La resistencia de Granados a admitir cualquier delito frena las revelaciones sobre financiación ilegal

La decisión de Francisco Granados de no admitir ninguno de los delitos que se le atribuyen en la Operación Púnica amenaza con frenar en seco las expectativas de que verdaderamente ofrecerá revelaciones sólidas sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Granados, que este martes prosiguió en la Audiencia Nacional la declaración voluntaria iniciada el pasado día 12, aseguró luego ante los periodistas que se ratifica en "todo" lo que dijo entonces. Es decir, en que Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes controlaban lo que él mismo denominó como financiación "paralela" de las campañas. Pero ante el juez no solo no aportó detalles ni amplió la información –"no ha dado tiempo", adujo luego– sino que, por ejemplo, negó que las siglas y las cantidades reflejadas en la agenda que le fue incautada se refieran a donantes y donaciones. Negó igualmente haber participado en el amaño de contratos públicos.

El próximo día 15, volverá a comparecer en la Audiencia Nacional. Y, en teoría, la Fiscalía dedicará un turno específico de preguntas a la financiación del partido. ¿Está Granados, hasta 2011 poderoso secretario general y por tanto número dos del PP madrileño, en condiciones de desvelar a la tercera cómo se pagaban con fondos opacos las campañas de Esperanza Aguirre sin asumir ni un ápice de responsabilidad en los hechos que pudiera relatar? Fuentes del caso consultadas por infoLibre sostienen que no cabe descartar ninguna opción. Pero subrayan que, como ha quedado patente este martes, la prioridad máxima del exconsejero de Presidencia "no es colaborar con la investigación, lo que implicaría admitir los hechos" que le incriminan, como ha hecho el arrepentido David Marjaliza. O como también en la pieza valenciana del caso Gürtel hizo un mes atrás Ricardo Costa, homólogo de Granados mientras fue secretario general del partido con Francisco Camps.

La máxima prioridad

El contenido de lo declarado hasta ahora por Granados indica que su prioridad máxima es desligarse de un escenario delictivo al que le atan indicios diversos. Por eso –añade una de las fuentes– dice "como de pasada" que los contratos del Metro que, según el arrepentido Marjaliza les reportaron 3,6 millones de comisiones a él mismo, a Granados y al empresario Javier López Madrid los otorgó en realidad la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Es decir, en sus palabras puede subyacer sin duda un aviso al PP como cuando a la salida se jactó de que todavía no ha recibido la querella de la presidenta Cifuentes. Pero, sobre todo, late "una estrategia para remachar lo que está diciendo en todo lo que se le pregunta: que él no tuvo nada que ver con eso".

En lo personal, esos indicios delictivos comprenden desde la cuenta que ocultaba en Suiza –el dinero procedía de su etapa como profesional de la banca, dice él– a la mansión que el también investigado Ramiro Cid, promotor amigo y gran beneficiario del urbanismo de su feudo de Valdemoro, le empezó a construir en ese municipio sin cobrarle un euro hasta que la publicación de la noticia en febrero de 2009 le impidió seguir adelante: pero solo, sostuvo ante el juez, porque se lo ordenó Esperanza Aguirre para evitar la polémica.  

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Y en lo partidario, aunque la frontera no está clara, esos indicios van desde el supuesto amaño de contratos del gigantesco organismo público Arpegio, responsable del mayor plan regional de inversiones, el Prisma, –ni siquiera, eso dijo, conoce la empresa Dusa, adjudicataria de su ejecución– hasta de nuevo la agenda secreta en la que anotó iniciales junto a cantidades que tanto la UCO como Anticorrupción consideran la plasmación del dinero negro que pasaba por sus manos: dinero que, de manera supuesta, acababa en parte en las arcas del PP y, en parte, en las suyas. E incluso, supuestamente, en las de su también amigo y presumible socio Javier López Madrid, el yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Granados no se privó este martes de ofrecer explicaciones peculiares para esas siglas: por ejemplo, LD no significa Luis Delso, presidente de Isolux, sino "Lista de Diputados"; JEC no alude a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona sino a "Jornadas de Educación Concertada". Y JLM no es Javier López Madrid sino "Juntas Locales de Madrid".

¿Podría el también exconsejero madrileño de Presidencia haber ofrecido datos concretos este martes aprovechando las preguntas de la Fiscalía sobre su agenda manuscrita y sin esperar a que el día 15 llegue el apartado expreso sobre financiación del PP? "Podría, pero para Granados es más importante darles su mensaje a los periodistas, decirles que se ratifica en lo dicho sobre Aguirre, González y Cifuentes y quedarse ahí", diagnostica uno de los juristas consultados.