El Gobierno veta la reforma de la ley de memoria del PSOE por conllevar un gasto de 213 millones tras seis años de 'presupuesto cero'

El Gobierno se opone a la propuesta del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica al estimar que supondría un aumento de los créditos presupuestarios de más de 213 millones de euros, según precisa en el escrito remitido al Congreso a última hora del miércoles, cuando terminaba el plazo para que se pronunciara.

La iniciativa de los socialistas persigue entre otros asuntos que el Estado asuma la localización, identificación y exhumación de los restos de más de 100.000 personas represaliadas durante la Guerra Civil y el franquismo que se calcula que siguen enterradas en fosas comunes y cunetas.

Tras el veto, será la Mesa del Congreso el órgano encargado de decidir sobre la tramitación de la propuesta socialista.

El PSOE ha denunciado este jueves el veto del Gobierno a la propuesta socialista de reforma de la Ley de Memoria Histórica para que el Estado asuma la localización y exhumación de las más de 100.000 personas que se estima siguen enterradas en fosas comunes y cunetas en España.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha afirmado que este veto del PP deja en evidencia su "genética franquista", que se suma a su negativa a condenar el franquismo y la represión durante la dictadura.

Ha lamentado que los conservadores hayan dejado pasar la oportunidad para "homologarse a otras derechas en Europa". "No me extraña que algunos poderes económicos y financieros busquen alternativa" al PP en otra derecha que sí se equipare a los estándares europeos, ha añadido en alusión a Ciudadanos.

Insta a Ciudadanos a superar el veto

Precisamente, a la formación que lidera Albert Rivera le ha instado a apoyar la propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica en la Mesa del Congreso en lugar de unirse al PP en su veto. "Esta no es una cuestión económica sino de Derechos Humanos, se trata de cerrar la etapa más negra de la historia española", ha advertido, urgiendo a Ciudadanos a "dejar de paralizar el Parlamento" y a actuar "como la derecha moderada liberal que pretende ser".

Perelló ha subrayado además que, con este veto, el Gobierno incurre en una "desigualdad de trato" entre españoles puesto que mientras "se niega a que 100.000 personas salgan de las cunetas y reciban sepultura digna", repatría desde hace años los restos de miembros de la División Azul que lucharon junto al Ejército nazi contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

El responsable socialista precisa que a él le parece bien que se repatrien esos cuerpos, pero subraya que eso supone una diferencia de trato con respecto a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

En el límite del plazo, el Gobierno remitió el miércoles un escrito de disconformidad al Congreso mostrando su oposición a tramitar la iniciativa socialista al estimar que supondría un aumento de los créditos presupuestarios en más de 213 millones de euros.

En la comunicación del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que la propuesta del PSOE rebasa la partida que los Presupuestos prevén cada año para "Memoria Histórica", que según el Ministerio de Justicia tiene "consignación presupuestaria suficiente" para los trabajos de localización y exhumaciones de personas desaparecidas, Banco Nacional de AND, Censo Nacional de Víctimas, creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, funcionamiento del Consejo de la Memoria de España, resignificación del Valle de los Caídos, mapas y catálogos y demás aspectos.

Así, indica que la idea del PSOE de garantizar indemnizaciones a las familias de los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978 que aún no hayan sido compensadas supondría un sobrecoste de 15,79 millones de euros.

Además, señala que el resarcimiento económico a las personas que sufrieron incautaciones de bienes y sanciones económicas en el franquismo conllevaría un aumento de créditos presupuestarios, ya que la compensación es forzosamente monetaria, así como el coste de crear un mecanismo para gestionar las solicitudes.

Respecto al derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda, argumenta que en el Banco de España no hay datos suficientes para estimar el impacto económico de su restitución, pero cree que, a partir de informaciones de la Administración sobre unas reclamaciones previas, se puede hablar de 1,67 millones de pesetas del año 1936, que al cambio actual, el Gobierno cifra en 140 millones de euros.

57, 5 millones para exhumaciones

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En cuanto a la pretensión del PSOE para sufragar la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos, el Ministerio de Justicia calcula que para el conjunto de los trabajos y el personal contratado se necesitarían otros 57,5 millones de euros.

A ello se suman los análisis científicos de los restos, que el Instituto Toxicológico cifra en 600 euros por cada víctima, más los gastos para la obtención y análisis de las muestras de sus familiares.

En suma, el Gobierno concluye que la aprobación de esta proposición de ley generaría un incremento de los créditos presupuestarios por un importe de al menos 213.292.846,23 euros, por lo que se niega a dar su conformidad a la tramitación.