Refugiados

De la solicitud de asilo a la integración en la sociedad: ¿funciona el sistema de acogida en España?

Una familia de refugiados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las solicitudes de protección internacional en España han experimentado un progresivo incremento desde el año 2013. A raíz de la llamada crisis de los refugiados, que comenzó en el año 2015, las cifras crecieron de forma exponencial: ese año se recibieron 14.887 solicitudes, 8.935 más que el año anterior. Un año más tarde, en 2016, se recibieron un total de 16.544. Sin embargo, ese mismo año, nuestro país tan solo recibió al 1,29% de todas las personas refugiadas que llegaron a la Unión Europea. 

 

La Administración intentó afrontar esta crisis con una mayor inversión presupuestaria y con el incremento del personal que tramita estas solicitudes. Sin embargo, esta celeridad en dar respuesta a las desoladoras cifras de desplazados que ocupaban portadas no se tradujo en un desarrollo del marco político y legislativo español. Además, ni siquiera consiguió un compromiso efectivo por parte de las autoridades, que dejaron en papel mojado el compromiso de acogida adquirido con la UE.

Estos datos lo indican: dentro de la Europa de los Veintiocho, España tiene un índice muy bajo de acogida de refugiados. Pero los que sí consiguen llegar se enfrentan a otro problema: ¿son integrados adecuadamente en nuestro país? Esta es la pregunta a la que pretenden responder la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de Comillas ICAI-ICADE, el Servicio Jesuita a Migrantes y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto a través de su informe ¿Acoger sin integrar?, presentado este jueves en Madrid. "La integración social forma parte de las soluciones a largo plazo, "duraderas", que el Acnur plantea para las personas refugiadas: la principal en los países desarrollados", apunta el documento.

Lo dicen las propias personas que consiguen el asilo: "Cuando sales [del centro de alojamiento], aquí comienzan los problemas (...) Problema del idioma, problema de hacer los papeles, problemas con las ayudas de las organizaciones, problemas del trabajo, problemas de las leyes, problemas de comunicar con las empresas que necesitas pagar la luz, el teléfono (...) Es muy difícil". Esta mujer siria resume de esta manera todas las deficiencias del sistema de acogida y protección español que se evidencian en el informe. El rápido crecimiento de las solicitudes hizo salir a la luz la falta de capacidad de nuestro país, que comienza ya en el propio procesamiento de los expedientes recibidos. Este déficit, según el documento, está muy ligado "a los recortes presupuestarios producidos durante la crisis económica, así como en los continuos titubeos políticos en relación al sistema y al modelo de protección internacional en España". 

Primer obstáculo: el aspecto socio-económico

De qué trabajar y dónde vivir. Estas son las primeras preguntas que un demandante de asilo se hace al llegar a España. "Después de los meses transcurridos en el centro o piso de acogida (de seis a nueve meses), con unos niveles de protección material y personal altos", estas personas "deben afrontar un abrupto periodo de transición que se prolonga durante las fases de integración y autonomía del Sistema de Acogida e Integración". 

A pesar de que un 20% de los demandantes de asilo cuenta con estudios universitarios, el acceso al mercado de trabajo no es, para nada, sencillo. En primer lugar, se da el problema de los ciclos temporales en los que se alternan periodos desiguales de empleo formal, desempleo y trabajo informal, lo que impide a los refugiados mantener una estabilidad laboral y, por tanto, económica, durante un largo periodo de tiempo. En segundo lugar, cuando consiguen acceder a un puesto de trabajo aparece otro escollo: ocupan los segmentos más bajos del mercado de trabajo español, "desempeñando trabajos manuales de baja cualificación". "Ocupaciones que realizan bajo relaciones y condiciones laborales precarias: temporalidad, salarios bajos, trabajo intensivo, jornadas parciales no deseadas, etc."

