Los tres bomberos sevillanos que fueron
detenidos en enero de 2016 en la isla de Lesbos por la Guardia Costera Griega
cuando desempeñaban como voluntarios de la asociación
Proem-AID tareas de rescate de refugiados serán juzgados el 7 de mayo en Mitilene, la capital de dicha isla griega.
Así lo confirmó este sábado a Europa Press uno de los tres bomberos que será juzgado,
Manuel Blanco, que precisó que se les juzgará por un presunto delito de
tentativa de tráfico de personas, ya que la noche que se les detuvo no habían rescatado a ninguna persona.
En este sentido, Blanco explicó que la ONG de estos profesionales expertos en emergencias estuvo trabajando "ininterrumpidamente" en Lesbos desde finales de 2015 –cuando fue mayor el flujo de refugiados– hasta finales de agosto de 2017.
Asimismo, precisó que la noche que se les detuvo tanto él como otros dos compañeros –
Julio Latorre y José Enrique Rodríguez–recibieron una llamada de la ONG danesa
Team Humanity pidiendo ayuda para salir al mar a efectuar un rescate. De este modo, los tres bomberos sevillanos acompañaron a los voluntarios daneses en su embarcación, "porque la embarcación de Proem-AID se estaba arreglando".
Además, el bombero matizó que si bien la ayuda entre voluntarios de diferentes asociaciones es "una práctica habitual" –de hecho, en la actualidad su organización colabora con otra ONG del norte de España–, aquel día "era la primera vez que íbamos en la embarcación de esa asociación danesa, fue a
lgo absolutamente puntual".
"Cuando regresábamos a puerto fuimos
interceptados por las autoridades, nos pidieron que les acompañásemos a puerto, y allí, después de unas horas, los guardacostas griegos nos dijeron que estábamos detenidos por
facilitar la entrada de personas que no tenía derecho legal para entrar", ha relatado Manuel Blanco.
"La detención fue fruto de un error"
Al respecto, el bombero sevillano indicó que "el trabajo avala a nuestra ONG", y está convencido de que
"la detención fue fruto de un error" porque "estuvimos en contacto con las autoridades en todo momento para que nos asignaran áreas de trabajo".
Asimismo, aseguró que
la embajada de España sabía de su localización porque, "al ser bomberos, informamos de nuestra localización, y nosotros colaborábamos con las autoridades griegas cuando nos lo requerían".
Por otra parte, aunque en el escrito recibido por la Justicia de Grecia no se detalla la pena imputable, estos bomberos fueron informados por parte de sus abogados helenos de que si finalmente se les imputara el cargo de tentativa de tráfico de personas podrían enfrentarse a una
pena de hasta diez años de cárcel.
En un primer momento, a estos bomberos, además de por este cargo, se les acusó también de
posesión de armas porque llevaban "un cortacabos, un elemento imprescindible para un rescatador y que, además, es obligatorio para este tipo de rescates", según precisó el citado voluntario, que aclaró que, finalmente, esta acusación "se ha caído".
Ayudaron en el terremoto en Lesbos
La ONG Proem-AID también estuvo colaborando tras el
terremoto del 12 de junio de 2017, de magnitud 6,3 y en el que falleció una persona en la isla de Lesbos. Blanco aseguró que ese día se ofrecieron a las autoridades locales para ayudar, porque insiste en que son bomberos y tienen "
esa tarita de querer ayudar a todo el mundo, ya que somos profesionales en emergencias y esa formación la ponemos a disposición de las personas que lo necesitan en grandes catástrofes".
Los tres bomberos detenidos tuvieron que pagar una garantía de 5.000 euros "para asegurarse de nuestra asistencia al juicio si finalmente se realizaba", explicó Blanco, al tiempo que indicó que, además de con un letrado griego, cuentan con el asesoramiento de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla (US).
Asimismo, recordó el
artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el que se recoge que "el deber de cualquier capitán de un barco que, siempre que pueda hacerlo,
preste auxilio a las personas que están en peligro".
Por ello, el bombero acusado de tentativa de tráfico de personas señaló que espera que se les absuelva "porque no sólo se nos está juzgando a nosotros, sino que hay un intento de
criminalizar la ayuda internacional y de poner en serio riesgo la ayuda civil".
Además, Blanco defendió que ante "esa llamada
crisis de los refugiados, ha habido una respuesta mucho más rápida por parte de la sociedad que de los estados, porque las
asociaciones y ONG han llegado donde no llegaron en un principio los estados".
En cuanto a la asociación Proem-AID, matizó que son personas totalmente profesionales y voluntarias que
en sus vacaciones y tiempo libre "ayudamos, porque hemos visto la situación desesperada de miles de personas que se juegan la vida en el mar".
Por último, recordó que "muchas veces se nos olvida que el problema no son las personas que vienen, sino
el motivo por el que están cruzando las fronteras", y en esa línea añadió que "el problema real es el por qué vienen; ya sea huyendo de pobreza extrema o de una guerra", entre otros motivos.
Indignante desde todo punto el pasotismo del Gobierno español, ante esta injusticia manifiesta que se está cometiendo contra estos voluntarios españoles, al igual que con la española que también está siendo objeto de acoso por la justicia marroquí. ¡Vaya potra la de la embajada española en Atenas! Vuestra protección y mediación en estos conflictos es penosa, ¿qué os pagan poco como cónsules y embajadores de la patria? Poneros a trabajar por vuestros compatriotas, que vivís como reyezuelos en el extranjero.
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