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Memoria histórica

El PSOE se sumará a PP y Cs en el Congreso para que los crímenes del franquismo sigan impunes

Los portavoces del PP y PSOE, Rafael Hernando y Margarita Robles, conversan en el Congreso de los Diputados.

Fernando Varela

El PSOE, bajo la dirección de Pedro Sánchez, se sumará hoy al Partido Popular y a Ciudadanos para impedir una modificación de la Ley de Amnistía que permita a los juzgados y tribunales españoles investigar, enjuiciar e imponer “las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos” antes del 15 de octubre de 1977.

No es la primera vez que los socialistas se alinean con la derecha para impedir la investigación de los crímenes de la Dictadura. En esta ocasión, el partido de Pedro Sánchez alegará problemas de “seguridad jurídica”, según anticipó este lunes en la sede del PSOE su vicesecretaria general, Adriana Lastra.

La número dos de los socialistas no quiso concretar qué punto de la breve propuesta que se debatirá hoy crea esos problemas que motivan que su partido vaya a oponerse a acabar con la impunidad del franquismo y se remitió repetidamente a la portavoz del grupo, Margarita Robles, y a las explicaciones que ella misma dará este martes sobre la postura del PSOE.

Los socialistas se alinearán con la derecha en este asunto, explicó Lastra, “porque lo que nos dicen es que [la propuesta] jurídicamente es francamente mejorable” y “porque en la Ley de Amnistía se ha basado parte de nuestra Transición política”.

La número dos de Sánchez admitió que en la vigente Ley de Amnistía hay “cosas mejorables” y que hay juristas que denuncian la necesidad de que los crímenes de lesa humanidad se puedan perseguir. “En eso, como bien saben, estamos de acuerdo. Pero esta proposición concreta la vamos a votar en contra”.

Lo cierto es que la propuesta de los promotores de la reforma (Unidos Podemos, Esquerra, PNV, EH-Bildu, PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias) no parece contradecir lo que Lastra afirma que el PSOE defiende. En el texto sostienen que la ley se ha convertido en “una norma de impunidad que ha impedido la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos por el régimen dictatorial franquista en el Estado español impuesto por la fuerza a la ciudadanía con la colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista”.

La Ley de Amnistía no pretende acabar “única y exclusivamente con las consecuencias penales de un hecho” sino que busca “eliminar su propio carácter criminal. Lo que se trata de impedir no es solo la sanción en sí misma sino la propia investigación“ de los crímenes.

Paradójicamente, en la proposición de ley que el PSOE presentó el año pasado en el Congreso para actualizar la Ley de Memoria Histórica, los socialistas admiten que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la Dictadura franquista “ni podían ni pueden ser objeto de amnistía”. En esa iniciativa, el PSOE propone, sin modificar el articulado, que la Ley de Amnistía no pueda ser utilizada como un ”obstáculo” para la “búsqueda judicial de desaparecidos”.

La vigente Ley de Amnistía, aprobada antes de que existiese la Constitución Española, contradice el Derecho internacional, como ya tuvo ocasión de expresar en 2009 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque impide el enjuiciamiento de personas que pueden ser jurídicamente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves de los derechos humanos. Y eso es “incompatible” con las obligaciones contraídas por España en los tratados internacionales que ha firmado y con la política de las Naciones Unidas, sostienen los partidos firmantes de la propuesta. “Las amnistías no pueden menoscabar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos o de crímenes de guerra a un recurso efectivo o reparaciones, ni pueden obstaculizar el derecho de las víctimas o las sociedades a conocer la verdad acerca de esas violaciones“, recuerda la exposición de motivos de la iniciativa que se debate este martes en la Cámara baja.

Porque “la impunidad invita a la comisión de nuevos abusos, y el Derecho internacional ha reconocido este hecho desde hace largo tiempo exigiendo que los Estados investiguen las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de guerra, que inicien juicios penales contra los participantes en las violaciones, que impongan una pena apropiada a los responsables, y que proporcionen remedio apropiado y efectivo a las personas cuyos derechos hayan violado”.

Petición internacional

Entre quienes han pedido a España que ponga fin a la impunidad de los crímenes del franquismo se encuentran el comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, el grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas o el Comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas, además de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Naciones Unidas ha advertido en numerosas ocasiones al Gobierno español de que la Ley de Amnistía es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles, suscrito y ratificado con anterioridad a la aprobación de la ley.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado en diferentes sentencias que la concesión de amnistías generales respecto de crímenes internacionales está prohibida por el Derecho internacional y es contraria a las obligaciones contenidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha defendido repetidamente que los crímenes de lesa humanidad "no prescriben" y, por lo tanto, tienen que ser investigados "hasta sus últimas consecuencias". Existe una "omisión constante" de la justicia española en este sentido: "O bien los jueces que aplican dicha ley no quieren complicarse la vida y se atienen a lo que hay ahí escrito o bien otros jueces con voluntad política concreta consideran que ese tema no hay que investigarlo y se aferran a la Ley de Amnistía o se escudan en ella como excusa", sentencia. Por ello, considera que "no tiene sentido" que la Ley 46/1977 "se mantenga vigente a día de hoy", principalmente por "el uso que determinados tribunales están realizando de ella". "No he visto en ningún país del mundo una mayor insensibilidad institucional frente a la comisión de crímenes masivos y sistemáticos como los que se cometieron durante el franquismo".

Amnistía Internacional volvió a denunciar la vigencia de la Ley de Amnistía el pasado febrero, durante la presentación de su último informe. “Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de Derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”, basándose en “la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos”, recoge la ONG. En parecidos términos lleva años pronunciándose Human Rights Watch: “Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de las Naciones Unidas de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977”, denuncia la organización de derechos humanos en su página web.

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Hace apenas unos días, y en aplicación de la Ley de Amnistía, los Juzgados de Instrucción 27 y 29 de Madrid han rechazado admitir a trámite dos querellas presentadas contra Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño,Billy el Niño, por presuntas torturas al estar prescritos los posibles delitos. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAQUA) señaló que “nos encontramos ante delitos de torturas y lesiones cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad, por cuanto que la dictadura franquista planificó y organizó un ataque sistemático y generalizado contra todas aquellas personas que se oponían al propio régimen dictatorial, tal y como se acreditó por medio del correspondiente informe pericial que se acompañó a ambas querellas criminales”.

Al menos 20 países del mundo mantenían en 2009 en su ordenamiento jurídico normativas de punto final. España era, junto con Bosnia y Macedonia, uno de únicos tres Estados europeos que conservaban leyes de amnistía, según un estudio del Transitional Justice Institute de la Universidad de Ulster.

La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad –asesinato, exterminio, deportación, esclavitud, tortura o desapariciones forzadas, entre otros delitos– quedó establecida en el Estatuto de Roma, ratificado por España en el año 2000. Sin embargo, en noviembre de 2013 el abogado del Estado José Luis Vianda defendió ante el Comité de la ONU de Desapariciones Forzadas que ,aunque el artículo 131 del Código Penal establece esa "imprescriptibilidad", sólo puede ser aplicable a aquellos hechos cometidos a partir de su entrada en vigor, esto es, en 2003.

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