Llarena acusa a JuntsxCat de promover la independencia por medios ilegales y violentos

El auto del juez Pablo Llarena en el que, por segunda vez, el Tribunal Supremo ha negado a Jordi Sánchez el permiso que solicitaba para ser trasladado al Parlament de Cataluña y someterse a la investidura incluye un referencia directa a Junts per Catalunya que atribuye a la candidatura de Carles Puigdemont la voluntad de seguir intentando consumar la independencia de Cataluña por medios ilegales y violentos.

Llarena no la cita por su nombre, pero no deja lugar a dudas de a quién se refiere cuando afirma que la candidatura en la que se integró Jordi Sánchez “proclama continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia” y que según el auto de procesamiento que dictó el pasado 22 de marzo no es otro que conseguir la independencia de Cataluña mediante métodos ilegales y utilizando la violencia. Esa candidatura —por la que Sánchez es diputado y por la que se presentó como número dos por Barcelona, inmediatamente después de Carles Puigdemont— es Junts per Catalunya (JuntsxCat).

Tal es la importancia que el magistrado del Supremo atribuye a este hecho que no duda en justificar su decisión de negar a Sánchez el traslado a la sesión de investidura del Parlament en la necesidad de impedir que sea elegido president y vuelva a intentar conseguir la independencia de Cataluña por medios ilegales.

Vuelta de tuerca

La acusación contra JuntsxCat supone una vuelta de tuerca en el argumentario del Supremo contra la candidatura que lidera Puigdemont, porque hace unos meses Llarena sólo le atribuía “el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo” a la declaración de independencia.

Con este razonamiento, Llarena no hace sino coincidir con los criterios que a comienzos de año ya defendió la Sala de lo Penal del Supremo, cuando negó la salida de prisión al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, encarcelado en la cárcel madrileña de Estremera, señalando que si se le permitía acceder al Parlament se le “situaría, en principio, en una posición preponderante respecto de las decisiones a tomar en relación” con un nuevo intento de proclamación unilateral de la independencia de Cataluña.

Una vez más, y al margen de las consideraciones que afectan de forma personal a Sánchez, el juez instructor de la causa contra el procés independentista vuelve a afirmar la existencia de “indicios” de que “el ataque al orden constitucional” que tuvo lugar en Cataluña desde 2015 pero especialmente en los meses de septiembre y octubre del año pasado “puede estar en desarrollo, por más que se encuentre actualmente paralizado y en posible espera de un relevo en sus protagonistas”.

También reitera una afirmación que ha repetido en varias resoluciones: sigue habiendo, subraya, “un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata” y mediante mecanismos contrarios a la ley. Sectores que, además, “se ajustan a un plan de secesión que contempla abordar ilegalmente una legislatura constituyente”.

El juez, sin embargo, no detalla en qué indicios se basa para hacer estas afirmaciones ni a qué sectores está señalando como supuestos promotores de nuevos delitos relacionados con la independencia de Cataluña.

Informe a la Guardia Civil

El señalamiento de Junts per Catalunya como una candidatura con un propósito ilegal entronca con el informe que pidió en diciembre a la Guardia Civil, apenas diez días antes de las elecciones autonómicas, para establecer el grado de participación en el proceso independentista no sólo de sus protagonistas sino del PDeCAT —la antigua Convergència, hoy integrada en JuntsxCat— y Esquerra Republicana.

En el auto de procesamiento de los dirigentes independentistas, dictado hace sólo tres semanas, el juez Llarena afirmaba la existencia de un “amplio colectivo que se solidariza” con la “causa” independentista porque comparte “las motivaciones que llevaron a los procesados a cometer sus delitos”.

De nuevo el auto no entra en detalles, pero sí sostiene que ese “colectivo” cuenta con “estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como con armazones internacionales desarrollados en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y en condiciones de prestar soporte” a los procesados. De hecho, alude más adelante, los fugados de la justicia han podido buscar refugio en otros países “con pleno sustento económico y organizativo”.

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En otro auto en el que Llarena denegaba la puesta en libertad de Joaquim Forn, el exconseller de Interior del Govern, el juez precisaba que esos “sectores” de los que habla “siguen ajustados al plan de secesión que recoge el documento #Enfocats, en el que se contemplaba abordar una legislatura constituyente con posterioridad a la desconexión del Estado español, y en el que se expresaba la necesidad de perseverar en la estrategia y en los objetivos aún en el supuesto de que el Estado interviniera las instituciones de la Comunidad Autónoma”.

El documento #enfoCats fue hallado en septiembre por la Policía durante el registro del domicilio de Josep María Jové, número dos de Junqueras en la Consellería de Economía de la Generalitat.

Hasta el momento, ninguna instancia judicial ha tomado medida alguna en relación con los partidos políticos que defienden la secesión de Cataluña más allá de las indagaciones que Pablo Llarena encargó a la Guardia Civil el pasado diciembre.