Pacto de Toledo

Los partidos acercan posturas para volver a vincular las pensiones al IPC salvo en tiempos de recesión

Miles de pensionistas concentrados en Bilbao reclamando pensiones dignas.

El clamor de los pensionistas atraviesa los muros del Congreso. Desde hace un mes, la comisión del Pacto de Toledo debate, a iniciativa de la oposición, si recomendar al Gobierno que vuelva a vincular la subida de las pensiones al alza anual del IPC, el modelo que se seguía hasta 2013 y que reclaman tanto los pensionistas que se han movilizado en los últimos meses como PSOE y Unidos Podemos. Así se refleja en el último borrador que están negociando los partidos en la comisión, al que ha tenido acceso infoLibre. Aún no hay un acuerdo cerrado, pero fuentes de este órgano explican que el PP ha abierto la puerta a sumarse a recomendar al Ejecutivo que establezca un mecanismo para que las pensiones suban al mismo nivel que el coste de la vida cada año, aunque los conservadores piden que esta recomendación contemple que, en tiempos de recesión, esta subida sólo se aplique a las pensiones más bajas y las no contributivas.

La comisión del Pacto de Toledo tiene la misión de discutir y proponer medidas encaminadas a asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Su función, básicamente, es la de elaborar recomendaciones que hace llegar al Gobierno, que puede seguirlas o no. Actualmente, la comisión tiene el encargo de actualizar las 21 recomendaciones de su último informe sobre el sistema público de pensiones, elaborado en 2011, y entre sus integrantes hay una clara mayoría que coincide en su oposición a determinados puntos clave de la reforma de las pensiones que el Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó a cabo en 2013. Entre ellos se encuentra uno de los más importantes y simbólicos: la desvinculación de la subida de las prestaciones al IPC.

PSOE y Unidos Podemos, pero también Compromís, PNV, PDeCAT o ERC, son partidarios de volver a revalorizar las pensiones en la misma proporción que suban los precios. Por ello, el pasado 1 de marzo la oposición sumó sus votos en una tensa sesión y forzó que se vuelva a debatir la recomendación número dos del Pacto de Toledo, la relativa a este asunto. Durante el último mes, los partidos han ido acercando posiciones, y la oposición ha conseguido que el PP –"consciente de que no tiene mayoría en la comisión", apunta un diputado– haya abierto la puerta a pedir al Gobierno que vuelva al sistema anterior y vincule la revalorización de las prestaciones con el IPC.

Fuentes de la comisión del Pacto de Toledo prefieren mostrarse cautas e insisten en que aún no hay un acuerdo suscrito. Pero lo cierto es que, en la última reunión que celebró hace unos días este órgano del Congreso, el PP aceptó incluir en la futura recomendación al Gobierno la petición de establecer un nuevo mecanismo para revalorizar las pensiones que "tenga en cuenta de manera medular" el IPC, "como había venido sucediendo hasta el año 2013". Así lo contempla el borrador que están negociando los partidos en la comisión, al que ha tenido acceso infoLibre. Según fuentes de este órgano, el acuerdo final podría suscribirse en las próximas semanas. Pese a que Mariano Rajoy afirmó ante el pleno del Congreso celebrado hace dos semanas que la indexación al IPC en Europa ya sólo existe "en dos países, que son Bélgica y Hungría", lo cierto es que los datos de la propia Comisión Europea indican que en realidad son veinte Estados los que usan los precios para actualizar las pensiones, cuatro como único criterio y 16 junto a otras variables. 

La última versión de dicho borrador –que en ningún caso es definitivo–, recoge además la exigencia del PP para que este nuevo mecanismo de subida de las pensiones sea flexible y deje vía libre al Gobierno para congelar las prestaciones más altas en época de vacas flacas. "El objetivo" es "adaptar su aplicación a la evolución del ciclo económico, protegiendo el poder de compra de las pensiones más bajas en tiempos de recesión y facilitando mejoras al conjunto de los pensionistas en los momentos de crecimiento económico", plantea el borrador del documento que aún se encuentran perfilando las formaciones políticas.

Las subidas por encima del IPC, a cargo de los PGE

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El escrito también señala que el mecanismo de revalorización de las pensiones también "debería incorporar otras variables" para poder adaptarse a los vaivenes de la economía, "tales como la evolución del PIB, los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros". El documento no ofrece más detalles en este sentido, si bien la oposición ha presionado en los últimos tiempos por medidas como el destope de la base máxima de cotización –que se sitúa en 3.751,2 euros mensuales, por lo que la parte del salario que supera esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social–, que supondría un importante incremento de los ingresos del sistema. 

Sin embargo, el borrador que negocia la comisión señala que la reforma del mecanismo de revalorización de las pensiones que recomienda no implica que la Seguridad Social tenga que asumir todo el gasto que suponga la subida de las prestaciones. "La comisión continúa considerando que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del mecanismo que se haya establecido sea sufragada con cargo a otros recursos financieros". Es decir: si un Gobierno quisiera subir las pensiones por encima del IPC, tendría que hacerlo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Asimismo, el documento termina planteando la necesidad de que el nuevo método para establecer el incremento de las pensiones debería acordarse "en el marco del diálogo social" –es decir, negociando con sindicatos y patronal– y "con el mayor consenso posible del conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria", "como así fue en 1997". Por lo pronto, el pasado 13 de marzo, PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís UPN, EH Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria sacaron adelante en el Congreso una proposición no de ley –una iniciativa sin efectos legales– en la que exigían revalorizar las pensiones de acuerdo con el ritmo de la inflación y derogar la aplicación del controvertido factor de sostenibilidad. Sólo PP y Foro votaron en contra, mientras Ciudadanos se abstuvo.

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