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Desahucios

Organizaciones critican la respuesta de España ante la condena de la ONU por no garantizar una vivienda a una familia desahuciada

  • El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenó a España por vulnerar el derecho a una vivienda de una familia de cuatro miembros que, tras ser desahuciada, tuvo que vivir en el coche
  • El Estado se ha limitado a informar acerca de que el IVIMA ha iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública

Publicada 08/02/2018 a las 11:44 Actualizada 08/02/2018 a las 12:14    
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Una mujer sostiene una pancarta durante la concentración convocada por la PAH frente al Congreso.

Una mujer sostiene una pancarta durante la concentración convocada por la PAH frente al Congreso.

EFE/Juan Carlos Hidalgo
Mohamed Ben Djazia, Naouel Bellili y sus dos hijos menores de edad vivían en una habitación alquilada en un piso de Madrid desde 1998. En 2012, tan solo con el ingreso del subsidio de desempleo, dejaron de poder hacer frente al pago de la renta, por lo que fueron demandados. En aquel momento, el Juzgado número 37 de Madrid solicitó al Ayuntamiento y a la Comunidad que evitara el "desamparo y la exclusión" de la familia pero, a pesar de ello, no se les ofreció ninguna alternativa y, finalmente, fueron desahuciados. Durante los primeros días la familia se instaló en un albergue temporal ofrecido por las autoridades pero, pasados diez días, tuvieron que abandonarlo y se vieron obligados a vivir en el coche hasta que pudieron trasladarse a la casa de un conocido. Mohamed Ben Djazia estuvo solicitando una vivienda pública al Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) desde 1999 hasta 2013. Nunca tuvo una respuesta adecuada de las autoridades, como informó Amnistía Internacional. 

Este caso supuso que, en julio de 2017, España fuera condenada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Según la institución, nuestro país había violado el derecho a la vivienda de la familia de Mohamed y Naouel y, ante esto, recomendaba a España "la obligación de ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro", según ha explicado en un comunicado la organización Amnistía Internacional.

El Estado, en cambio, se ha limitado a informar acerca de que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública protegida. La familia, que ahora está instalada en una vivienda adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid, afirma que ninguna autoridad se ha puesto en contacto con ella. Para Amnistía, y para otras como la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la respuesta de las autoridades nacionales es insuficiente

España ignora "su obligación de responder de manera adecuada al Comité sobre cómo iba a otorgar a las víctimas una compensación económica por las violaciones sufridas, además de cómo iba a reembolsarles los costes legales razonablemente incurridos en la tramitación de esta comunicación", opinan las organizaciones. Para ellas, además, "es alarmante" el hecho de que en el escrito enviado al Comité España no haya informado de "cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro". "Además, España desoye completamente las recomendaciones del Comité", lamentan las organizaciones. 

Ante esta situación, todas las entidades firmantes han exigido "un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler", una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil "para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda", la "adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios sociales" y la "reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias". 
LA AUTORA Correo Electrónico


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