x

Nos gustaría enviarte notificaciones de las últimas noticias y novedades

PERMITIR
NO, GRACIAS
X

Accede a todos los contenidos de infoLibre durante 15 días por 1. | El periodismo tiene un valor

infolibre Periodismo libre e independiente

¿Quiénes somos? Sociedad de Amigos
Buscador de la Hemeroteca

Hazte socio
Iniciar sesión Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Has olvidado
tu contraseña?
Secciones

Regístrate en infoLibre Comenta las noticias y recibe las últimas novedades sobre nosotros.

Gracias por registrarte en infoLibre Si además de comentar noticias quieres hacerte socio, sigue este enlace: Hazte socio
Formulario de Registro
¿Qué es Nombre público?

Es el nombre que se mostrará cuando hagas un comentario en infoLibre.es




Tribunales

Colectivos ciudadanos llevan ante la Justicia a los responsables políticos y empresariales del fiasco de Castor

  • El Observatorio de la Deuda en la Globalización y Xnet promueven una querella criminal contra Florentino Pérez y 5 excargos del PSOE y 2 del PP
  • El objetivo es que los contribuyentes no acaben pagando la indemnización de 1.350 millones a la empresa Escal UGS, del grupo ACS

Publicada el 27/02/2018 a las 12:43 Actualizada el 27/02/2018 a las 16:50
Facebook Mas Redes

Envíalo a un amigo Imprimir Comentarios

Plataforma del proyecto Castor.

Plataforma del proyecto Castor.

EFE
Los colectivos ciudadanos Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet e Instituto de Derechos Humanos de Cataluña anunciaron este martes la presentación de una querella criminal contra los responsables políticos y empresariales del fiasco del almacenamiento subterráneo de gas Castor, a los que atribuyen delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. 

En concreto, la querella, que fue registrada en pasado jueves 22 de febrero en la Audiencia Nacional, se dirige contra los exministros de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP) y las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa.

La acción judicial también pretende llevar a los tribunales a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil que tenía la concesión del almacén, Escal UGS S.L.; así como al presidente de esta última, Recaredo del Potro. Hay, además, otros dos políticos querellados: Juan Cotino, exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana con el PP; e Ignasi Nieto, exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo con el PSOE. 

Según explicaron en rueda de prensa sus promotores, el objetivo es que la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa Escal –que pertenece en un 66,7% a ACS, propiedad de Florentino Pérez– decretada a través de un real decreto-ley tras su renuncia a seguir explotando la plataforma no recaiga sobre los contribuyentes, así como que el coste del desmantelamiento de las instalaciones se impute "a las empresas responsables de su fracaso". Los colectivos también pretenden denunciar "la connivencia de los gobiernos con operaciones destructivas para el bienestar de la población en el marco de un contexto de corrupción sistémica y sistemática". 

Los orígenes del conocido como proyecto Castor se remontan a 1996, cuando, con José María Aznar al frente del Gobierno, se otorgó a la empresa España Canadá Resources permiso para investigar hidrocarburos frente a las costas de Castellón y Tarragona, una habilitación que fue cedida en 2003 a Escal. Cinco años después, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, se inició la fase de explotación. La concesión recayó sobre Escal, que en julio de 2004 recibió la autorización para comenzar en la zona la inyección de gas colchón, procedimiento que asegura una presión y capacidad de extracción constante.

De las tres fases en las que se dividía esta etapa, las dos primeras se completaron sin contratiempos. No ocurrió lo mismo en la tercera, desarrollada durante septiembre de 2013. Primero se detectaron pequeños movimientos sísmicos en la zona del delta del Ebro, lo que llevó al Ministerio de Energía a ordenar el cese temporal de la actividad en la zona.

Dos semanas después, se registró un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter a una profundidad de 5 kilómetros y frente a las costas de Vinaroz. Tanto el Instituto Geográfico Nacional primero, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) después, vincularon directamente los temblores a la inyección de gas colchón. Estos contratiempos llevaron a Escal a renunciar a la concesión y al Gobierno a aprobar el real decreto-ley que tiró parcialmente por tierra el Constitucional el pasado diciembre. 

