La principal empresa de eventos investigada en 'Púnica' confiesa que el PP le pagó en negro el mitin final de Aguirre en 2007

José Luis Huerta, dueño de una empresa de organización de conciertos y fiestas municipales que ayudó a los integrantes de la trama Púnica a enriquecerse y al PP a obtener actos gratis, se sumó este miércoles a la marea de investigados que están confesando la financiación ilegal del PP.

Propietario de Waiter Music, Huerta relató en detalle varios episodios sobre el enorme poder que acumulaba Francisco Granados, quien, según su versión, llegó incluso a ponerle en contacto con el productor cinematográfico Enrique Cerezo. Desveló que las fiestas organizadas por Waiter para la inauguración de distintas líneas de Metro implicaron un coste de 720.000 euros que asumieron como gasto propio las constructoras beneficiadas con la adjudicación de las obras. En otras fiestas, pero estas privadas, costaron entre 35.000 y 40.000: para Granados montó cuatro, dijo, una de ellas en una finca de la madre del político y que fue financiada por Vancouver. Es decir, por una de las empresas utilizadas por quien durante años fue amigo y socio del poderoso político y hoy se ha convertido en el principal arrepentido de la causa, David Marjaliza.

Huerta declaró ante el juez Manuel García Castellón que el partido le pagó con dinero negro 20.000 euros de los 50.000 que le adeudaba por la contratación de artistas en el acto de cierre de campaña de Esperanza Aguirre para las elecciones autonómicas de 2007. Y que los otros 30.000 se los abonó con cargo a una factura cuyo concepto le obligó a falsificar la misma persona que le había entregado los 20.000 euros en metálico dentro de "un sobre amarillo con un hilillo de esos de los que tiras para abrirlo": Beltrán Gutiérrez, gerente del PP madrileño durante la etapa de liderazgo de Aguirre y cada vez más acorralado por los hallazgos de la Guardia Civil y por las confesiones de distintos imputados.

Según Huerta, fue uno de los hombres de confianza de Granados, Edelmiro Galván, quien en 2010 le dijo que el entonces consejero pensaba que ya había cobrado por aquel mitin de la campaña de 2007. Cuando Huerta le explicó que seguía sin ver un euro, Galván se comprometió a transmitírselo a Granados. Y,  de acuerdo con la declaración de Huerta, fue tras ese paso cuando Beltrán Gutiérrez le llamó para entregarle un cheque y un sobre con efectivo. Habían transcurrido tres años desde que los artistas contratados para la ocasión por su empresa –Iguana Tango y Azúcar Moreno– hubiesen actuado en aquel acto electoral celebrado en el Palacio de Deportes de la capital madrileña el 25 de mayo de 2007 y en el que también participó Mariano Rajoy. Entre 2006 y 2010, Waiter Music facturó más de 19 millones de euros a ayuntamientos madrileños gobernados por el PP. Fuentes del caso consultadas por infoLibre aseguran que, según Huerta, Beltrán Gutiérrez solo le dijo que no podía abonarle los 50.000 euros con una factura que realmente plasmase el servicio prestado porque ya habían transcurrido tres años y se trataba de ejercicios cerrados.

Un episodio propio de la mafia siciliana

Huerta trazó un relato que presenta al antiguo número dos del PP madrileño y principal investigado en Púnica, el exconsejero Francisco Granados, como "el jefe" que seguía mandando en la localidad de Valdemoro después de haber cesado como alcalde para incorporarse al Gobierno de Esperanza Aguirre.

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El empresario dio detalles sobre las distintas fiestas privadas que le organizó a Granados a petición de su esposa. En algunas ocasiones le pagó una empresa que ahora sabe que pertenece al arrepentido David Marjaliza –Vancouver– y en otras se quedó sin cobrar. 

El juez interrumpió a Huerta cuando explicaba cómo el sucesor de Granados en la Alcaldía de Valdemoro, José Miguel Moreno, aquel que se hizo diputado "para tocarse los huevos", protagonizó un día una escena que parece extraída de El Padrino: le dijo que tenía la oficina llena de regalos pero que ninguno procedía del dueño de Waiter. Y le sugirió que le regalase algo al tiempo que le daba a entender que lo que estaba en juego eran sus contratos para organizar eventos lúdicos en esa localidad situada a 30 kilómetros de Madrid. En ese momento –y así lo recalcan fuentes conocedoras de la comparecencia–, el magistrado le pidió al empresario que repitiese lo dicho. García Castellón, que el verano pasado regresó a España tras una larga estancia en Italia, acababa de quedarse impresionado al oír algo que ya había visto "en Sicilia".