El colectivo LGTBI planta cara a la impunidad de las agresiones y al abandono institucional

Este jueves está marcado en el calendario como Día Internacional contra la LGTBIfobia y el colectivo LGTBI ha decidido dejar a un lado las celebraciones. La situación de las personas que pertenecen a él obliga a cambiar el color del arcoiris por el negro y recordar que los delitos de odio, la inseguridad y el abandono institucional están todavía a la orden del día. “Lo que queremos es plantear que el movimiento y las movilizaciones no siempre tienen que ver con la alegría, necesitamos momentos de protesta y llamar a la rabia y al enfado”. Habla Carolina Cuadrado, activista y miembro de la Asamblea 17M, que este jueves ha organizado una marcha nocturna en Madrid. “Seguimos sufriendo mucha discriminación, violencias brutales”, mientras que a las personas trans todavía se les exigen “informes psiquiátricos y tratamientos para cambiar su identidad”, agrega. Tampoco se está “atajando el problema de acoso en las escuelas”, denuncia la activista, y el acoso callejero todavía dificulta gravemente sus vidas.

No faltan motivos para salir a las calles. En cuanto a los delitos de odio a nivel estatal, el Ministerio del Interior reseña en su informe de 2016 un total de 230 hechos conocidos registrados relacionados con la orientación o identidad sexual, lo que supone un 36,1% más que el año anterior. Sin embargo, el Observatorio LGTBI de la Comunidad de Madrid registró en su informe relativo a 2017 un total de 321 incidentes de odio sólo en la comunidad. El porcentaje de los incidentes denunciados, no obstante, se quedó en el 31%. Entre los incidentes mayoritarios se encuentran las agresiones verbales (un total de 110), discurso de odio (70), agresiones físicas (57), amenazas (27), denegación de servicios (18), acoso (12) o agresiones sexuales (8). El 89% de los agresores, además, son hombres y en su mayoría menores de edad. En todo caso, el Observatorio insiste en su análisis que los datos registrados no responden a todos los incidentes que ocurren en la región, sino a los que tienen capacidad de llegar.

Además, y según datos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), casi un 60% del alumnado ha sido testigo de ciberacoso hacia estudiantes del colectivo LGTBI o por ser percibidos como tales, de modo que el acoso escolar motivado por la orientación sexual, la identidad y la expresión de género “sigue siendo mayoritario en España”. También el ámbito laboral se convierte en un espacio inseguro para las personas del colectivo. “Todavía hay personas que renuncian a disfrutar de las medidas a las que tienen derecho −como son los permisos por matrimonio, nacimiento, adopción, acogimiento o por enfermedad de familiares− por miedo a visibilizarse”, sostiene la federación. “Un hecho tan cotidiano como tomar un café con las compañeras y los compañeros de trabajo tras un fin de semana o unas vacaciones puede llegar a suponer un momento de estrés para lesbianas, gais y bisexuales que siguen en el armario y que sienten que deben ocultar su vida privada para no exponerse”, explica.

Miedo a denunciar

La escasa visibilidad del colectivo en su cotidianidad y en los espacios de representación –cultural, mediática, publicitaria– está íntimamente ligado al miedo a denunciar. “La infradenuncia sigue siendo el mayor reto”, dice el Observatorio madrileño. “El colectivo LGTB sigue teniendo una gran desconfianza a acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sean estatales o municipales, después de siglos de persecución y décadas de desconocimiento”. Si bien reconoce que “se ha avanzado mucho en la formación de los policías”, el Observatorio estima que “aún queda mucho camino por recorrer para conseguir que el colectivo LGTB vea como un aliado a quien vela por su seguridad”. Según indica el Observatorio, los aspectos que determinan la infradenuncia son dos: “El tabú y la ausencia de activismo que provocan sombras en la recogida de datos”.

Carolina Cuadrado recuerda que las agresiones contra el colectivo están a la orden del día, incluso en la semana del Orgullo LGTBI, y que los espacios seguros no siempre son accesibles para todos. Cuadrado cree que el miedo a denunciar deriva, entre otras cuestiones, de una sensación común “de que luego no sirve para nada”. “Si uno denuncia y sabe que el agresor va a salir impune”, la víctima opta por evitar el trámite. El escaso acompañamiento, la revictimización o el aislamiento son factores que, a juicio de la activista, contribuyen a perpetuar las agresiones.

David Molina, portavoz de Orgullo Vallekano, cree que “mucha gente desconfía en las instituciones policiales” y lo hace por sentencias como el reciente dictamen de un Juzgado de Instrucción de Valladolid, que archivó como posible delito de odio la agresión homófoba contra una pareja gay al grito de “maricones”. En la justicia, denuncia Molina, “siguen quedando elementos muy conservadores y poco proclives a arreglar este tipo de visiones tan habituales”, lo que “promueve que la gente desconfíe de este tipo de instituciones”. La situación se agrava, a su juicio, respecto a las “personas migrantes sin papeles en regla, que no pueden hacer nada en la comisaría que no les suponga un problema enorme, con el añadido de una Ley de Extranjería inmoral y salvaje”.

