caso Púnica

Granados tirará de la manta en su nueva declaración ante el juez de 'Púnica': atribuirá a Aguirre y González la financiación ilegal del PP en Madrid

Francisco Granados, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional.

El exsecretario general del PP y consejero en Madrid, Francisco Granados, admitirá este lunes ante el juez la financiación ilegal del PP en Madrid en las dos campañas electorales durante las que ostentó la secretaría general del partido: 2007 y 2011. Granados comparece esta mañana a petición propia ante el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica.

Según informa la cadena Ser, que ha mantenido este fin de semana una conversación con Granados, el este responsabilizará de la financiación ilegal a la expresidenta Esperanza Aguirre, y a su sucesor en el cargo, Ignacio González, quien por orden de Aguirre “controlaba todos los estamentos” de la administración y el partido.

A las 12.00 horas, Granados, dos horas después de iniciada su declaración, Granados todavía no ha señalado a Aguirre ni a González en cuanto a financiación ilegal se refiere. Fuentes presentes en su comparecencia aseguran que el exconsejero sí ha abundado repetidas veces en que en la Comunidad de Madrid todos los nombramientos los decidían Aguirre y González, no sabe "si en ese orden". Las mismas fuentes aseguran que el exconsejero acaba de dar un paso que anuncia que también cargará contra la actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes: según sus palabras mantenía una relación sentimental con Ignacio González.

El antiguo secretario general del PP madrileño ha dicho que no sabe nada de Arpegio, la empresa pública encargada de ejecutar el Prisma, el mayor plan de inversión pública del Ejecutivo madrileño, porque, siguiendo orden de Aguirre, delegó todas sus competencias en quien durante la segunda mitad de la pasada década ostentó allí el cargo de consejero delegado, Eduardo Larraz. 

Los presuntos amaños de Arpegio a través de DUSA, la compañía privada a la que encomendó la gestión del Prisma, constituyen uno de los grandes ejes de investigación en Púnica. Según Granados, Aguirre cambió el sistema de gestión del Prisma, que hasta 2005 estaba en manos de los ayuntamientos, porque los alcaldes no la invitaban ni a las inauguraciones. La investigación ha destapado que una empresa vinculada a dos presuntos testaferros de Granados cobró medio millón de la adjudicataria de un contrato público de Arpegio, Over Marketing, cuyo propietario ya ha confesado su participación en la financiación irregular del PP.

La información difundida por la Cadena SER esta mañana asegura que Granados situará a Aguirre y González en el vértice de la estrategia de cobros en negro para el partido, pero asevera que también detallará el papel de otros personajes importantes en la trama como el exconsejero Borja Sarasola, director adjunto de las campañas de 2007 y 2011; o del expresidente de la Asamblea y extesorero, José Ignacio Echeverría", informa la cadena de radio.

También extiende Granados el manto de la sospecha a otras “personalidades de relevancia pública actual” en la formación conservadora madrileña, cuyos nombres y responsabilidades, dice, desvelará ante el juez. Según Granados, la financiación ilegal del PP tenía lugar a través de empresas privadas, pero sobre todo de empresas públicas, la fundación Fundescam y otros departamentos autonómicos, que adjudicaban o supuestamente pagaban por servicios no prestados, a las firmas que organizaban actos electorales para el PP en Madrid. La investigación han acreditado que el PP de Aguirre ingresó más de cinco millones en negro en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, y en las generales de 2008. 

Granados involucra a Aguirre, González y Cifuentes en la financiación ilegal del PP

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El juez instructor ha fijado el interrogatorio a las 9.30 horas de la mañana y accede de esta forma a la petición formulada el pasado mes de octubre por el exconsejero regional aunque le negó el resto de diligencias solicitadas, entre las que se encontraban citar en calidad de investigados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, su sucesor en el cargo Ignacio González, la actual mandataria regional Cristina Cifuentes y a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella.

El juez alegó que "no es una cuestión baladí" y que en modo alguno se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formula la representación procesal de Francisco Granados. Le recordó además que será el resultado de las diligencias que se siguen practicando en este momento de la instrucción las que determinen el devenir de sus actuaciones.

Granados, que en un primer momento pidió que sus excompañeros de filas declararan en calidad de testigo, formuló su solicitud a tenor de los últimos interrogatorios practicados por el juez al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz y del empresario Marcelino Elosúa sobre las presuntas irregularidades cometidas en las empresas Prisma y Arpegio.

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