndum, que fue declarado ilegal por el TC y prohibido por los tribunales, y cuya materialización precisó una movilización ciudadana, impulsada por los autores del delito, que desembocó en varios episodios, previsibles y altamente probables, de violencia y tumulto”. Un referéndum, por último, del que la proclamación del resultado favorable “había de fundar una declaración unilateral de independencia que llegó a realizarse formalmente, así como la iniciación de un inmediato periodo parlamentario constituyente, para la elaboración de la norma básica de una nueva república”.

Gabriel y Boya son las primeras militantes de la CUP citadas en esta causa. Sus abogados intentaron, sin éxito, negar la jurisducción del juez Llarena. Alegaron que fue compañero de Sala del fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y que ya había una causa similar abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press.

La CUP y la autoridad del Supremo

Ahora queda por ver si reconocen la autoridad del Supremo —la CUP sostiene que la república catalana declarada el 27 de octubre sigue existiendo— y acuden a prestar declaración. Su formación ha llamado a desobedecer a los que quieren “encarcelar ideas”: “¡Plantemos cara al Estado autoritario que quiere encarcelar ideas, rompamos con las cadenas del 78!”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, apenas si ha podido disimular su regocijo por la citación de las exdiputadas anticapitalistas: “Me muero de ganas de ver a los ‘valientes’ de la CUP plantando o desobedeciendo al magistrado del TS”.

La noticia de la citación se conoció el mismo día en el que prestaba declaración en el TS el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo policial que reprimió a los ciudadanos que intentaron votar y proteger las urnas el pasado 1 de octubre. Cobos, según fuentes que presenciaron su comparecencia citadas por Europa Press, afirmó que “el cumplimiento de la ley está por encima de la convivencia ciudadana”, y acusó a los Mossos de haber actuado aquel día par facilitar la celebración del referéndum.

De las intenciones del Tribunal Supremo hay cada vez menos dudas. Hasta el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se permitió este jueves anticipar que los responsables políticos del proceso soberanista en Cataluña serán inhabilitados por el Alto Tribunal en cuanto haya auto de procesamiento y antes de que exista una sentencia firme, lo que pondrá fin al debate sobre su participación en el Parlament y su idoneidad para presidir o gobernar Cataluña.

En este contexto, los imputados que permanecen en prisión —los diputados Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sànchez (JuntsxCat) y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart—, después de pedir sin éxito en numerosas ocasiones el levantamiento de la prisión preventiva dictada contra ellos por el juez, han puesto en marcha una iniciativa dirigida a denunciar su situación fuera de España a través del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA).

Lo anunció en rueda de prensa desde Londres el abogado británico especialista en derecho internacional y derechos humanos Ben Emmerson, que considera que estas detenciones vulneran derechos fundamentales y espera que la ONU “tome todas las medidas necesarias para presionar el Estado español para que estas personas no estén detenidas”, informa Europa Press.

Los letrados Jessica Jones, Ben Emmerson y Rachel Lindon, en la rueda de prensa en Londres.

Emmerson fue el abogado de Maria Litvinenko —la viuda del exagente ruso Alexander Litvinenko, envenenado en 2000— y también de Moazzam Begg, ciudadano británico encarcelado en Guantánamo durante seis meses acusado de terrorismo en la guerra civil de Siria.

El GTDA, creado en 1991 y con más de 600 dictámenes, es un mecanismo impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que expertos investigan detenciones que puedan atentar contra tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El abogado defiende que esas detenciones son una “afrenta a los derechos humanos” porque vulneran la libertad de asociación, la de expresión y la de participación en la vida pública. Los cargos de rebelión y sedición que pesan contra Junqueras, Sànchez y Cuixart son “insostenibles”, asegura.

Si el grupo de trabajo da la razón a los demandantes, el siguiente paso será acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, cuya decisión sí sería “vinculante” para España, subrayó Emmerson.

Las citaciones en el Supremo y la confirmación por parte del Gobierno de que la justicia inhabilitará a los procesados sin esperar a su condena llegaron en plena quiebra de confianza en el seno del soberanismo después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), anunciase este martes la suspensión del pleno de investidura de Carles Puigdemont. De haberlo llevado a cabo desoyendo las condiciones impuestas por el TC, la investidura no hubiese sido “plenamente valida”, admitió el máximo responsable de la Cámara.

Sin avances

Desde entonces Esquerra y JuntsxCat tratan de recomponer sus relaciones, aunque de momento no parece que nadie esté dispuesto a ceder en la cuestión de fondo: la investidura de Puigdemont. Los partidarios del president destituido y la CUP insisten en que Torrent debe ignorar la autoridad del TC y celebrar la investidura. Esquerra, por su parte, mantiene la necesidad de que la elección se pueda hacer con garantías, tal y como subrayó el miércoles su diputado y exconseller Ernest Maragall en una entrevista emitida por RAC1: “Que queremos plantear un desafío es evidente, ¿pero tenemos que plantear un desafío a campo abierto con víctimas abundantes y batallas simbólicas?”, se preguntó.

El presidente del Parlament se mantuvo firme repitiendo el guión de su partido: el único candidato posible es Puigdemont pero la elección necesita realizarse con garantías. Aunque sigue sin aclarar qué pasará si esas garantías que pide no llegan. Eso sí, por primera vez deslizó un mensaje dirigido al president en el exilio:en el exilio: “Es evidente que cuando más hemos avanzado es cuando hemos sido más generosos, cuando los partidos políticos y el conjunto del movimiento de defensa de la república hemos sido más generosos. Tenemos que asumir que avanzaremos si somos lo más generosos posible”, en referencia implícita a una hipotética renuncia de Puigdemont.

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Un día más, el líder del Esquerra, Oriol Junqueras, encarcelado en la prisión madrileña de Estremera desde hace tres meses, mostró su respaldo a Torrent. Y como el presidente del Parlament, sugirió a Puigdemont que renuncie a ser investido si “las circunstancias” pueden “impedir” una “Presidencia efectiva”. Lo hizo en una entrevista publicada por el digital Diario16 en la que distinguió expresamente entre “una Presidencia legítima, aunque simbólica” y una“ejecutiva”, que es la que tiene que elegir la Cámara catalana.

Junqueras ya había respondido el jueves a un vídeo de Puigdemont en el que el president destituido recordada los días que lleva en Bélgica con un tuit sobre su prolongada estancia en prisión en el que, sintéticamente, decía: “90 días en Estremera. 107 en Soto”.