Diputados y senadores de ERC, Podemos y EH Bildu han acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para mostrar su
"apoyo y solidaridad" a los ocho jóvenes acusados de la
agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, y han aprovechado para pedir "
proporcionalidad" en la petición de las penas. El fiscal solicita para los investigados entre
12 y 62 años de cárcel por lesiones y amenazas terroristas.
Eduardo Santos, portavoz de Justicia de Unidos Podemos en el Congreso, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del tribunal que ve este caso como un "conflicto de convivencia o
una pelea como hay miles" en España porque ocurrió "en un contexto de altas horas de la madrugada en un bar", por lo que considera que el concepto de terrorismo "sobra".
Santos ha mostrado su preocupación por esta "
extensión del concepto de terrorismo" y ha insistido en que el juicio por la agresión ocurrida en Alsasua el 15 de octubre de 2016 "debería haberse juzgado en su contexto natural", es decir, en Navarra.
En parecidos términos se ha pronunciado el diputado de ERC en el Congreso
Jordi Salvador, para quien la agresión a los dos guardias civiles y sus novias fue "un incidente" cuyo juicio "en otros sitios habría acabado de manera muy rápida". "Este juicio es una prueba más de que
el Estado está podrido en todos los aspectos", ha resaltado.
"FUERZA A ESOS CHAVALES" Así, Salvador ha trasladado "toda la fuerza a esos chavales, que
les están robando casi dos años de su vida" y ha expresado "toda la solidaridad" de su partido a los familiares de los ocho acusados, que "están sufriendo lo que nunca tenían que haber sufrido".
Por su parte,
Óscar Matute, diputado de EH Bildu en la Cámara Baja, también considera que los acusados están "inmersos en una sinrazón", por lo que ha reclamado "justicia real y proporcionalidad, y no la vorágine de
peticiones desorbitadas de cárcel".
"La locura del Estado quiere pasar por encima de la vida de unos chavales y quiere hacerlo con
sed de venganza. Este juicio está demostrando que el lenguaje político judicial que se ha montado en torno a ello no es sino la búsqueda de sed de venganza de un Estado para juzgar
con tal desproporción unos hechos que no tendría que dar lugar a la cárcel que ya han sufrido tres de los acusados", ha afirmado.
Benjamín Prado
Cristina Monge
Luis García Montero
