La URJC suspende de sus funciones al director del máster de Cifuentes y abre la puerta a quitarle el título a la presidenta

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, decidió este viernes apartar de sus funciones, como medida cautelar, al que hasta ahora era director del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde. Además, la institución abre la puerta a quitar el título de su máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de que una sentencia firme reconozca "irregularidades". 

Ramos anunció esta decisión en el Consejo de Gobierno de la Universidad que se celebró desde las 09.30 horas de este mismo viernes, donde también se adelantó el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad. El objetivo: "verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional", anunció la URJC a través de un comunicado. 

En el mismo documento, el rector anuncia la apertura de expediente a "la funcionaria implicada en las graves irregularidades detectadas", en referencia a Amalia Calonge, la docente que supuestamente modificó las notas de la presidenta regional, según desveló eldiario.es el pasado 21 de marzo. Además, "ante los indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal", y castigados con penas de prisión de tres a seis años, la universidad suspendió el procedimiento de información reservada que se había abierto y trasladó "toda la documentación recopilada al Ministerio Fiscal". Esto, no obstante, no impedirá proseguir con "la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público". 

Con el cese de Álvarez Conde, el Instituto de Derecho Público quedaría descabezado, tres días más tarde de que su número dos, Laura Nuño, presentara su dimisión por "una crisis de confianza". "Ante las últimas informaciones publicadas y, habida cuenta de la crisis de confianza que todo ello ha generado, solicito que aceptes mi dimisión en el cargo de subdirectora que asumí, de forma no estatutaria, el pasado 13 de diciembre de 2017 con objeto de incorporar la perspectiva de género en las diferentes actividades desarrolladas por el IDP", expuso en su carta de renuncia.

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La polémica por la que se vio obligada a apartarse del que desde hacía menos de un año era su cargo tuvo su origen en una información desvelada ese mismo día. Según publicó eldiario.es, el acta de convalidación de tres asignaturas a la presidenta regional tendría, al menos, cinco firmas falsificadas. Una de ellas era, precisamente, la de Nuño, que confesó no reconocer la firma. 

El caso de Álvarez Conde es muy distinto. En su caso, la suspensión de sus funciones viene, directamente, por parte de la universidad, y lo hace días después de que el ya exdirector del instituto responsable del máster confesara que había fabricado el acta que, supuestamente, avalaba la versión de que Cifuentes sí había presentado su Trabajo de Fin de Máster (TFM) ante un tribunal examinador. 

Estas dos salidas de la institución, no obstante, no son suficiente para los estudiantes. Lo dijeron el pasado lunes en el campus de Vicálvaro y lo dijeron este jueves en la Puerta del Sol de Madrid. Para ellos, son Cristina Cifuentes y el rector, Javier Ramos, quienes deben apartarse de sus respectivos cargos. Sin embargo, han pasado más de tres semanas desde que saliera el escándalo, y Ramos no parece tener en mente la decisión. En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su futuro ahora mismo depende de su partido y de Mariano Rajoy que, no obstante, defienden que todavía tienen tiempo hasta que se produzca la moción de censura presentada por el PSOE a principios de mayo. Los conservadores, por ahora, centran el foco en Ciudadanos que, opinan, tendrá que explicar a los madrileños si están dispuestos a apoyar la moción con los socialistas y Podemos.