El Gobierno da vía libre a que los ministros que hayan sido eurodiputados cobren sueldo y pensión a la vez

El Gobierno ha permitido en esta legislatura que al menos un ministro, José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016, sumase a su sueldo como alto cargo una pensión de jubilación financiada por el Parlamento Europeo y de la que se benefician aquellos antiguos eurodiputados que, englobados en el denominado fondo voluntario de Luxemburgo, hayan alcanzado la edad de 63 años. Los portavoces oficiales del Ejecutivo han declinado explicar a infoLibre qué criterio legal y político sustenta la decisión de dar vía libre a esa doble entrada de ingresos públicos en un país cuya Ley General de Seguridad Social veta a los cargos públicos en activo el cobro de toda pensión.

Con carácter general, la ley prohíbe a cualquier jubilado desarrollar una actividad laboral por cuenta propia si con ella obtiene rentas anuales superiores al salario mínimo (10.302,6 euros por año). Pero el fenómeno de la doble paga de origen público no es exclusiva del Gobierno: también el Congreso considera compatible compaginar el sueldo asignado a cada parlamentario –un mínimo de 3.700 euros brutos al mes– y el cobro de la pensión europea, cuyo importe difiere según los años de mandato como eurodiputado y el tiempo de cotización al fondo voluntario de Luxemburgo.

 

Las declaraciones de intereses de José Manuel García-Margallo de los años 2015 y 2016.

De hecho, Margallo la sigue cobrando con los parabienes de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, pese a que los ingresos del fondo de pensiones de Luxemburgo procedían en al menos dos tercios del presupuesto del Parlamento Europeo hasta 2009 y a que su regulación quedó plasmada en un reglamento aprobado por la Mesa de la Eurocámara el 12 de junio de 1990. El artículo 3 de ese reglamento, reproducido en distintos autos y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [puedes leer una de ellas pinchando aquí], dice lo siguiente: "Los antiguos miembros o los miembros que hayan renunciado a su mandato [como eurodiputado] antes de cumplir los 60 años [63 a partir de 2009] podrán solicitar el abono inmediato de su pensión de jubilación, o en cualquier momento entre la renuncia a su mandato y la edad de 60 años, a condición de haber cumplido la edad de 50 años".

El exministro Margallo no ha atendido en las dos últimas semanas ninguna de las llamadas ni mensajes de infolibre para conocer su versión.

El Estatuto de los Eurodiputados, en vigor desde 2009, pasó a garantizar una pensión de jubilación para todos los antiguos parlamentarios con independencia de su país de origen o de que hubiesen pertenecido o no al fondo de Luxemburgo. Y simultáneamente consagró los derechos adquiridos por aquellos exeurodiputados que sí eran suscriptores del fondo voluntario de pensiones de Luxemburgo.

  Un simple cambio nominal

Como acreditan las dos declaraciones de bienes presentadas en el Congreso por José Manuel García Margallo –una, el 30 de diciembre de 2015; otra, el 6 de julio de 2016–, esa pensión representó más de 53.000 euros cada uno de los dos ejercicios a que se refieren las rentas anotadas en el formulario oficial: 2014 y 2015. En el formulario de 2015, la cantidad percibida del fondo de Luxemburgo en el ejercicio anterior (53.122,92 euros para 2014) quedó anotada junto al epígrafe "Pensión Jubilación Parlamento Europeo". Debajo, el entonces ministro Margallo consignó para ese mismo periodo el cobro de una segunda pensión del Parlamento Europeo, esta por importe de 8.104,80 euros.

En la siguiente declaración de bienes, fechada el 11 de julio de 2016, Margallo reflejó una cantidad casi idéntica (53.127,96 euros) como percibida en 2015. Pero esta vez modificó el nombre de la fuente que le había proporcionado esos ingresos. Donde el año anterior aparecía la leyenda "Pensión Jubilación Parlamento Europeo" ahora constaba esta otra: "Plan Pensiones Parlamento Europeo". El exministro sí hizo hueco a la segunda pensión de jubilación europea de la que ya había dejado constancia en el ejercicio precedente. Pero la casilla reservada para la cantidad quedó vacía. 

¿Por qué el Congreso se dio por satisfecho con un simple cambio nominal? La respuesta de los servicios oficiales del Congreso, a los que infoLibre preguntó por el asunto, marcha en una línea radicalmente distinta a la trazada por la Mesa del Parlamento Europeo cuando en 1990 dio carta de naturaleza al fondo voluntario de pensiones como mecanismo para asegurar una pensión de jubilación a todos los exeurodiputados, parte de los cuales habían sido elegidos para el cargo en países sin paga de retiro con cargo al presupuesto nacional.

Lo que los portavoces de la Cámara Baja respondieron a este diario es que en la primera legislatura en la que el entonces ministro José Manuel García Margallo ocupó un escaño, la brevísima que comenzó el 13 de enero de 2016 y finalizó el 2 de mayo de ese mismo año, "se toma conocimiento de que la pensión de jubilación del Parlamento Europeo [la de los 8.104,80 euros] se encuentra en suspensión". 

