La juez del CIE de Algeciras envía sus órdenes a Zoido con acuse de recibo para evitar más incumplimientos

La juez Belén Barranco, titular del juzgado de instrucción responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, ha constatado que las autoridades se resisten a cumplir sus órdenes para dignificarlo. Según Barranco, los directores del CIE de Algeciras y de su anexo en Tarifa, así como el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), han incumplido más de una veintena de los requerimientos que ya formuló la juez en un auto de mayo de 2017, que a su vez reiteraba o ampliaba otros formulados en diciembre de 2016. Barranco insiste en sus exigencias en un nuevo auto de 21 de marzo, dictado tras una visita realizada en enero a Algeciras y Tarifa. La resolución pone en el punto de mira al ministro del Interior, del que ahora quiere que se dé oficialmente por enterado de sus órdenes.

La juez detalla uno a uno los incumplimientos. Es decir, todo lo que –a su juicio– el ministro y los directores de los CIE deberían haber hecho y no han hecho: facilitar la posibilidad de asistencia médica en todo momento, suprimir las rejas en las habitaciones de los internos, instalar mesas o taquillas para que guarden sus cosas... En el caso de Tarifa, queda pendiente suprimir las habitaciones con más de tres internos y las duchas colectivas, así como habilitar un espacio "reservado" para recibir visitas del exterior. En Algeciras aún falta habilitar un servicio de lavandería, poner duchas en las habitaciones de uno de los módulos, abrir un espacio de ocio y poner a disposición de los internos instalaciones deportivas, entre otras medidas.

Barranco señala directamente a Zoido, no sólo mencionándolo entre los responsables de los incumplimientos, sino dedicando un punto de su auto a dejar constancia de que el ministro no se da por enterado de sus instrucciones. "La anterior resolución de 8 de mayo de 2017 fue notificada vía fax a los Sres. Directores del CIE de Algeciras y de Tarifa, al Ministerio Fiscal con funciones encomendadas en materia de extranjería, al Defensor del Pueblo, y al Ministerio del Interior, cuyo cargo como Ministro del Interior era ostentado a día de la fecha, y así sigue sucediendo, por D. Juan Ignacio Zoido Álvarez", señala Barranco. Y añade: "Únicamente han acusado recibo formal respecto de la notificación vía fax los Sres. Directores del CIE de Algeciras y de Tarifa y el Defensor del Pueblo". Ni Zoido, ni la Fiscalía. Para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro, la juez ordena que la notificación al ministro del Interior se realice vía correo certificado con acuse de recibo. Esta vez quiere saber que le ha llegado.

El auto no incorpora razones ni versiones de las autoridades competentes en los CIE. No obstante, no es un secreto el motivo oficial por el que no se atienden las exigencias de la juez: son demasiado caras y difíciles de llevar a cabo técnicamente. Los inspectores de la Policía Nacional que dirigen los centros de Algeciras y Tarifa –que legalmente son un solo CIE, aunque con instalaciones separadas– aseguraban en un oficio de enero de 2017 que dar cumplimiento al auto “implicaría acometer obras y reformas que por sus características y envergadura son imposibles de ejecutar con los medios y vías de facturación que desde este centro se poseen a nivel local, dado que con toda probabilidad implican incluso la modificación de la distribución general del inmueble donde radican las instalaciones". Ello supone que el CIE no puede cumplir la ley, tal y como la ley es interpretada por la juez competente. Sin duda es una situación peliaguda. Los planes de Interior pasan por solucionar el problema con el anunciado nuevo CIE de Algeciras, en el que Interior prevé invertir 20 millones de euros. El problema, nada desdeñable, es que pueden quedar años hasta su finalización.

No todos los requerimientos incumplidos obligan a una intervención en la infraestructura física del centro. La juez Barranco señala que ha sido desatendida su exigencia de que todos los internos puedan usar sus móviles al menos durante cuatro horas al día. La instructora es insistente en este punto. Los internos deben tener la posibilidad de "comunicarse libremente", dado que un CIE no es una cárcel. La resolución también destaca que sigue faltando luz en las habitaciones, así como lo necesario para la realización de pruebas de VIH, tuberculosis, hepatitis y parásitos intestinales, entre otras infecciones. Tampoco le han hecho caso en la exigencia de que los partes de lesiones sean remitidos al juzgado por el servicio médico.