Supuestos delitos

Para sustentar el supuesto delito de malversación, los colectivos apuntan a Enagás, la empresa semipública que realiza las actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que, por tanto, sufragan todos los consumidores en sus facturas. La querella sostiene que esta sociedad devino en "instrumento" para recaudar las cantidades necesarias "para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor" y, en consecuencia, "para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma Castor, ideada, planificada, construida y mantenida, para enriquecer a los querellados".

Los querellantes también ofrecen supuestos indicios de que las autoridades políticas querelladas llevaron a cabo actos administrativos "en connivencia" con los empresarios con el objetivo de "garantizar el éxito de la operación", lo que apuntaría a un presunto delito de prevaricación.

Entre esas anomalías, se encuentra la inclusión de una cláusula inédita en contratos similares, que permite una indemnización ("compensación por el valor residual de las instalaciones") incluso en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria; o la ampliación de 5 a 25 años del período durante el cual las concesionarias podían renunciar a la concesión, decretada en 2012 con Soria como ministro, y que según los querellados fue "especialmente conveniente" para Escal. "Sin esta arbitraria ampliación, la renuncia de ESCAL en julio de 2014 no hubiera podido producirse porque se habría presentado fuera del plazo permitido", puede leerse en la querella. 

También consideran los querellantes que existe un "perjuicio para la defraudada Administración titular del erario afectado por la maquinación" al existir una contratación pública, la intervención en ella de funcionarios públicos y el supuesto concierto con el querellado empresario/beneficiario, que en este caso son Florentino Pérez y Recaredo del Potro.
Más contenidos sobre este tema




Hazte socio de infolibre

26 Comentarios
  • DUPAIN DUPAIN 01/03/18 17:27

    Bravo. Me alegro mucho que la ciudadanía se ponga las pilas y que dejen de reírse de nosotros. Basta ya que los políticos no tengan responsabilidad alguna en sus decisiones. Y me gustaría ver al Florentino en el banquillo. Se ha beneficiado desde haces hace años en sus empresas al tener un claro contacto con políticos, que le pregunten a Aznar el mafioso

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    7

  • P. González P. González 28/02/18 18:57

    Me parece oportuna y muy necesaria la presentación de esta querella.
    Es más, pienso que sería bueno dejarnos participar en ella a aquellos ciudadanos que lo deseemos mediante la apertura de una suscripción popular (y voluntaria) para aportar los fondos necesarios para sufragar los gastos de letrados y procuradores.
    Eso nos implicaría a muchos y podría servir de barómetro de la indignación de los ciudadanos y acicate para interesarnos por la marcha del asunto.
    Por lo que deduzco, se trata de una querella criminal y, al menos de momento, se elude la presentación de una demanda civil que resultaría a todas luces inasumible, tanto por la astronómica cuantía de las fianzas que se podrían exigir, como de las indemnizaciones que hubieran de afrontar los demandantes si los tribunales así lo decidieran.
    Estaré atento por si se inicia esa "suscripción popular" y prometo aportar lo que buenamente pueda, que no será mucho, pero me dará una gran satisfacción.
    Debiéramos de algún modo intentar frenar este tipo de saqueos y meter el miedo en el cuerpo a los saqueadores, los cómplices y los consentidores que con sus informes u omisiones permiten estas tropelías.
    Saludos.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    10

  • pepelleo pepelleo 28/02/18 15:27

    Claro.Asi se entiende que luego no haya dinero para las pensiones.Pero , luego los pensionistas son los que votan mayoritariamente al PP, PSOE y CS.Pues que sigan votando a estos partidos que van a cobrar las pensiones a un lugar donde yo me sé.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    18

  • Ataio Ataio 28/02/18 11:04

    Viva Andalucía Libre!!!!!!.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    4

  • vibado vibado 28/02/18 10:33

    lO DEL SAQUEO ESTA INSTITUCIONALIZADO ,fRAGA gONZALEZ aZNAR ZAPTERO Y EL REMATE DE RAJOY HIJO DE CORRUPTON Y MUY BUEN CORRUPTON EL HIJO MARIANO , CREO Q ESPAÑA NO TIENNE REMEDIO Y LA IZQUIERDA MUY PEQUEÑA , EL P$OE EL PEOR TRASMUTADO EN DERECHAS ES EL PEOR

