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el máster de Cifuentes

El director del Instituto de Derecho Público no entregó la memoria de gestión y sus cuentas, que le pidió la URJC

  • El rector Javier Ramos había dado este martes al IDP 48 horas de plazo para que entregase a los servicios centrales de la universidad toda esa documentación
  • La universidad recomienda en su ninforme tomar medidas para asegurar el "control" del ente y tener información sobre las calificaciones

infoLibre Publicada 13/04/2018 a las 11:06 Actualizada 13/04/2018 a las 13:20    
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Fotografía de archivo de Enrique Álvarez Conde, ya exdirector del Instituto de Derecho Público..

Fotografía de archivo de Enrique Álvarez Conde, ya exdirector del Instituto de Derecho Público.

El director ya suspendido de funciones del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Enrique Álvarez Conde, no ha entregado la información requerida por el rector del centro, Javier Ramos, de aportarle la memoria de actividades, gestión y las cuentas del organismo. El rector Javier Ramos había dado este martes al IDP 48 horas de plazo para que entregase a los servicios centrales de la universidad la documentación relativa a todas las actividades desarrolladas desde su nacimiento así como a los ingresos y gastos, con precisión de fuente y destino, que se hayan generado en ese periodo, tal y como avanzó infoLibre.

Así consta en el informe de conclusiones de la investigación abierta por la Universidad a raíz de la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha presentado Ramos en el Consejo de Gobierno, donde ha avanzado que prosigue la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y, en particular, en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico "de todas las formas que se consideren oportunas y en todo lo que no interfiera con la denuncia ante la Fiscalía".

En este informe, se recomienda tomar las medidas que "aseguren la obtención de información y de control" del Instituto de Derecho Público en todas sus actuaciones y, en particular, respecto al desarrollo del polémico y de las calificaciones efectuadas en el mismo.

Por otro lado, se realizará una auditoría de todos los institutos y centros propios de la universidad para garantizar que todos los procesos de gestión académica y económica se desarrollaron conforme a la legislación, una decisión que se toma ante los "graves hechos" que ocurrieron con anterioridad a su toma de posesión.

"El objetivo de la misma es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional", expone Ramos en su informe ejecutivo sobre el caso que ha presentado al Consejo.

"Todo ello se enmarca en la política de defensa de la reputación de la institución y de la honorabilidad de todos aquellos que forman parte de la comunidad universitaria. Nuestro compromiso implacable es el de investigar cualquier otra irregularidad o mala praxis de la que se pudiera tener conocimiento con el propósito, siempre, de depurar todas las responsabilidades a las que hubiera lugar", recoge el informe.

Además, asegura que está "fuera de duda la honorabilidad de la inmensa mayoría del profesorado y del personal de administración y servicios de todos los centros de la universidad". "Por ello, este esquipo de Gobierno se compromete a erradicar las malas prácticas pasadas y futuras que se pudieran dar en esta universidad".


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1 Comentarios
  • JacktheRipper JacktheRipper 13/04/18 12:15

    El corrupto del Enrique este, que parece sacado de la etiqueta de anís del mono, había montado un negocio por todo lo alto con su Instituto. Para cubrir matrículas y rentabilizar la inversión, hacía conciertos con la asamblea o la delegación del gobierno en Madrid, que concedían becas a sus funcionarios para acudir a sus cursos (algunos de ellos llamados masters sin serlo) y que pagábamos todos los contribuyentes. Para premiar a las autoridades que aportaban generosamente esos fondos, se les ofrecían titulaciones sin necesidad de asistir a clases ni realizar exámenes. Todo con apariencia de legalidad pero absolutamente trampeado. La podredumbre ha salido al descubierto y el hedor resulta insoportable. Yo no valen más mentiras ni trapisondas. Solo cabe que la URJC cierre ese antro de corrupción que es el IDP y que anule la titulación que de manera fraudulenta se le concedió a la Cifuentes y vaya usted a saber a cuántos más con carné del PP. Además los corruptos, falsificadores y beneficiarios del fraude, al talego, como corresponde.

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