Transporte

El número de licencias VTC por cada taxi triplica el límite legal

Los servicios de alquiler de coches con conductor (VTC), prestados por empresas como Uber y Cabify, han ganado terreno al taxi de forma significativa en los últimos años. Los números son contundentes. En el año 2007 había en España 2.520 licencias para vehículos de alquiler con conductor. Ahora, según los últimos datos correspondientes a 2017, hablan de 6.676. El incremento en diez años ha sido del 165%.

Por el contrario, en el mismo periodo, las licencias de taxi no sólo se han estancado, sino que han decrecido un 3%. Así, en 2007 existían en España 65.868 autorizaciones de este tipo, mientras que el año pasado el número bajó a 63.833.

Durante 2017, los taxistas convocaron jornadas de paros contra la "competencia desleal" de empresas de alquiler de vehículos como Uber o Cabify. El límite legal es de una licencia de VTC por cada 30 de taxis, promedio que no se cumple ya que en realidad el ratio no llega a ser de 1 a 10.

El año pasado culminó con un real decreto del Ministerio de Fomento que establece que la transmisión de licencias para VTC no puede ejecutarse hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original. Una iniciativa que cuenta con el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al considerar que "restringe la competencia de forma injustificada".

El incremento de los VTC también se aprecia en el número de empresas dedicadas a estas actividades: en 2007 había 376 empresas del sector y ahora ya son más de 1.200. En el sector del taxi había 63.242 empresas hace once años y actualmente, según los últimos datos facilitados por Fomento, no llegan a las 60.000.

Los datos figuran en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte (REAT), dependiente del Ministerio de FomentoMinisterio de Fomento y han sido facilitados recientemente por el Gobierno al diputado Rafael Mayoral (Unidos Podemos) en una respuesta parlamentaria por escrito.

El conflicto, a partir de 2010

Por comunidades autónomas, es Castilla y León la que ha experimentado el mayor incremento de licencias de VTC concedidas. Si en 2007 la cifra fue de 53, en 2017 ascendió a 291, el 449% más. Le siguen Cantabria, con un incremento del 395% y Madrid (353%). Con 2.625 licencias, Madrid es la región que más VTC congrega, seguida de Andalucía (1.120) y Cataluña (845).

En el otro extremo, las concesiones de licencias para VTC sólo disminuyeron en el periodo señalado en Castilla-La Mancha (-31%) y Asturias (-14%).

En el texto de la pregunta, Mayoral sostiene que es a partir del año 2010 cuando "se comienza a generar un conflicto" por las solicitudes de autorización de VTC. Un proceso, considera, que "altera el equilibrio entre el servicio de taxi y la actividad de arrendamiento con conductor".

Incumplimiento del ratio

El sector del taxi, recuerda el parlamentario de la formación morada, se encuentra en permanente movilización por los "problemas de regulación en esta materia". Así, su principal protesta en las grandes ciudades ha versado "sobre el incumplimiento del ratio entre licencias de taxi y las de VTC (1/30)".

Este problema, considera, se agravará con la "avalancha" de licencias que se otorgarán en los próximos meses a través de sentencias judiciales. Se refiere el diputado al fallo del Tribunal Supremo (TS) que obliga a conceder 80 autorizaciones de VTC en Madrid y que abre la puerta a la concesión de otras 10.000 licencias.

Fue el pasado noviembre cuando el TS concedió 80 licencias VTC de vehículos con conductor que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid. Lo hacía sin entrar "en la legalidad o no" de la Ley de Transporte Terrestre de 2015, ya que estas licencias se solicitaron con anterioridad. La citada ley "limita la concesión de nuevas VTC" por las comunidades autónomas, si en sus ámbitos territoriales "observan un desequilibrio" entre taxis y VTC por existir una proporción entre ambos vehículos superior a 1 VTC por cada 30 taxis.

Las tensiones con la CNMC

Los tribunales pueden seguir siendo el campo de batalla en el que se libren estos conflictos si se tiene en cuenta que la CNMC advirtió al Gobierno de que interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1076/2017 del pasado diciembre y que el Ejecutivo no está dispuesto a dar su brazo a torcer.

Junto a la prohibición de comerciar con licencias de VTC durante dos años, algo que a ojos del superregulador "desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo", el real decreto obliga a los titulares de VTC a comunicar a un registro administrativo los datos de cada viaje que realizan con carácter previo al mismo. Una forma de evitar que cojan clientes en la calle. "Esta medida supone una barrera a la movilidad geográfica de las compañías VTC, tanto por la exhaustividad de la información que se les requiere como por la exigencia de comunicación del viaje antes de que lo realicen", se queja la CNMC.

El Consejo de Ministros de este viernes rechazó anular los últimos requisitos aprobados para las empresas de vehículo de alquiler con conductor, tal y como se le exigía en el requerimiento de la CNMC. "Las medidas tratan de frenar un movimiento especulativo con las autorizaciones de transporte, recientemente desarrollado, que pone en peligro el desarrollo armónico de las distintas modalidades de transporte público de viajeros en vehículos de turismo", argumenta el Ejecutivo.

Restricciones que perjudican a consumidores y usuarios

Asimismo, estima que los requisitos "mejoran la eficacia del control del cumplimiento de las obligaciones legales de los VTC, simplificando el procedimiento a través de la utilización de medios informáticos", según puede leerse en las referencias del Consejo de Ministros.

Este eventual recurso se suma al que el superregulador impuso en 2015 contra la última regulación del sector de los VTC, la que impuso el ratio 1/30. "Contiene numerosas restricciones de la competencia que perjudican a los consumidores y usuarios", destacaba en un comunicado del organismo.

Este último esta aún está pendiente de resolución. Ya se ha fijado una vista para el 17 de abril.

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