La inestabilidad económica que se provoca con esta situación define la inserción residencial de los demandantes de asilo. Según explica el informe, estas personas se concentran "en los barrios populares y obreros de las principales ciudades y coronas metropolitanas españolas", es decir, se da el fenómeno de un "movimiento hacia la periferia que, en muchos casos, implica salir del barrio donde se ha vivido durante la fase de acogida", obligando a estas personas a "reiniciar el proceso de asentamiento y arraigo". Estos barrios, además, son siempre los más castigados por la situación económica: sufren más desempleo y más precariedad. Es decir, es un fenómeno circular que dificulta la salida de la situación y obliga a los demandantes de asilo a ocupar los estratos más precarios de la sociedad, independientemente de cuáles sean sus estudios y cualificaciones profesionales.

Estas situaciones, que acaban, en muchos casos, en exclusión social, sumadas a la falta de redes de apoyo entre demandantes de asilo dificultan, aún más, la integración. "Las personas refugiadas, en su proceso de migración forzosa, se ven obligadas a romper con sus relaciones sociales más significativas y a rehacer dichas redes en el país de acogida". 

Segundo obstáculo: el aspecto socio-cultural

Aunque, como afirma el documento, las personas refugiadas no viven en un ambiente de hostilidad o rechazo, sí existen experiencias cotidianas de discriminación étnica en distintos contextos. Sí existe cierto estigma, aunque se manifieste de forma puntual, hacia el origen étnico, nacional y religioso de las personas refugiadas: "Bien, pero la vecina de abajo (...), cuando hubo una bomba en Francia habló con la Policía y les dijo que en el piso había gente de Siria, musulmanes (...), que hacíamos ruido". 

El acento o la forma de vestir activa la representación imaginada que la población local tiene de los refugiados, condenando a estos, en numerosas ocasiones, a una mayor dificultad de integración. Además, la "progresiva adaptación a los patrones y formas culturales de la sociedad española", que se produce en los primeros años, la realizan "de forma excesivamente individual, sin acompañamiento ni espacios de mediación y seguimiento donde aprender, contrastar y compartir su experiencia". 

El año 2017, de hecho, fue el segundo año consecutivo en el que el racismo y la xenofobia constituyeron la primera causa de los delitos de odio. Ambos tipos de discriminación estuvieron detrás de 416 de los 1.272 incidentes registrados bajo esta modalidad delictiva. Los datos del Ministerio del Interior evidenciaron, además, que los delitos de odio por motivos raciales o étnicos aumentaron el año pasado un 9,2% respecto a 2013, cuando se registraron 381. 

Sistema de acogida pero no de integración

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Todos estos datos indican que, tras los meses de protección y apoyo que brinda el Sistema de Acogida e Integración, los refugiados quedan desamparados, buscando integrarse "en la sociedad española bajo unas condiciones vulnerables". Por tanto, este hecho hace preguntarse si este sistema funciona correctamente o, en cambio, sirve como un mero tránsito entre la llegada del demandante de asilo y el intento que realiza este por formar parte de la sociedad española. "El sistema español de acogida no cuenta ni con los recursos, ni con los medios, ni con la capacidad política de enfrentar y transformar ese conjunto de factores que determinan la trayectoria de integración". 

¿Cómo subsanar las deficiencias? En primer lugar, integrando de forma gradual al demandante de asilo en lugar de concentrar toda la ayuda en la fase inicial del proceso. Para ello serían necesarias una serie de reformas del propio sistema: que se ayude a la inserción residencial y laboral, que se generen redes de apoyo entre personas refugiadas, que se prolonguen las ayudas económicas y que, en una fase posterior, participen en la integración las administraciones locales y regionales. 

Sin embargo, además de las medidas concretas que eviten la exclusión social por la falta de redes de apoyo y que fomenten la inserción laboral en puestos de trabajo dignos, el informe señala la necesidad de abordar el sistema de forma más amplia para eliminar los problemas de fondo. Por ello, se considera vital "la reforma del Sistema de Acogida a refugiados en España" mediante "unas políticas de integración cuyos principios motores sean la cohesión social y la gestión de la diversidad". Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al menos parece que no lo descarta. Tras recibir numerosas críticas por parte de la oposición, que le reprobó por incumplir la cuota de acogida de refugiados, afirmó estar dispuesto a "aceptar cualquier propuesta de mejora" que se pueda establecer en la legislación española. 

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