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Derechos consumidores

La Junta advierte de una posible suspensión de cinco años a la asociación que cobró de Telefónica y Altadis

La consejera de Salud del Gobierno andaluz, Marina Álvarez.

infoLibre

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, se encuentra actualmente investigando si la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) ha cometido unas "irregularidades" que podrían conllevar que se decretara la "suspensión" de esta entidad como miembro del Registro de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores de Andalucía. Así lo ha señalado este viernes la consejera de Salud, Marina Álvarez (PSOE), en respuesta a una pregunta que en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el pleno del Parlamento, le ha formulado la diputada de IU Inmaculada Nieto. La expulsión podría ser de más de cinco años y supondría la imposibilidad de acceso a subvenciones autonómicas, según la consejera, que, no obstante, ha demorado todavía la adopción de la decisión.

La parlamentaria de IU se ha interesado por "las medidas que va a adoptar" la Consejería de Salud ante "irregularidades" cometidas por la UCA, según ha indicado citando la información publicada por infoLibre, que desveló que esta organización de consumidores, a través de una sociedad instrumental, ha cobrado dinero de grandes empresas a las que beneficiaba con sus comunicaciones públicas. La diputada de IU ha aseverado que la Consejería "no puede alegar desconocimiento" sobre el proceder "irregular y gravísimo" de dicha asociación, y ha pedido a la Junta que actúe de forma "urgente y ejemplarizante", así como "con responsabilidad". Nieto ha recordado que el presidente de la UCA, Juan Moreno, fue secretario de Juventudes Socialistas de Andalucía, por lo que achacó la demora de la Junta en la expulsión de la organización de los órganos consultivos a un "favoritismo de libro". Sólo entre 2007 y 2013, la UCA recibió 2,48 millones de euros en subvenciones de la Junta.

Nieto ha señalado que también se ha conocido, al hilo de la información publicada en este medio, la denuncia de un funcionario que asegura que fue destituido en 2010 como jefe de Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía "por negarse a inflar" las subvenciones de la UCA y desobedecer las órdenes, supuestamente, de la entonces directora general de Consumo y hoy alcaldesa socialista de Montoro (Córdoba), Ana María Romero. La diputada de IU ha criticado además que la Junta "nunca ha auditado las afiliaciones que dice tener la asociación" UCA, que, además, "no está implantada en todas las provincias" andaluzas, y ha insistido en que desde el área de Consumo de la Administración autonómica deben tomarse "medidas rápidas, ejemplarizantes y a la altura de la gravedad" de lo sucedido. La falta de implantación en todas las provincias supondría también su salida del registro autonómico de asociaciones. La organización de consumidores Facua subraya que los propios responsables de la UCA-Jaén anunciaron en 2016 su cierre en la provincia, como recogió Viva Jaén, con lo que la implantacion en toda Andaluíca sería incierta.

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Por su parte, la consejera de Salud ha explicado que actualmente no consta "ninguna denuncia formalmente interpuesta" sobre este asunto, del que sí han tenido noticia a través la noticia y también mediante una "información anónima" que comenzó a analizarse "con anterioridad" a la publicación de la citada información, según ha apuntado.

De esta modo, ha confirmado que la Dirección General de Consumo de la Consejería "está investigando los hechos por si se han cometido estas irregularidades", de modo que la Junta, según ha defendido Álvarez, está actuando "de forma responsable". En ese sentido, ha manifestado que es necesario realizar "las comprobaciones oportunas", y ha garantizado que "si las informaciones son ciertas se tomarían las medidas oportunas", que pueden pasar, según ha detallado, por la pérdida "durante cinco años al menos" de la condición de asociación de la UCA-UCE al quedar fuera del Registro de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores de Andalucía, con la consiguiente pérdida "de derechos y beneficios" que ello conllevaría, según ha incidido.

Tras resaltar además que, si se toman esas medidas, la asociación dejaría de formar parte de órganos como el Consejo Andaluz de Consumo y de los consejos provinciales de Consumo, la consejera de Salud ha enfatizado que desde la Junta no hacen "la vista gorda" con esta cuestión, y, "si son verdad esos actos, tendremos que actuar, como no puede ser de otra manera".

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