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El futuro de Cataluña

Guía para no perderse en el laberinto judicial de Puigdemont

  • La Justicia alemana debe decidir si procede a la extradición de Carles Puigdemont a España, tal y como reclaman las autoridades españolas
  • Detallamos el calendario y los organismos implicados en este complejo caso judicial que afecta a dos países de la UE

infoLibre Publicada 26/03/2018 a las 16:43 Actualizada 26/03/2018 a las 21:07    
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Puigdemont en compás de espera

El expresidente está en prisión, mientras se inicia el proceso de entrega.

Tras la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont el domingo en una localidad del estado alemán Schleswig-Holstein, la Justicia de esa región del norte de Alemania deberá decidir ahora si procede a la extradición del político a España como reclaman las autoridades españolas.

A continuación, detallamos el calendario y los organismos implicados en el caso:

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE NEUMÜNSTER

Puigdemont fue conducido el domingo tras su detención en la autopista A7 en Schleswig al centro penitenciario de Neumünster, por lo que es el tribunal de primera instancia de esta localidad el encargado de dictar la detención preventiva. Puigdemont está compareciendo ante el juez desde primera hora de la tarde.

En esa audiencia se le informará de las razones de su detención y el tribunal confirmará su identidad, según ha informado una portavoz de la Fiscalía general en Schleswig. Teóricamente existe la posibilidad de que el tribunal decida poner en libertad a Puigdemont. Sin embargo, esto no es lo normal, según ha indicado una portavoz de la citada Fiscalía.

FISCALÍA GENERAL DE SCHLESWIG-HOLSTEIN

El segundo paso recae en la Fiscalía General que tiene la documentación del caso y que analizará si existen los requisitos para una extradición a España. Para ello Alemania debe tener en su Código Penal un delito que se corresponda con el de la acusación contra Puigdemont, según ha explicado la portavoz.

A continuación, el organismo presentará el proceso de extradición ante el Tribunal Superior regional. En el caso de que la Fiscalía llegue a la conclusión de que no existen los requisitos para una extradición, ordenará entonces su libertad.

TRIBUNAL SUPERIOR REGIONAL (OLG)

Una vez que la Fiscalía general presente la solicitud, el OLG analizará si Puigdemont debe ser extraditado. El OLG deberá examinar la documentación de España sobre el caso para ver si la extradición está justificada y si la entrega a las autoridades españolas es admisible legalmente.

FISCALÍA GENERAL

En el caso de que no haya ningún impedimento legal para una extradición, la Fiscalía General del Estado de Schleswig-Holstein será la que tenga la última palabra sobre la entrega del político catalán a España.

DURACIÓN DEL PROCESO

Existe un límite máximo de 60 días para mantener detenido a Puigdemont hasta que la Justicia alemana decida su entrega a España en el caso de que el líder independentista catalán no acepte su extradición.

No obstante, una portavoz de la Fiscalía ha recordado que ha habido procesos que se han prolongado durante más tiempo. Asimismo, ha indicado que si bien no se espera que se agote este plazo, tampoco es probable una decisión esta semana.

DELITO DE REBELIÓN

El expresidente de la Generalitat está procesado por el Tribunal Suoremo por un delito de rebelión y otro de malversación. En Alemania existe el delito de alta traición, que tiene similitudes con el tipo penal del Código Penal español.

El artículo 81 del Código Penal alemán establece que quien actúe "con violencia o amenaza de violencia para dañar la existencia de Alemania o modificar el orden constitucional recogido en la Constitución de la República Federal de Alemania será penado con cadena perpetua o con penas de cárcel de no menos de diez años". "En casos menos graves, las penas de prisión van desde un año hasta los diez años", agrega el texto.

Asimismo, la ley alemana recoge penas para la preparación de un delito de alta traición. El artículo 83 de su Código Penal establece que "quien prepare una acción de alta traición contra el Estado será penado con de un año a diez años de cárcel y en casos menos graves con penas de cárcel desde un año hasta los cinco años". "Quien prepare una acción de alta traición contra un estado federado será sancionado con penas de prisión de tres meses a cinco años", agrega.


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