El TC tumba la cuarta norma autonómica que blindaba la sanidad de los 'sin papeles'

Tercera sentencia del Tribunal Constitucional contra la regulación puesta en marcha por Gobiernos autonómicos para devolver la atención sanitaria normalizada a los inmigrantes más desprotegidos tras la exclusión que motivó la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Tras dejar sin efecto los decretos usados por los Ejecutivos de la Comunitat Valenciana, el País Vasco y Extremadura para incluir en sus sistemas a las personas que se habían quedado sin cobertura por estar en situación administrativa irregular –es decir, por no tener papeles– el TC tumba ahora la regulación aprobada en Navarra. 

Como en los dos casos anteriores, la decisión no es unánime. Cuatro magistrados progresistas formularon un voto particular al discrepar de la fundamentación y del fallo de la sentencia y un quinto emitió un voto particular aludiendo a las competencias de desarrollo de la sanidad que le confieren a Navarra, entre otras, la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento. No obstante, la mayoría de magistrados sí entiende la norma navarra extralimita las competencias autonómicas e invade las del Estado.

El tribunal observa similitudes con las controversias generadas en las comunidades autónomas citadas. Y sostiene que la normativa básica estatal "cierra toda posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario" establecido en las bases del Sistema Nacional de Salud, que está establecido para todo el territorio del Estado. Sostiene que se debe mantener "el mismo nivel de cobertura". 

Según el fallo, la norma foral, "al extender la cobertura sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud a todas aquellas personas que acrediten por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento, que el domicilio de la persona está en un municipio de Navarra, sin atención a tiempo alguno en Navarra, resulta incompatible con la regulación estatal".

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En abril de 2012, sólo meses después de su desembarco en el Ministerio de Sanidad, la entonces titular de ese departamento Ana Mato defendió una reforma sanitaria que tenía como fin último hurtar más de 6.000 millones de euros a la sanidad pública. El decreto consolidó un cambio de sistema: los ciudadanos pasaron a ser asegurados en lugar de beneficiarios y se perdió la universalidad, pues más de 870.000 inmigrantes sin papeles fueron expulsados de la atención normalizada, entre otras medidas. Bajo el argumento de un eventual ahorro económico que el Gobierno nunca ha concretado, la atención universal gratuita comenzó a estar únicamente garantizada en urgencias, parto, postparto y menores.

Con el objetivo de evitar situaciones de desprotección, las comunidades autónomas han ido adoptado en los últimos años medidas de retorno al principio de universalidad. La mayoría de ellas ha optado por opciones más informales como, por ejemplo, dictar instrucciones a los centros sanitarios para que atiendan de forma gratuita a todos los ciudadanos al margen de su situación jurídica o de su nacionalidad. Se ha creado así un mapa muy variado en el que prácticamente cada comunidad da una cobertura diferente. Esta situación, a juicio de sociedades médicas y ONG, ha provocado una ruptura de la equidad territorial en lo que se refiere al derecho a la salud.

El problema, sin embargo, parecen tenerlo las autonomías como laComunitat Valenciana, el País Vasco, Extremadura y, ahora, Navarra, que han optado por plasmar estas medidas en disposiciones de carácter normativo para blindar así la universalidad de sus sistemas. Por otro lado, el TC también ha tumbado otras seis peticiones de inconstitucionalidad de esta reforma sanitaria solicitadas por otros tantos gobiernos y parlamentos autonómicos.