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El futuro de Cataluña

Sànchez pide al juez Llarena permiso para salir de prisión y acudir el viernes al pleno de investidura

  • El juez Llarena procesó a Sànchez por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos en el marco de la causa relacionada con el procès
  • En caso de que no pueda acudir, su defensa pide que se le conceda permisos penitenciarios o que autorice su participación en la cámara "por medio de videoconferencia"

infoLibre Publicada 10/04/2018 a las 12:52 Actualizada 10/04/2018 a las 14:12    
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El diputado electo de JxCat, Jordi Sànchez, acude a declarar a la Audiencia Nacional (archivo).

El diputado electo de JxCat, Jordi Sànchez, acude a declarar a la Audiencia Nacional (archivo).

E.P.
El candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Jordi Sànchez, pidió este martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado procés, salir de la prisión para poder acudir este viernes al pleno de investidura del Parlament, según informaron fuentes de la defensa a Europa Press.

La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) registró en la mañana de este martes un escrito pidiendo al magistrado del alto tribunal permiso para acudir a la sesión convocada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para este viernes, a las 10.00 horas.

El juez Llarena procesó a Sànchez por los delitos de rebelión en el marco de la causa relacionada con el proceso soberanista y se encuentra en la prisión de Soto del Real, desde el 16 de octubre de 2017. Además, deberá comparecer ante el magistrado el próximo lunes, día 16 de abril, para que le comuniquen personalmente los delitos de los que se le acusa.

El abogado de Sànchez, Jordi Pina, reiteró los argumentos que ya expuso en el escrito presentado ante el juez del Supremo el pasado 26 de marzo, donde pidió que pusiese a su defendido en libertad para que pudiera acudir a la cámara parlamentaria, si finalmente era designado candidato.

El escrito registrado este martes recalca que ya es un candidato formal, por lo que pide al instructor que tome una decisión al respecto a la "mayor brevedad". Asimismo, vuelve a recordar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU acordó una serie de medidas cautelares para garantizar los derechos políticos de Sànchez.

En este sentido, el letrado solicita a Llarena que, en base a esta resolución, acuerde la libertad provisional para facilitar al candidato de Junts per Catalunya (JxCat) su participación en el pleno de investidura.

El TC rechazó la videoconferencia para los fugados de la justicia

En caso de que esto no sea así, pide que se le conceda a Sànchez permisos penitenciarios o que autorice su participación en la cámara parlamentaria "por medio de videoconferencia". Sobre este último aspecto, el abogado asume que el Tribunal Constitucional excluyó esta posibilidad, pero hace hincapié en que esta resolución hace referencia a aquellos candidatos que se encuentran fugados de la justicia española, como es el caso del expresident Carles Puigdemont.

"Nada impide aceptarla en el supuesto de quienes no pueden, por estar presos, acudir físicamente al Parlamento, ello sin perjuicio de que tal posibilidad sea posteriormente aceptada por la Presidencia del Parlament en el ejercicio de las competencias que le corresponden", afirma el abogado Jordi Pina.

Por otro lado, el abogado recuerda que Sànchez interpuso una demanda ante dicho Comité por vulneración de sus derechos políticos, después de que el juez Llarena no le permitiese acudir al Parlament la primera vez que optó a la Presidencia, tan sólo hace un mes.

Riesgo de reiteración delictiva

En esa ocasión, el magistrado del Tribunal Supremo denegó a Sànchez salir de prisión y acudir al pleno de investidura fijado entonces para el 12 de marzo al apreciar riesgo de reiteración delictiva. Señaló en su auto que hay otros candidatos "con el mismo número de apoyos" en los que no se aprecia el mismo riesgo.

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, dirigió este lunes un escrito al juez Pablo Llarena en el que le adjuntó, no sólo la convocatoria del pleno para el viernes 13 de abril, sino también la resolución del Comité de Derecho de Humanos de Naciones Unidas.

En dicho documento, Torrent subraya que esta resolución del Comité del 23 de marzo es de obligado cumplimiento para "todos los poderes del Estado" y exige que se habiliten los mecanismo necesarios para que Sànchez se pueda someter al debate de investidura.


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