Trabajadores de los juzgados baleares de violencia sobre la mujer denuncian saturación y riesgo para las víctimas

Las denuncias por violencia de género han experimentado un incremento común en todo el país a lo largo del año 2017. Illes Balears no se encuentra exenta de tal tendencia: las denuncias recibidas fueron 5.412, una cifra que supera en un 2,7% a la registrada durante el año anterior. Balears es, de hecho, la comunidad autónoma que presenta un mayor ratio de víctimas y la segunda respecto a denuncias, según datos del Consejo General del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Estadística. Tal y como indica el último balance, casi diez de cada mil mujeres de la comunidad son víctimas de violencia de género (9,5 mujeres por cada 1.000). Los dos juzgados especializados ubicados en Palma de Mallorca, no obstante, denuncian una situación de colapso incapaz de abarcar las demandas de las víctimas.

Los dos juzgados de violencia, relatan fuentes judiciales de la isla, asumen desde el mes de enero problemas de falta de personal, como consecuencia de circunstancias tales como traslados, comisiones de servicios o bajas que no fueron cubiertas o sí lo fueron pero con demora. "Hemos tenido problemas evidentes para sacar el trabajo", lo que ha conllevado un "sobreesfuerzo" para sacarlo adelante y aun así "con retraso". El magistrado Carlos Izquierdo, titular del Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer, decidió poner punto final a una situación que escapaba de control. Lo hizo mediante una llamada al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB). El mensaje, la necesidad de medios adecuados para abordar las carencias de personal. Mientras el requerimiento no sea atendido por el Ministerio de Justicia, la Sala de Gobierno del TSJIB ha decidido suspender temporalmente de reparto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1. Lo hace, precisamente y según indica en el comunicado oficial emitido el pasado miércoles, ante "la grave situación en que se encuentra actualmente" el Juzgado número 1.

"Vista la falta de funcionarios (siquiera interinos, ni de refuerzo), y la perspectiva de asumir nuevamente en estas circunstancias una guardia contando con solo dos funcionarios, la Sala entiende que la única solución viable y proporcionada a fin de evitar un riesgo extraordinario de posibles disfunciones graves, pasa por suspender temporalmente de reparto a dicho órgano, y en espera de que cuente en plazo razonable con una plantilla suficientemente adecuada para afrontar su guardia", dice el escrito. Además, añade, "parece conveniente recordar que la bolsa de interinos lleva sin abrirse desde el año 2011 en este territorio donde al menos la mitad de la plantilla de la oficina judicial es interina, porque no se cubren las vacantes". En este contexto, y "pese a las reiteradas solicitudes y gestiones formuladas ante el Ministerio de Justicia, este déficit de plantilla en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Palma, lleva unos dos meses pendientes de solución", remata.

Tan sólo dos días después el Govern balear exigió al Ministerio de Justicia una solución "inmediata". Ante tal coyuntura, un portavoz autorizado del ministerio ha confirmado a preguntas de infoLibre que la situación "podrá ser reconducida en un plazo breve" de tiempo. Para ello, agrega, el ministerio ha adoptado "tres medidas inmediatas" encaminadas a obtener resultados antes de un mes y devolver al Juzgado número 1 "unos niveles adecuados de plantilla". Se trata de cubrir con interinos todas las vacantes existentes, aprobar compensaciones económicas por prolongaciones de jornada para los funcionarios que realicen actividades propias del juzgado en horario de tarde y adoptar medidas de refuerzo para recuperar los índices de entrada anteriores a febrero de 2018.

Aunque el ministerio no contesta a la pregunta sobre la posibilidad de poner en marcha un tercer juzgado, sí indica que la carga de trabajo "no se considera excesiva". Tampoco explica la cartera dirigida por Rafael Catalá si las medidas desplegadas se encuentran presupuestadas.

