Una empresa investigada en 'Lezo' contrató al cuñado de Ignacio González como conseguidor de adjudicaciones públicas

José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, no se limitó a desempeñar un papel clave en el entramado societario que en 2007 proporcionó a la familia un pelotazo de 600.000 euros gracias a un campo de golf público promovido bajo la batuta del político madrileño. Siete años después y cuando González ya ocupaba la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Caballero suscribió el 1 de marzo de 2014 un contrato "confidencial" que le convertía de forma expresa en conseguidor de adjudicaciones públicas para la firma de ingeniería Auditel. 

El documento, al que infoLibre ha tenido acceso y que fue localizado por la Guardia Civil en la sede de Auditel durante los registros realizados tras el estallido de la Operación Lezo, garantizaba a Caballero un fijo mensual de 2.000 euros y una comisión del 3% si sus gestiones alcanzaban el éxito. Adicionalmente, y como anticipo de esa "comisión de éxito" del 3%, Auditel le aseguraba otros 1.000 euros por mes al marido de la hermana de Ignacio González, la diputada regional madrileña Isabel González, también del PP. 

El "acuerdo de colaboración" señalaba entre los objetivos iniciales a lograr tres adjudicaciones públicas y dos privadas, aunque el propio documento contemplaba la posibilidad de ampliar la lista. Entre esas cinco, figura un contrato multimillonario de Metro de Madrid que el 1 de marzo de 2014 aún no se había anunciado: el servicio de mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, cuya salida a concurso se produjo el 21 de abril de ese año.

Apenas transcurridos cuatro meses y medio desde la firma del acuerdo con Caballero, Auditel obtuvo esa adjudicación el 21 de julio de 2014 por 9,5 millones. El cúmulo de irregularidades acreditadas en el procedimiento fue tal que el contrato fue finalmente anulado por un tribunal administrativo y así lo ha verificado este diario.

El del Metro era uno de los tres contratos públicos incluidos en los anexos del acuerdo rubricado por Auditel y Caballero. La mercantil de ingeniería aspiraba a otro de la Asamblea de Madrid –actualización de los sistemas audiovisuales, que no obtuvo– y uno más del Ayuntamiento de Las Rozas –sistema de videovigilancia de la ciudad– sobre el que este diario no ha logrado aún información. La remodelación del estadio del Real Madrid y el desarrollo del Memorando de Entendimiento suscrito por Auditel con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) constituyen los otros dos objetivos iniciales del contrato. Y los únicos que aparecen en el cuerpo central del texto: los de carácter público solo figuran en los anexos, todos ellos fechados y rubricados por ambas partes el mismo 1 de marzo.

El contrato no ofrece duda sobre las metas que Auditel encomienda a Caballero. La colaboración que constituye el eje del acuerdo, dice la primera estipulación, busca "la promoción de los productos y servicios de Auditel y la consecución de proyectos y su ejecución en el ámbito mencionado en el exponendo III". Ese "exponendo" solo menciona los proyectos relativos al Real Madrid y a la Confederación Africana de Fútbol.

Pero la segunda estipulación del pacto comercial ya anticipa lo que luego corroboran los anexos: que las adjudicaciones públicas constaban entre las tareas asignadas al conseguidor. Es esa segunda cláusula la que prevé que los términos del contrato de Auditel con Caballero "podrán ser ampliados una vez identificado/aprobado un nuevo proyecto o ámbito de actuación" en el que ambas partes "estén de acuerdo en colaborar suscribiendo el correspondiente anexo". El contrato contiene cinco anexos. Y los cinco llevan la misma fecha: el 1 de marzo de 2014, lo que significa que la obtención de contratos públicos formaba parte del plan desde su gestación.

infoLibre contactó el viernes por la mañana con portavoces oficiales de Auditel, que prometieron ofrecer su versión y explicar lo sucedido. Finalmente, no hubo respuesta. Este diario ignora por tanto hasta qué fecha se mantuvo vigente el acuerdo con Caballero. Fuentes conocedoras del caso Lezo confirmaron que ningún directivo o accionista de Auditel posee a día de hoy la condición de investigado como sinónimo de imputado. Pero que el rol desempeñado por la compañía y sus relaciones con el clan González han sido objeto de investigación desde el principio.

El estallido de Lezo en abril de 2017 dio al traste con el plan de Ignacio González para hacerse con parte del accionariado de Auditel. Hasta ahora había trascendido ese dato y la presunta implicación de la empresa en el presunto amaño de una adjudicación del Palacio de Deportes de Madrid. Pero la conexión directa y explícita del cuñado de Ignacio González como conseguidor resulta por completo inédita.  

"Ni un euro" de la Asamblea de Madrid

¿Llegó a cobrar el cuñado de Ignacio González la "comisión del éxito" por la adjudicación del Metro?  Es una incógnita. Denunciadas por otra de las compañías que habían acudido al concurso, las irregularidades detectadas condujeron a que la adjudicación a Auditel fuese anulada en septiembre de 2014 por el propio Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que depende orgánicamente de la Consejería de Economía. El tribunal ordenó dar marcha atrás, excluir a Auditel del procedimiento porque ni siquiera cumplía las condiciones exigidas en el pliego de condiciones y declarar ganador al siguiente clasificado: la unión temporal de empresas (UTE) que había planteado el recurso.

Pero en lugar de acatar esa orden, el consejo de administración de Metro de Madrid accedió a la nueva pretensión de Auditel: desistir del procedimiento. Es decir, anular no la adjudicación sino el concurso para comenzar otra vez de cero. Esta vez el Tribunal de Contratación de la Comunidad dio la razón a la empresa autonómica. Y la UTE damnificada acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el 3 de junio de 2016 tumbó la decisión del Metro con una sentencia donde viene a sostener que la empresa autonómica aceptó por las buenas los argumentos de Auditel "sin más comprobación ni justificación". Un portavoz oficial confirmó el viernes a infoLibre que Metro de Madrid SA ha recurrido la sentencia ante el Supremo. Y que Auditel consiguió en noviembre de 2015, ya bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes, un segundo contrato, este por 880.154 euros y destinado a renovar los equipos de climatización.

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A diferencia de lo ocurrido con el Metro, Auditel se quedó sin el contrato de la Asamblea de Madrid para el que se postulaba. Un portavoz de la Cámara autonómica madrileña aseguró el viernes que la mercantil jamás se ha alzado con ninguna de sus adjudicaciones: ni a partir de 2014 ni antes. "No ha cobrado ni un euro de la Asamblea", recalcó la fuente.

El porqué de la pregunta sobre si antes recibió alguna adjudicación es el siguiente: entre los documentos incorporados a la causa de Lezo hay también un correo electrónico enviado en diciembre de 2012 desde el dominio de Auditel  y donde Caballero se presenta a sí mismo como "director comercial" de la firma. El contrato de conseguidor firmado en marzo de 2014 lo define, en cambio, como "autónomo". El texto precisa que no se trata de un contrato que podría ejecutar cualquiera sino "intuitu personae": es decir, que Auditel reclama los servicios de Caballero precisamente en atención a su identidad y sus características.