El futuro de Cataluña

El Gobierno dice que en sus datos contables no hay ni un euro para el 1-O pero que "habrá que ver su verosimilitud

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros.

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El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este jueves que en la "información contable" de la que dispone el Ministerio de Hacienda no hay ni un solo euro de dinero público para el referéndum del 1 de octubre, pero admitió que "habrá que ver la verosimilitud" de esa información contable. Además, negó que exista "discrepancia" entre las palabras del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga esta causa.

Según Europa Press, así se pronunció Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros después de que la investigación del juez Llarena acredite una malversación de casi 2 millones de euros en el denominado procés, mientras que el ministro Cristóbal Montoro dijo estos días que no se gastó un euro público en el 1-O. De hecho, el magistrado solicitó al titular de Hacienda que explique en qué se basa para hacer esa afirmación.

"El juez utilizará la información que le remita el Gobierno como también utilizará los informes que le remita la Guardia Civil que conocen este caso", dijo el ministro, que añadió que en la información contable de la que dispone el Ejecutivo "no hay ni un euro que se haya dedicado al referéndum ilegal".

A partir de ahora, prosiguió, "habrá que ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica de acuerdo con la información que tenga el juez de la Guardia Civil". "El juez es el que al final califica jurídicamente y el que tiene toda la información. Por tanto, es él el que tiene que decidir", recalcó.

Además, afirmó que no hay "ninguna discrepancia" entre las palabras de Montoro y la investigación del juez Llarena. "El juez ha pedido al ministro de Hacienda que le remita una documentación y se la va a remitir inmediatamente", dijo, para añadir que eso permitirá al magistrado "calificar jurídicamente los hechos".

Van a trasladar la información contable al juez

Preguntado si el Gobierno puede garantizar que no se ha destino dinero público al 1-O, recordó que en los Presupuestos de la Generalitat aprobados el pasado mes de septiembre había una partida de cinco millones para el "referéndum ilegal" que fue recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que el Tribunal Constitucional anuló. Añadió que a partir del artículo 155 de la Constitución "todas las cuentas de la Generalitat han estado intervenidas por el Gobierno".

"Contablemente" no se ha destinado un euro

Eso sí, el ministro subrayó que se trata de una "intervención contable" relativa a "qué se han dedicado esos dineros consignados en el Presupuesto" y es la que van a trasladar al juez, quien debe hacer la "calificación jurídica de esa información contable".

Fuentes del Ejecutivo reiteró después que "contablemente" no hay "ninguna partida destinada al referéndum ilegal" no hay "ninguna factura que haya ido al 1-O", si bien no descartan que pudieran desviarse ese dinero "para otro lado" con alguna trampa o engaño, algo que, deberá averiguar el juez.

En este sentido, las mismas fuentes rechazan que haya divergencias entre lo que dice Montoro y lo que sostiene la Guardia Civil. De hecho, estas fuentes están convencidas de que ya se verá cómo lo que sostienen ambas partes es cierto.

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"Legítimo" como argumento de defensa

En cuanto a si el Ejecutivo cree que Montoro se excedió en sus declaraciones y pueden perjudicar a la investigación del Supremo porque están siendo utilizadas en sus defensas por los procesados, Méndez de Vigo reconoció que en los juicios penales las defensas "utilizan todos los medios a su alcance para defender su posición", algo que, según ha dicho, es "legítimo".

En este sentido, insistió en que el Gobierno intervino las cuentas de Cataluña y realizó la "comprobación contable de las mismas" que va a entregar al juez Llarena, quien se hará "una idea de lo que ha habido" y calificará los hechos "jurídicamente". "El juez lo ha calificado de malversación de fondos públicos y va a tener por parte del Gobierno toda la ayuda y toda la colaboración de la información de la que dispone el Gobierno", enfatizó.

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