Nuevos papeles afianzan la sospecha de que el grupo de Granados también cobró mordidas de un acusado en 'Gürtel'

Nuevos documentos analizados por la Guardia Civil han afianzado las sospechas sembradas por el hoy arrepentido David Marjaliza cuando en enero aseguró ante el juez del caso Púnica cómo la adjudicación de tres obras del Metro de Madrid se había amañado a cambio de 3,6 millones en mordidas que se repartieron paritariamente él mismo, el entonces consejero de Transportes Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid. Detallados en un informe al que ha tenido acceso infoLibre,  esos papeles ponen ahora en el punto de mira al empresario leonés José Luis Ulibarri, acusado en una de las piezas del caso Gürtel pendientes de juicio y propietario de la empresa Begar, que en 2015 pasó a denominarse Elodea y actualmente se encuentra en concurso de acreedores. Para Ulibarri Anticorrupción pide siete años de cárcel por los presuntos delitos perpetrados en el municipio madrileño de Boadilla, justamente donde estalló el caso Gürtel en febrero de 2009.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) ni siquiera menciona el nombre de Ulibarri, también copropietario de Radio Televisión Castilla y León SA, canal privado financiado por el Gobierno regional (PP) y que en 2012 fue objeto de un homenaje al que se sumó el entonces presidente de la Audiencia de León. Pero a lo largo de sus siete páginas, la Guardia Civil detalla extensamente cómo, a través de una de las empresas que usaba para cobrar comisiones, Marjaliza firmó un contrato con Begar el mismo día de 2004 en que la firma de Ulibarri obtuvo, durante el mandato de Granados como consejero madrileño de Transportes, una adjudicación de 12 millones para construir un tramo del Metro. Y reproduce un correo en el que el antiguo conseguidor pide al que durante años fue jefe de gabinete de Granados que  mire "si se puede hacer algo" por Begar.

Datado días después de que el antiguo amigo y socio de Granados desvelase ante el juez Manuel García Castellón los presuntos amaños en la ampliación del Metro, el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) se centra en dos paquetes de documentos: varios correos electrónicos cruzados por Marjaliza e Ignacio Palacios, que durante años fue jefe de gabinete del consejero y número dos del PP madrileño y a quien los investigadores consideran uno de sus presuntos testaferros; y dos facturas vinculadas al ya referido contrato, que fue suscrito con Begar por una de las empresas que Marjaliza utilizaba para canalizar el cobro de comisiones: Aruba Gestión SL. 

La misma fecha

Ese contrato, destaca el informe de la UCO, lleva exactamente la misma fecha en que Begar obtuvo del Gobierno de Madrid una adjudicación de 12 millones que finalmente se duplicó (26 millones en total) gracias al modificado del proyecto y a la ejecución de "obras complementarias". La adjudicación fue otorgada por Mintra, el ente público que gestionaba las infraestructuras de transporte y cuyos expedientes examina ahora con lupa la Guardia Civil. Para empezar, los investigadores ya han constatado "la ausencia de informes de contenido jurídico y/o normativo en los expedientes administrativos".

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La existencia del contrato de Aruba y Begar afloró durante los registros a la sede empresarial de Marjaliza, cuya decisión de confesar le ha convertido en enemigo acérrimo de su paisano y antiguo amigo Granados. Allí, la Guardia Civil encontró dos facturas por importe global de 109.733,68 euros y cuyo concepto es el siguiente: "Factura según contrato firmado de fecha 18 de mayo de 2004". Esa fecha, prosigue el informe de la UCO, "se corresponde con la firma del contrato público adjudicado por Mintra a la mercantil Begar" para la ejecución del tramo dse conexión entre la línea 10 del Metro de Madrid y el Metro Sur, que da servicio a municipios de esa área.

Aunque del informe de la Guardia Civil apunta a que el contrato con Begar no era sino un disfraz para ocultar el pago de comisiones a Marjaliza por la adjudicación de la obra del Metro, otras fuentes que aseguran conocer lo sucedido sostienen que, en realidad, su objeto era otra mordida: "La que se pagó por la adjudicación del centro lúdico inaugurado en abril de 2005 en Valdemoro", auténtico feudo de Francisco Granados. Ese centro lúdico se financió con cargo al mayor plan regional de inversión pública, el Prisma. Y lo levantó Begar, la empresa de José Luis Ulibarri. 

Según esa fuente, que ofreció su versión a infoLibre bajo exigencia de anonimato, cuando Marjaliza giraba facturas contra las empresas en cuyo favor había realizado gestiones jamás lo hacía datándolas el mismo día en que se les hubiera adjudicado el contrato público por el que se habían declarado dispuestas a pagar un soborno. Emitidas siempre por servicios inexistentes, como confesó el propio Marjaliza ante el juez, el importe de esas facturas falsas equivalía a un 2% o un 2,5% del monto adjudicado.