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Cataluña

Con “desinterés y falta de colaboración”: así investigan Interior y la Fiscalía las cargas del 1-O, según Amnistía

Agentes de la Policía Nacional en un colegio electoral durante el 1-O.

Amnistía Internacional denunció la actitud de "desinterés, obstrucción y falta de colaboración" de la Fiscalía General del Estado a la hora de investigar el uso de la fuerza en las cargas policiales que se produjeron durante el referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña. Así lo constató la organización en un informe hecho público este jueves en el que también lamenta "la ausencia de investigaciones internas" del Ministerio del Interior "con el objetivo de determinar las diferentes responsabilidades de miembros de las fuerzas de seguridad". 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), días antes de la votación, solicitó a las fuerzas de seguridad que impidieran la celebración del referéndum. Sin embargo, y según denunció la ONG el mismo 2 de octubre, las actuaciones de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no fueron las más adecuadas. Así, constataron que ambos cuerpos "usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían en la calle y a la puerta de centros de votación". Solicitaron, por ello, una "investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza" que interpusieron algunos ciudadanos. Sin embargo, ahora, siete meses después, continúa sin haber un resultado de tales investigaciones y, según la organización, esto se debe a la actitud del Ministerio Público y de Interior. 

 

En este sentido, Amnistía Internacional, que basa las conclusiones del informe en tres casos documentados por la propia organización, denuncia que la Fiscalía siempre trató de "mostrar la violencia de manifestantes como un elemento clave que debería descartar las investigaciones judiciales acusando de comportamientos violentos a algunas víctimas de uso excesivo de la fuerza", presentando vídeos "para ilustrar la actitud no pacífica de algunos de los manifestantes". Así, la institución apunta hacia la "descalificación de las denuncias, la obstrucción de las diligencias e incluso muestra una falta de interés en el proceso, dificultando el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales pertinentes".

De este modo, critica Amnistía, la Fiscalía se opuso a que el Juzgado de Instrucción número 7 de Cataluña ofreciese a personas lesionadas poder personarse en el procedimiento a menos que hubieran presentado denuncia o hubieran tenido que recibir atención médica o quirúrgica. Añadió además que, según los datos de la Generalitat, el porcentaje de personas afectadas por "presunta violencia policial leve" ascendería a un 0,037%, mientras que el de afectados por "presunta violencia policial grave" tan sólo sería de un 0,000042%. Pero, además, el organismo no estuvo presente en las tomas de declaración de testigos ni formuló preguntas sobre los hechos objeto de investigación. 

Por todo ello, la ONG recuerda que el papel de este organismo de iniciar investigaciones relacionadas con un posible uso excesivo de la fuerza "deriva de la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la justicia y remedio efectivo por violaciones de derechos humanos". Por ello, le solicitan "cambiar radicalmente la actitud mostrada hasta ahora y adoptar un rol proactivo en los procedimientos en curso". No es necesaria una denuncia expresa, basta con que existan "motivos razonables para creer que ha tenido lugar un acto de malos tratos", explican. 

El Ministerio del Interior no abre investigaciones internas

"Si a esta actitud preocupante de la Fiscalía se añade la falta de investigaciones internas por parte del Ministerio de Interior en relación a los abusos cometidos el primero de octubre, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes en relación con el uso excesivo de la fuerza, la rendición de cuentas por lo ocurrido y el esclarecimiento de los hechos se ponen en riesgo", manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Además de la Fiscalía, la actitud de la institución dirigida por Juan Ignacio Zoido tampoco colabora en el esclarecimiento de los hechos.

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Además, según denuncia la organización, las declaraciones del ministro fueron "siempre exculpatorias del papel jugado ese día por las fuerzas de seguridad". En este sentido, y en consonancia con argumentaciones de la Fiscalía, el ministro Zoido culpó de las cargas policiales a los organizadores del referéndum, que actuaron con una actitud de "resistencia pasiva organizada". "Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar", señaló, denunciando la "organización y complicidad" de los organizadores, con la connivencia de las patrullas de los Mossos. Pero, además, Interior tampoco quiso mostrar información en relación a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Por todo ello, la ONG insta a Interior a comenzar con las investigaciones dentro de la institución, así como a "asegurar una plena colaboración con la justicia aportando toda la información requerida", suspender del servicio a todo aquel que esté siendo "objeto de una investigación disciplinaria" y retirar el uso de pelotas de goma. Este último es un aspecto que preocupa a la organización porque, denuncian en su informe, no existen protocolos sobre su uso "plenamente acordes con los estándares internacionales". 

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