La respuesta escrita del Congreso prosigue así: "En la declaración de actividades de la XII Legislatura [la actual] ya no se declara cobro de pensión pública alguna. En la declaración de bienes, en el apartado “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”, figura la cantidad percibida del Plan de Pensiones del Parlamento Europeo, en tanto que renta y no pensión, procedente de un fondo de pensiones, en el que los partícipes han ido aportando cantidades voluntariamente y luego las recuperan a partir de determinada edad, y que no contradice el artículo 158.2 de la Loreg". En resumen, lo que según el Congreso cobra Margallo del Parlamento Europeo por haber sido eurodiputado y haber alcanzado la edad de jubilación establecida por Estrasburgo no es una pensión financiada con fondos públicos sino una "renta" de carácter privado.

En realidad, las principales aportaciones al fondo de Luxemburgo nunca han provenido de sus "partícipes" sino del presupuesto público comunitario. Entre 2000 y 2009, el Parlamento de Estrasburgo inyectó al fondo 95 millones de euros, lo que significa el 68,5% de sus ingresos totales durante esa década. El otro tercio sí procedía del bolsillo de los eurodiputados agrupados en la "asociación sin ánimo de lucro" propietaria del fondo, cuyas inversiones están a su vez gestionadas por una sicav de Luxemburgo, el país más opaco y cuya política de dumping fiscal –una tributación bajísima imposible de igualar por los otros socios comunitarios– revelaron hace tres años los papeles del llamado Luxleaks. En ciertos casos y como reveló en su día infoLibre, ese tercio aportado por los suscriptores tenía como origen las dietas de libre disposición asignadas por el Europarlamento a cada parlamentario.

  ¿Y qué hizo Cañete mientras era ministro?

El Estatuto que se aplica desde 2009 y cuyo articulado considera compatible no solo el cobro de dos pagas de jubilación –la estatutaria y la del fondo voluntario de Luxemburgo– sino de tres. La tercera sería aquella que eventualmente pudiera recibir el exeurodiputado del sistema nacional de su país de origen si allí hubiera alcanzado la edad de jubilación. Es más, el Estatuto de los eurodiputados considera compatible que cobre pensión de jubilación un antiguo parlamentario que en la actualidad perciba también un salario por ostentar un cargo público en las instituciones comunitarias. Como publicó este diario, así lo ha destapado el caso del exministro español de Agricultura y actual eurocomisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

¿Cabe la posibilidad de que Margallo haya renunciado a simultanear su sueldo de diputado con la jubilación del fondo de pensiones de Luxemburgo? No hay forma de saberlo con exactitud dado que la única declaración de bienes relativa a esta legislatura es la que presentó en julio de 2016. En teoría sí es posible. Pero es también más que improbable: el reglamento de la Cámara preceptúa que los diputados han de modificar su declaración de bienes si se produce un cambio en su estatus económico. Y las fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre no albergan la menor duda: 53.000 euros arriba o abajo constituyen un cambio importante. En cualquier caso, lo que confirman sus declaraciones de bienes es que cobró del Parlamento Europeo mientras era ministro. El formulario del Congreso señala que las rentas que deben quedar anotadas son "las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración".

Margallo es uno de los tres exeurodiputados que han formado parte de los Ejecutivos de Rajoy. El segundo, el ahora eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, añade a su salario de 20.000 euros mensuales esa misma paga del fondo de pensiones del Parlamento Europeo con las bendiciones legales de la Cámara de Estrasburgo y del Ejecutivo que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

Pero hay dos datos cuya averiguación no ha resultado factible hasta ahora: cuánto percibe Cañete del fondo de pensiones de eurodiputados cuyas inversiones gestiona una sicav de Luxemburgo y si ya cobraba esa paga entre febrero de 2013 –cuando cumplió los 63– y abril de 2014, fecha hasta la que dirigió el Ministerio de Agricultura.  Ahora embarcado en una subida de pensiones que busca amortiguar el golpe de la formidable movilización de los jubilados, el Gobierno se ha negado a contestar cualquier pregunta de este periódico sobre la materia. De momento, no hay por tanto forma de conocer qué hizo Cañete en tanto perteneció al Ejecutivo.

La UE defiende que Cañete cobre la pensión de exeurodiputado además de su sueldo y le permite mantenerla en secreto

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El tercer exeurodiputado integrado en la lista de ministros de Rajoy es Cristóbal Montoro, titular de Hacienda desde 2011. Hace dos semanas, su equipo confirmó a este diario que Montoro renunció voluntariamente a la pensión de europarlamentario porque "entendía que no debía cobrarla".

Los portavoces de Montoro no facilitaron ningún detalle y cuando se les requirió más información remitieron al Ministerio de Empleo. Pero el equipo de la ministra Fátima Báñez considera que no tiene por qué pronunciarse sobre la materia por cuanto la paga de jubilación derivada del fondo de pensiones del Parlamento Europeo no se inscribe en el sistema público español.

Tampoco los portavoces de la Secretaría de Estado de Comunicación, a los que infoLibre acudió en última instancia la semana pasada, han accedido a dar explicaciones. La pregunta para Moncloa fue esta: ¿qué criterio legal y político sustenta la decisión del Gobierno de permitir que un ministro en activo perciba la pensión de jubilación que el Parlamento Europeo financia y asigna a aquellos exeurodiputados que hayan cumplido ya 63 años? La respuesta, sostenida en dos ocasiones a lo largo de dos días consecutivas, fue la siguiente: "Sin comentarios".