Las denuncias de Puigdemont y Sànchez ante la ONU: procesos con valor político pero sin valor judicial

La agitada actualidad catalana tiene un nuevo protagonista: la ONU. En los últimos días, la organización ha decidido iniciar la tramitación de las demandas interpuestas por el expresident catalán Carles Puigdemont y su número dos, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que han denunciado que España les impide someterse a la investidura y aspirar a la Presidencia de la Generalitat. El independentismo no ha tardado en hacer bandera de estos registros, que consideran una victoria contra el Estado. Sin embargo, este triunfo político del secesionismo es, por ahora, escaso: Naciones Unidas no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión. Y, por otra parte, carece de mecanismos para forzar a España a cumplir con su futura resolución, en caso de que terminara dando la razón a Sànchez y Puigdemont, algo en lo que podría demorarse meses. En ese caso, no obstante, el varapalo para la imagen de España sería importante.

La noticia se conoció el pasado viernes, cuando se hizo público que la ONU ha iniciado la tramitación de la demanda interpuesta por Sànchez y ha pedido expresamente a España que garantice que el diputado puede "ejercer sus derechos políticos". Este mismo martes, era la denuncia de Puigdemont la que comenzaba a tramitarse en Naciones Unidas, aunque en su caso la organización no exige a España que tome ninguna medida porque el propio expresident no lo ha solicitado. En su demanda, Puigdemont alega que el Estado ha violado varios de sus derechos, como el de libertad de reunión y asociación, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a participar en la vida política. 

Ambas denuncias han sido presentadas ante el Comité de Derechos Humanos, el órgano de la ONU que se encarga de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la inmensa mayoría de países del mundo y que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la vida, a un juicio justo, a la libertad de expresión o a la igualdad ante la ley. La resolución de los procesos abiertos por Puigdemont y Sànchez está en manos de los 18 expertos independientes que componen el Comité, que se reúnen tres veces al año y del que forman parte juristas de diferentes nacionalidades con una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos.

La decisión de registrar las demandas ha sido muy celebrada por los principales partidos independentistas. La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, afirmó el lunes que las medidas solicitadas por la ONU en el caso de Sànchez carecen de "precedentes" y dejan claro que "sus derechos políticos" y los de Puigdemont "siguen vigentes". Artadi ha vuelto a defender lo que su partido ya había dado por descartado: que Puigdemont sea el candidato a la investidura como president. Por su parte, ERC también considera que la decisión de la ONU es una "victoria" contra el Estado y apuesta por utilizarla políticamente para conseguir la investidura de alguno de sus dirigentes.

Pese a las medidas cautelares, aún no se ha decidido

El problema es que las resoluciones adoptadas por la ONU en relación a Puigdemont y Sànchez no dejan de tener un carácter muy inicial, ya que no analizan el fondo de la cuestión y únicamente señalan el comienzo del procedimiento por el que el Comité de Derechos Humanos estudiará el caso. De hecho, los escritos remitidos a los abogados de ambos dirigentes independentistas se limitan a explicar que el Comité tiene el "honor" de haber "registrado" las denuncias interpuestas, y les informa de que se han pedido alegaciones por escrito a España.

En el caso de Sànchez, el documento que la ONU ha hecho llegar a su abogado también señala que se ha pedido al Estado que "tome todas las medidas necesarias para asegurar" que el dirigente "puede ejercer sus derechos políticos". Según explica Lydia Vicente, presidenta de Rights International Spain (RIS), estas medidas cautelares se toman "antes de examinar" el caso, y el Comité valora su idoneidad a petición del denunciante. "Si el Comité las concede es porque cree que sin ellas se puede generar un perjuicio" importante al demandante –en este caso, Sànchez–, explica Vicente. La propia ONU señala que estas medidas cautelares buscan "evitar cualquier daño irreparable al autor o a la presunta víctima de un caso específico". 

No obstante, el escrito que Naciones Unidas ha hecho llegar al abogado de Sànchez señala expresamente que pedir al Estado que garantice los derechos del diputado "no implica que se haya tomado ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión". Y es que las apelaciones de Puigdemont y Sànchez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU se encuentran en su primera fase. Según explica el órgano en su propia web, una vez registradas las denuncias, ahora el Estado tiene seis meses para formular alegaciones al caso, y de ese plazo, en los dos primeros meses también puede pedir que no se admita a trámite la denuncia.

Para ello, España podría alegar, por ejemplo, que Puigdemont y Sànchez no han agotado todas las instancias judiciales en España en defensa de sus derechos políticos –no han acudido, por ejemplo, al Tribunal Constitucional–. Sin embargo, Vicente afirma que el Comité de Derechos Humanos de la ONU suele ser "flexible" y, en ocasiones, es receptivo a algunos argumentos de los denunciantes, como que el procedimiento de resolución de su caso en sus tribunales internos es demasiado largo para que sea efectivo y les puede generar un perjuicio.

Puigdemont asume que su proceso puede durar "dos semanas, dos meses o veinte años"

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El Comité no tiene capacidad coercitiva

En este sentido, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ya anunció este martes que el Ejecutivo responderá "con mucho gusto" a la ONU en el plazo indicado, si bien no dio detalles sobre los argumentos que utilizará. Una vez España conteste a la ONU, el Comité volverá a contactar con los denunciantes –en este caso, Puigdemont y Sànchez– para ofrecerles "la ocasión de formular comentarios", según explica Naciones Unidas. Y será en ese momento, "una vez que se han recibido los comentarios de ambas partes", y no antes, cuando el Comité de Derechos Humanos "adopte una decisión sobre el caso". Esa decisión podría demorarse más de un año.

¿Es vinculante la decisión que termine adoptando el Comité de Derechos Humanos? En la teoría, sí, y así lo explica Vicente, que asegura que España está sujeta a lo que decida el órgano porque ha suscrito el acuerdo internacional que se encarga de defender el órgano. No obstante, la directora de RIS admite que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas "no tiene la capacidad de imponer sanciones" a España ni a ningún otro país, por lo que, en la práctica, las resoluciones que adopta el órgano –que, si son favorables al denunciante, pueden pedir el fin de la violación de sus derechos o una reparación para el afectado, afirma Vicente– pueden ser desoídas por los Estados sin miedo a represalias.