“Las ciudades no se venden”: los vecinos salen a las calles para luchar contra la burbuja del alquiler y la turistificación

"Las ciudades no se venden". Bajo esa premisa y con ese eslogan, varias asociaciones han llamado a los vecinos y vecinas de varias localidades españolas y europeas a salir a la calle este sábado contra lo que definen como "mercantilización creciente de la ciudad". Así lo explica Álvaro Briales, portavoz de Madrid No Se Vende, una plataforma que hace justo un año realizó su primera movilización. Su objetivo entonces era el mismo. "Esa mercantilización pone la acumulación de beneficios del capital en el centro frente a la idea de poner a las personas en el centro", critica. Pretenden, por tanto, revertir esta situación. "Queremos reivindicar el derecho a la ciudad, el derecho a construir la ciudad en la que vivimos y el derecho a participar en las decisiones fundamentales", detalla en conversación con infoLibre. 

Así, los madrileños y madrileñas están convocados a las 19.00 horas en la plaza de Canalejas, desde donde partirán hacia Cibeles. Pero no lo harán solos. En Granada y Barcelona también les acompañarán y, por la mañana, saldrán a las calles en A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, València o ciudades del resto de la UE como Nápoles. Granada y Pamplona, por su parte, lo harán el próximo fin de semana. Todas ellas quieren lo mismo, quitarse el cartel de Se vende de sus calles y plazas. Pero, sobre todo, de sus viviendas. 

 

La reivindicación de este sábado no es nueva, sino que parte de varias demandas que ya fueron objeto de protesta en otras ocasiones. La lucha por una vivienda digna, por unos alquileres justos, contra la desigualdad, contra la contaminación creciente de las grandes urbes, por planes adecuados de urbanismo, etcétera. La lista es muy larga. Esta vez, en cambio, en lugar de protestar por separado decidieron hacer fuerza y unirse en un mismo grito en las calles, puesto que la semilla de todos sus problemas, según entienden, es la misma. "Queremos que este paraguas general nos siga manteniendo en la idea ambiciosa y general de transformación de la ciudad y que esto sirva para impulsar las luchas de esos colectivos particulares", concreta. "Las reivindicaciones vienen de los colectivos que ya estaban creados", añade. 

Por ello, no se puede definir quién convoca la movilización. "Ha habido una organización muy descentralizada, no ha habido ningún manifiesto general", explica Briales. De esta forma, lo que consiguen es respetar "los conflictos particulares de cada ciudad". "Ha sido fundamentalmente a través de la idea de 'No se vende'. A partir de ahí, cada colectivo se ha ido organizando en su ciudad", afirma. Porque, por ejemplo, el turismo y el problema que, denuncian, ha creado, la turistificación, no es la misma en Madrid que en Palma de Mallorca, al igual que la contaminación y sus efectos no son los mismos en Barcelona que en Las Palmas de Gran Canaria. Pero hay muchos otros problemas, todos ellos con el mismo origen, el "modelo de ciudad neoliberal", contra los que lucharán este sábado. 

La burbuja del alquiler

"La primera denuncia es la burbuja de los alquileres, que está generando cada vez mayor sufrimiento en muchísimas áreas metropolitanas del país", denuncia Jaime Palomera, miembro del Sindicat de Llogaters. "Somos el país de la OCDE donde el alquiler se come más sueldo", añade. Y le avalan los datos. Según un estudio publicado el pasado mes de abril por Alquiler Seguro, los inquilinos en España dedican entre un 30% y un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler de una vivienda. En concreto, casi el 35% de los encuestados afirma dedicar este porcentaje al pago de la renta del alquiler, mientras que un 29% dedica casi la mitad de su sueldo a pagar el alquiler, pues los precios medios de los arrendamientos encadenan ya más de 35 meses de subidas. 

¿Qué provoca esto? "Desahucios invisibles", lamenta Palomera. "Parece mentira que, después de la terrible burbuja hipotecaria que sufrimos, volvamos a estar otra vez alimentando una burbuja en los alquileres que se va a terminar desplazando a la compra", critica. 

Según detalla, este problema radica en la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada en 2013, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Según los cambios introducidos, los contratos de arrendamiento pueden ser rescindidos por los propietarios de forma unilateral pasados tres años de la firma, impidiendo a los alquilados tener una estabilidad residencial o comenzar un proyecto de vida. Piden, por tanto, su derogación. "Lo que exigimos es que se haga una nueva ley de alquileres que garantice contratos estables que sólo se puedan terminar cuando haya una necesidad familiar por parte del propietario y permitir a los ayuntamientos regular los precios para que no pongan en peligro la estabilidad de la gente común", afirma Palomera. 

