Crisis política

El instituto del máster de Cifuentes fue el beneficiario exclusivo de los contratos del Gobierno de Madrid con universidades públicas

Enrique Álvarez Conde, a la izquierda, junto al rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos.

El Instituto de Derecho Público (IDP) de la Rey Juan Carlos, que en 2011 organizó el máster que mantiene a Cristina Cifuentes al borde del abismo, fue hasta ese año beneficiario exclusivo de los convenios y contratos del Gobierno de Madrid con universidades públicas para financiar la participación de funcionarios en cursos de postgrado.

Así lo han confirmado a infoLibre fuentes del Ejecutivo madrileño, que aseguran carecer de una explicación sobre por qué la Administración madrileña benefició al IDP en detrimento de las otras cinco universidades públicas madrileñas, dos de las cuales -la Complutense y la Autónoma- han figurado año tras año entre las mejores 500 del mundo. 

Convertido así en institución académica de cabecera del PP madrileño, el IDP obtuvo mediante convenios y contratos casi medio millón de euros solo del erario regional entre 2005 y 2011. Fue ese último año cuando, por segunda vez y de modo consecutivo, el Ejecutivo autonómico patrocinó el máster en Derecho Público del Estado Autonómico en que se había matriculado Cifuentes. Lo hizo sufragando el 83% del coste de matrícula de ocho funcionarios. Cifuentes, que no figura entre los alumnos becados, era entonces vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y presidenta del comité regional de garantías del PP bajo la batuta de Esperanza Aguirre. 

Este miércoles, eldiario.es publicó que otros diez políticos y cargos del PP aprobaron asignaturas del mismo máster que Cifuentes con actas falsificadas. También está bajo la lupa el máster del portavoz del PP, Pablo Casado, que lo aprobó tres cursos antes (2008-2009) tras lograr la convalidación de 18 de 22 asignaturas

Desde que en diciembre de 2001 la Rey Juan Carlos aprobó su fundación, el IDP ha estado dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, figura clave en esta historia de irregularidades, privilegios, actas falsas y tribunales examinadores cuyos presuntos integrantes niegan su propia existencia.

Antes de desembarcar en el IDP y hasta octubre de 1999, Álvarez Conde dirigió el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) durante la etapa de Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas en el primer Gobierno de José María Aznar.

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De todos los convenios y contratos suscritos por el IDP con la Comunidad de Madrid, la mayoría tuvieron como pagador al Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), homólogo del estatal INAP en el ámbito de esa comunidad.  En diciembre de 2010, y dentro de una macrooperación legislativa, Esperanza Aguirre liquidó de un plumazo distintas sociedades mercantiles y organismos públicos. Entre ellos estaba el IMAP, cuyas funciones pasó a asumir la Dirección General de Función Pública. 

"A partir de 2011 –respondió una portavoz de la Consejería de Presidencia de Madrid– no se abonan plazas para la participación de empleados públicos en cursos o másteres en ninguna universidad. Planes de formación existen todos los años, pero 2011 fue el último en el que se firmaron contratos con la Universidad"

 

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