650 juristas denuncian ante Europa violaciones de derechos humanos durante el 1-O

650 juristas han firmado un informe presentado ante el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, en la que recogen las violaciones de derechos cometidas, según el escrito, por el Estado español en el marco del referéndum independentista del 1 de octubre y las elecciones posteriores.

La denuncia, promovida por el Col·lectiu Praga, una asociación soberanista, señala hasta siete violaciones de los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Consideran que el Estado español ha vulnerado hasta siete de los derechos recogidos en el CEDH, como el derecho a la libertad, al principio de legalidad penal o el derecho al juez imparcia. 

El documento señala que el Parlament aprobó la ley del referéndum bajo el amparo de las leyes internacionales, en concreto "los Pactos internacionales de 1966 que reconocen el derecho de los pueblos a la autodeterminación". Los juristas critican que el Estado "ha preferido la vía de la judicialización y de la represión" sobre el diálogo para resolver el conflicto.

Consideran que la Justicia española ha imputado "inexistentes" delitos de rebelión y sedición a los 'Jordis' y a los miembros del cesado Govern, y que las vulneraciones de derechos humanos que, alegan, se han cometido en Cataluña, son "suficientes indicios" para que el Comisario de Derechos Humanos, "pueda iniciar una investigación independiente y completa".

En este sentido, reiteran que las violaciones de derechos humanos se han cometido en los ámbitos de "derechos de libre expresión y de reunión; prohibición de tratos degradantes; derecho de sufragio, de ser elegido y de no ser discriminado por opiniones políticas", además de los derechos procesales.

En el informe se hace un repaso histórico a las presuntas vulneraciones de Derechos Humanos "por parte de los poderes públicos estatales". Alude a las cargas policiales durante el propio referéndum, pero también a los registros de los agentes de Policía, Mossos y Guardia Civil en el marco de las investigaciones previas (como el registro a la empresa Unipost), o a la detención de altos cargos de la Generalitatlos días 20 y 21 de septiembre.

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El escrito abunda en uno de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el tercero, que especifica que "nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes", y alega que la actuación de la Policía el 1 de octubre lo vulneró, pues "resultaron heridas 1.066 personas de todas las edades", como difundía la Conselleria de Salud.

Además, recogen la admisión a trámite el día 4 de octubre por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona de una denuncia de la Generalitat contra las actuaciones policiales, que reconoce que, aunque la convocatoria del referéndum era ilícita, que los ciudadanos "se dirigieran a los puntos de votación que se les indicó" no era ilegal. Los juristas critican que, a pesar de ello, el Gobierno español "no ha llevado a cabo ninguna investigación". 

Afirman que la actuación de los agentes fue "desproporcionada" y justifican la calificación de "trato degradante" en que "fue capaz de crear un sentimiento de miedo, angustia e inferioridad, susceptible de humillar, de envilecer y de quebrar la resistencia física y moral", aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).