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    14

  • vibado vibado 28/02/18 10:27

    Sin ánimo de revancha ,pero deberían de pagar los dirigentes y realizadores de ese plan Castor , a esos políticos q autorizaron el plan y pagaron money por ello , DE CARCEL . Y como esta estafa las demás estafas , ni izquierda ni derecha , estafadores a la cárcel POR DECENCIA

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    15

  • HEREJE HEREJE 28/02/18 10:16

    Dado que nuestro eficaz gobierno y muchos de los comentaristas habituales del foro defienden que este es un estado de derecho ¿Habría algún alma compasiva que me explique en qué puñetero derecho se puede apoyar una cláusula contractual que permite indemnizar "incluso en caso de dolo o negligencia imputable" a la empresa concesionaria? Salvo que alguna de las preclaras mentes constitucionalistas del foro me ilumine, a mí me enseñaron en la facultad que esa es una cláusula nula por ilegal. Sin embargo el menestro Soria la introdujo y luego se fue a Panamá. ¿Marca españita?.

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 1 Respuestas

    0

    32

    • HEREJE HEREJE 02/03/18 18:50

      Unos días más tarde, observo con preocupación que ningún constitucionalista defensor del estado de derecho, ni el preclaro Sr Basanta ni ninguno de sus acólitos, me explica cómo se integra este asunto en ese estado de derecho maravilloso que ellos visualizan. ¿Será que están levitando?.

      Responder

      Denunciar comentario

      0

      8

  • Alfar Alfar 28/02/18 09:36

    Una fantástica iniciativa. Pero no nos hagamos ilusiones. Las agarraderas de esta gente son demasiado pegajosas. Esta claro donde se ha ido la hucha de las pensiones. La banca, las autopistas, el Castor, la Familia en general. Y mientras los partidos políticos viéndolas venir. Ellos cobrando sus estupendos sueldazos, se olvidan del pueblo que les eligió para que les defendiera.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    19

  • Copito Copito 28/02/18 09:01

    Vaya robo a los ciudadanos decreto en mano!. Habrá que colaborar con entidades como El Observatorio de la Deuda en la Globalización, para igualmente con la ley y la justicia no permitir que nos sigan esquilmando.

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 1 Respuestas

    0

    22

    • charopa69 charopa69 28/02/18 11:14

      Vaya robo a los ciudadanos decreto en mano!.

      Más bien derecho retorcido por quienes hacen las leyes, con el único fin de que ellos, y sus amiguetes, puedan seguir ROBANDO al pueblo IMPUNEMENTE, sin tener que pagar por ello

      Responder

      Denunciar comentario

      0

      10

  • Ayla Ayla 28/02/18 05:58

    Curioso que todos los contratos hechos en la época de gobierno del impresentable son con cláusulas para que gane la empresa sí o sí. Está explotando todo más tarde, pero desde aquellas fechas viene toda la inmundicia que se está destapando.

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 3 Respuestas

    0

    20

    • Alfar Alfar 28/02/18 09:46

      Si, y mientras tanto el y su familia, haciéndose millonaria, a fuerza de consejos de administración.

      Responder

      Denunciar comentario

      Ocultar 2 Respuestas

      0

      11

      • HEREJE HEREJE 28/02/18 10:18

        Y clases en USA apalabradas con G. Bush a cambio de meternos en Irak.

        Responder

        Denunciar comentario

        Ocultar 1 Respuestas

        0

        9

        • charopa69 charopa69 28/02/18 11:21

          Si sólo se hubieran hecho leyes benefactoras a los saqueadores de lo público durante el mandato del reyezuelo del bigotín, no sería tan grave e la situación.

          Lo penoso es que las leyes al servicio de quien las hace y sus amiguetes, se han elaborado, antes, durante y después de que tan repulsivo personajillo abandonase la poltrona monclovita.

          Lo tenemos crudo para desmontar un entramado legal que es una trampa mortal para los contribuyentes honrados

          Responder

          Denunciar comentario

          0

          11



 
Opinión
Oferta anticrisis
 
Sociedad de amigos

Ya puedes ser accionista de infoLibre

Cargando...
Cualquier ciudadana o ciudadano interesado en sostener un periodismo independiente como garantía democrática puede participar en la propiedad de infoLibre a través de la Sociedad de Amigos de infoLibre.