No se ha suscrito un acuerdo con el Colegio de Abogados de Cádiz para que en el centro exista un servicio de orientación jurídica. No se ha creado un registro informático donde conste un resumen de las quejas. No se ha comprobado el grado de cumplimiento de los contratos de Interior con empresas externas de limpieza (Clece), sanidad (Clínica Madrid) y mantenimiento (OHL). No se ha instalado ni un sistema de apertura mecánica de las habitaciones ni uno de climatización de las zonas comunes. No se hace entrega a los internos de un boletín informativo sobre violencia de género y sexual, trata de seres humanos y habeas corpus. En Tarifa no se han adaptado los partes de lesiones a los requisitos exigidos por el Defensor del Pueblo, ni se han instalado buzones específicos para las ONG, medidas que sí se han adaptado en Algeciras.

El auto pone de relieve que las autoridades responsables de los centros, aunque lejos de cumplir con todo los requerimientos de la juez, no se han quedado de brazos cruzados. En Algeciras se ha ampliado el número de cámaras de vigilancia en zonas comunes y pasillos y el jefe de seguridad ya tiene libre acceso a las imágenes, tal y como demandó Barranco en su anterior resolución. El CIE ha creado un libro de registro de las separaciones temporales o del uso de otros medios de contención, como la fuerza física o los grilletes. A requerimiento de la juez, se ha implantado la obligatoriedad de un informe emitido por el servicio médico en el que conste que el interno que va a ser expulsado está "listo para viajar". En Algeciras –a diferencia de lo que ocurre en Tarifa– sí se ha habilitado un espacio digno para recibir las visitas. Los avances en Tarifa coinciden en varios casos con los de Algeciras: más cámaras y acceso a las imágenes del jefe de seguridad, registro de separaciones temporales y uso de la fuerza, implantación del informe previo a la expulsión–. Tanto en Algeciras como en Tarifa se ha facilitado a los internos crema hidratante y una máquina de refrescos común.

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Hay dos novedades muy significativas con respecto a la situación durante la anterior visita de la juez, el 10 de abril del pasado año. En Algeciras, las instalaciones han quedado destinadas únicamente a hombres, habiendo fijado la dirección en 30 el número máximo de internos. En Tarifa, este número ha bajado de 120 a 80 para evitar "hacinamientos", según la juez.

Barranco cierra su auto reiterando sus requerimientos, todos ellos dirigidos a Zoido y, en su caso, o bien al director del CIE de Algeciras o de su anexo de Tarifa. Ordena notificar vía fax el contenido a los tres, así como al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y a la Fiscalía. Pero además remite el auto vía correo certificado "con acuse de recibo" a Zoido y al Ministerio Público. Contra la resolución no cabe recurso.

El CIE de Algeciras lleva años en el punto de mira de las asociaciones de defensa de los derechos humanos. "Las instalaciones son horripilantes", dijo en 2013 el fiscal de extranjería en una entrevista a El País. Algeciras Acoge y la Fundación Cruz Blanca, entre otras organizaciones, presentaron en noviembre de 2016 ante el juzgado de Barranco, el número 1 de Algeciras, una denuncia tras visitar el centro. La denuncia recogía el relato de una de las internas, sin identificar: "Hemos aceptado el riesgo en el mar y lo peor es encontrarse encerrada, lo que nos hace caer enfermas, tristes, estamos sin calefacción, todas las mujeres tenemos infecciones, nos faltan ropas para el frío. Por favor, ayúdenos”. Las organizaciones denunciantes describían una situación de precariedad material, humedades, falta de ropa e incluso de compresas para la menstruación. La "notoria impronta penitenciaria", pese a que los CIE no son cárceles, provoca "ansiedad, miedo y depresión", señalaban los denunciantes. La juez tomó cartas y el centro ha mejorado. Pero sus órdenes están lejos de cumplirse en su totalidad.