Para Molina, la forma de abordar el problema requiere de una óptica doble: la perspectiva formativa y la punitiva. Es importante, entiende, insistir en la formación de jueces, fiscales y agentes de las fuerzas de seguridad, pero también es importante sancionar “a quienes dictan sentencias irreales, tanto en Pamplona como en Valladolid”, porque “están rayando la prevaricación de forma contundente y el Consejo General del Poder Judicial se tiene que poner las pilas”.

Voluntad política

En septiembre de 2017, el Congreso admitió la tramitación de la ley de igualdad LGTBI registrada en mayo por el grupo parlamentario de Unidos Podemos. A finales de abril del presente año, la ponencia para tratar la proposición de ley echó a andar con previsiones de que su debate sea “complicado” y “largo”. El principal objetivo de la norma consiste en homogeneizar las reglas básicas en defensa del colectivo y contra la discriminación que recibe, de manera que todos los puntos del territorio estatal se rijan por criterios comunes. Actualmente existen siete comunidades que ya cuentan con leyes similares: Cataluña, Extremadura, Baleares, Murcia, Navarra, Andalucía y Madrid.

El problema, no obstante, surge cuando “los protocolos no se están aplicando”. Así lo considera Carolina Cuadrado, quien critica que “las instituciones no actúen y que quienes tienen que proteger no protejan”. Si bien la ley estatal es “muy necesaria”, la activista subraya que su aplicación es fundamental y sólo depende de voluntad política.

También David Molina cree que “si no se llegan a aplicar es por falta de voluntad política y judicial”, de modo que las leyes “bienvenidas sean”, pero acompañadas por “mecanismos de aplicación”. La forma de conseguirlo, opina, es que la “sociedad civil organizada siga presionando”.

Mané Fernández, vicepresidente de la FELGTB, confía en que la ley “proteja a las personas e impulse una igualdad real”. Si una ley no se implementa, razona, “difícil es entender para qué se aprueba”, de forma que el activista confía en que “si se aprueba será para implementarla”. En todo caso, Fernández no obvia que existen comunidades donde la ley no se está implementando, y pone el ejemplo del autobús de Hazte Oír, “que no tendría que haber salido”. Fernández reconoce que “cuando se aprueban las leyes no son de implementación inmediata, pero tiene que llegar”, matiza.

Mercantilización del movimiento

Pese a denunciar la invisibilidad y marginación latentes, la Asamblea 17M observa un doble rasero a la hora de juzgar al colectivo. Mientras los problemas a los que se deben enfrentar son evidentes y derivan de una estructura machista y homófoba, la mercantilización y el blanqueamiento del colectivo, despojándole de su discurso reivindicativo, es tendencia. “Nos quejamos de que nuestras identidades y deseos únicamente sean válidos cuando se pueden mercantilizar y convertir en objetos de consumo, como viene ocurriendo en cada fiesta del Orgullo, en los espacios de ambiente de Chueca, en las políticas neoliberales y empresas que mercantilizan con nuestros derechos y en los destinos turísticos como Israel que instrumentalizan nuestras luchas para su lavado de cara”, señala la plataforma en su comunicado.

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“Nos lo han vendido muy bien”, observa Cuadrado. “El hecho de que grandes marcas nos patrocinen y haya un Orgullo mundial realmente lo que significa es que nuestros derechos importan en la medida en que reportan beneficio”. Al final, reflexiona, “ocurre que nos sentimos utilizadas” porque el movimiento “se desvirtúa, se ha despolitizado, se ha convertido en fiesta, celebración, y no se puede quedar solamente ahí”. Cuadrado estima que, de esta manera, el movimiento “pierde contenido político y capacidad de subvertir el sistema”.

Con ella coincide David Molina. La mercantilización, sentencia, “es preocupante y conlleva que las mayorías sociales se alejen de las reivindicaciones por verlas ligadas a intereses lucrativos de una minoría”. Ambos denuncian, asimismo, que se promocione Israel como destino turístico, un territorio que “ilegítimo y genocida que instrumentaliza la lucha” mientras a nivel interno desprotege los derechos del colectivo.

Sobre este asunto, Mané Fernández sostiene que su federación contiene a otras “44 entidades a nivel estatal” y que, como conjunto, se dedica a “hacer política” pero no es “empresarial”. Otra cuestión “diferente”, añade, “es que alguna empresa pueda colaborar” y en ese sentido la federación cuenta con unos “requisitos que tienen que ver con la realidad LGTBI”. “No somos mercantilistas, no trabajamos a ese nivel, ni mantenemos una opinión sobre qué pueden hacer empresas privadas” con este tipo de cuestiones. Respecto a Israel, el activista apela a la cautela y a tener en cuenta los colectivos que están trabajando sobre el terreno.