Saturación y riesgo para las víctimas

El principal problema que deriva de la paralización del Juzgado número 1 recae directamente sobre el Juzgado número 2. Fuentes de este último sostienen que las soluciones ofrecidas por el ministerio únicamente contribuyen a "parchear la situación". "No creo que sea una solución que realmente dé la respuesta que se precisa", añaden. En los últimos meses, de hecho, "el módulo de entrada ha experimentado una subida que no es coyuntural" y que viene precedida por años de exceso. La previsión, dice, fija en 1.200 las diligencias previas y 600 las urgentes, pero los datos de 2016 revelan que fueron 2.164 los asuntos registrados, de los que 1.518 se correspondían con previas. Eso en el ámbito penal, lo cual genera que "los asuntos civiles también sean más".

Una de las trabajadoras que asume funciones de gestión procesal en el Juzgado número 2 reconoce en conversación telefónica con este diario que su percepción de la situación es igual de preocupante. El problema es que la descarga de trabajo para el uno ha supuesto una mayor carga para el dos. Hasta el momento los dos juzgados funcionaban alternando trabajo de guardia y de gestión semanalmente:"La semana que no estamos de guardia es cuando podemos abordar el trabajo pendiente", de modo que asumir una guardia prácticamente continua llevará previsiblemente a "sufrir un atasco" que "va a empantanar" el juzgado. "Aunque nos guste nuestro trabajo, vemos que somos ninguneados", dicen los trabajadores.

La empleada considera que "lo más fácil" es desviar el trabajo al Juzgado número 2 "en lugar de abrir bolsa con gente preparada o bien ofertar más oposiciones para dar trabajo público". El Ministerio de Justicia, sostiene, "no da dinero, lo único que hace es gastarlo en programas que atascan más los juzgados y no dotan de personal cualificado". La cesión de interinos, de hecho, se convierte en ocasiones en un problema porque "no saben cómo funciona el juzgado, hay que formarlos" y son los mismos trabajadores los que realizan esa labor. La funcionaria denuncia que, si bien es evidente la "solidaridad con el Juzgado número 1", lo cierto es que los trabajadores no pueden "asumir los problemas por una mala organización de la gerencia del Ministerio de Justicia".

Tampoco Alicia Trueba, gestora procesal en el Juzgado número 2, se encuentra conforme con las medidas del ministerio. Cree que la prolongación de jornada es una solución estéril y los trabajadores se niegan a aceptarlo. El resultado, reflexiona, es insostenible. "Trabajo acumulado, compañeros que trabajan el doble y servicios súper saturados", algo que se suma a la ya de por sí complicada temporada estival con el aumento del turismo, el alcohol y las situaciones de violencia.

Si el personal del Juzgado número 2 se ve obligado a asumir las guardias del primero, dice Trueba, los casos citados para la semana de gestión tienen que posponerse. El miedo principal del personal es que, debido a una dilatación de los tiempos, alguna de las denunciantes sufra consecuencias.

Si bien las secuelas a nivel laboral son manifiestas, el escenario resultante es si cabe más sangrante por el riesgo para las víctimas. "Las mujeres tienen que denunciar, pero para que ellas lo hagan" se requieren garantías, subraya Trueba. Finalmente, "muchas retiran denuncias porque creen que no van a llegar a ninguna parte", mientras que otras optan por "ir a vivir a la península" como solución para atajar la situación de violencia. Temen, los trabajadores, que la sobrecarga de trabajo y la ausencia de recursos recaiga también sobre las espaldas de las víctimas.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma, paralizado por falta de personal, vuelve a funcionar

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Preocupación feminista

La preocupación de los trabajadores se ha extendido a la ciudadanía y ha aterrizado directamente sobre las organizaciones feministas. Feministes en Acció ha denunciado públicamente lo que consideran como "gravísima decisión" de suspender las guardias por falta de personal. "¿Cómo se puede ser tan cínico y tan cruel de recomendar a las mujeres que denuncien las agresiones y después no dotar de recursos humanos a los juzgados que las tienen que atender?", se pregunta la asociación

Lo que entienden como una "carencia de voluntad política por parte del Ministerio de Justicia" evidencia, dicen, que para el PP la lucha contra la violencia machista "no es ninguna prioridad". El colectivo exige que se retire dicha suspensión y se dote de personal a los juzgados. "No podemos consentir que por carencia de personal asesinen más mujeres", sostienen.