"Como la mayor parte de la gente ya no puede acceder a hipotecas y accede al alquiler, el Gobierno legisló entre 2012 y 2013 para permitir que la especulación se trasladase a ese mercado", denuncia. Según critica, los precios comenzaron a subir como consecuencia directa de todas las medidas que tomó el PP en esos años. Se refiere, además de la modificación de la normativa que regula los alquileres, a la concesión de beneficios fiscales a las socimis, "fondos de inversión que compran edificios enteros para alquilarlos", que ni siquiera pagan el impuesto de sociedades. Por ello, grandes inmobiliarias han cambiado en los últimos años su denominación societaria para ahorrarse impuestos y captar capital extranjero. "Se bonifica a grandes especuladores", critica. 

"'Turistificación' salvaje"

El "modelo inmobiliario de burbuja" que, como explica Palomera, está provocando esta "crisis habitacional" está causando, a su vez, otro problema asociado: la turistificación. Es un concepto que, en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, se ha extendido rápidamente. Pero, ¿qué significa? "Se trata de desposeer a los vecinos ya no sólo de sus hogares, sino también de sus calles y de sus plazas, que son totalmente convertidas en un escaparate para el turismo y no para los vecinos". "La denuncia es contra la especulación inmobiliaria, que es una fuente de angustia, empobrecimiento y expulsiones en los barrios", concreta. 

Recientemente, Palma de Mallorca tomó la decisión más taxativa para frenar este fenómeno. El Gobierno local, integrado por PSB-PSOE, MÉS y Som Palma, podría prohibir en julio de este año los alquileres de pisos a turistas. Según prevén, sólo se permitirá el arrendamiento turístico en viviendas unifamiliares —casas aisladas o chalés—, que suman 23.000 de las 180.000 en la ciudad. Las plataformas tipo Airbnb o HomeAway, si no cumplen la normativa, podrían ser multadas, además, con 400.000 euros. El Ayuntamiento de Madrid, que ha recogido el testigo de la iniciativa, pretende también poner coto al fenómeno, que está provocando una subida abismal de los precios de los alquileres en la ciudad. Así, este jueves anunció que prepara una normativa en la que prevé prohibir alquilar a turistas viviendas que no tengan acceso independiente en el centro de la ciudad, lo que supone el 95% de los inmuebles, según datos municipales.

Pero, además, el proceso de turistificación va de la mano con otro proceso con un término más conocido: la gentrificación. Ambos tienen una consecuencia similar: la expulsión de las clases populares de sus barrios. La diferencia radica en que en el primero son sustituidos por turistas y, en el segundo, no interviene necesariamente el visitante. Las causas son distintas, además. "Tradicionalmente, cuando se hablaba de gentrificación se hablaba de la expulsión de personas de recursos menores porque se instalan personas más acaudaladas que pueden pagar alquileres más altos", explica Palomera. "Pero eso no es lo que está pasando", continúa, "el tipo de gentrificación que estamos viviendo en muchos casos supone simplemente que la gente es expulsada de su casa para muy a menudo mudarse al mismo barrio o mudarse al barrio de al lado y verse sometida a una precariedad residencial constante". ¿Por qué? De nuevo, la Ley de Arriendamientos Urbanos, que ha generado "un incentivo perverso enorme para que los propietarios terminaran contratos para aumentar la rotación, que los inquilinos se muevan por el mercado y se generen nuevos contratos".

Precariedad asociada a este modelo

Las medidas de Sánchez en materia de vivienda: un avance “positivo” pero “insuficiente”

Ver más

Estos aspectos, que derivan de ese "modelo de ciudad neoliberal" que denuncian, conlleva también otra consecuencia: la extensión y perpetuación de la precariedad, tanto de los que habitan las viviendas que acaban convertidas en espacios para el visitante como de los que trabajan en el sector turístico. "Cada vez hay más precariedad. Hay personas que pagan cada vez más por su casa y otras cobran cada vez menos por su empleo", denuncia Palomera. 

Las últimas cifras, conocidas en enero de este año, no invitan demasiado al optimismo. España recibió el año pasado 82 millones de turistas, un 9% más que en 2016, lo que sitúa al país como segundo destino mundial. Esto ha supuesto que las empresas turísticas hayan aumentado sus ventas un 6,9%, aunque estos beneficios no se han trasladado a sus trabajadores, puesto que el 97% de ellos firmó un contrato temporal. 

De momento, y para solucionar todos estos problemas, las asociaciones que convocan las marchas de este domingo no ven otra solución que salir a las calles. Y ya lo avisaron hace días. "Si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros", dijeron a infoLibre los miembros de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona. "La política tiene en su mano acabar con esta situación", sentencia Palomera.