Jueces para la Democracia pide la dimisión de Catalá por instar a la revisión del voto particular en el caso de La Manada

La asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por asegurar en la Cadena Ser que las consideraciones del magistrado Ricardo González en su voto particular en la sentencia del caso de La Manada "justifican que el Consejo del Poder Judicial pueda hacer alguna acción de evaluación de estos hechos". Ante la repregunta, el ministro defendió que "si esas consideraciones del voto particular se consideran que están fuera de lo razonable hay vías disciplinarias". La organización afirma que el CGPJ "carece de competencias a tal efecto" y denuncia que ese tipo de declaraciones son "inadmisibles" ya que "alientan la deslegitimación del poder judicial, más cuando provienen precisamente de responsables de los otros poderes".

En un comunicado, Jueces y Juezas para la Democracia ha cargado contra "declaraciones de responsables políticos carentes del más mínimo respeto institucional a nuestra legislación y a nuestros Tribunales". La asociación asegura que la crítica a las decisiones judiciales es "deseable", pero considera que la crítica a esta sentencia ha sido objeto de "críticas que descalifican hasta el insulto" que no se justifican, a su juicio, ya que el tribunal ha tenido que enfrentarse a una calificación jurídica "problemática", la distinción entre abuso y agresión sexual, y ha optado por la primera "de manera fundada y razonada". "Se ha dictado tras un previo e intenso debate deliberativo de los miembros del Tribunal, como lo demuestra su voto particular, y cumpliendo sobradamente con el principio constitucional de motivación", insisten. 

Un vocal del CGPJ asegura que "no había ningún motivo" para actuar contra el juez que pidió absolver a La Manada

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"El Estado de Derecho se sustenta en la primacía de la Ley que emana del pueblo, y su posterior aplicación por los Tribunales independientes y sometidos únicamente el imperio de la Ley", recuerda Jueces para la Democracia, que pide también respeto para los tribunales superiores que aborden el asunto tras los correspondientes recursos. La organización abre la puerta a la reforma del Código Penal, pero defiende que "debe de hacerse en sede parlamentaria bajo un sosegado debate público y transparente".