Desde que los migrantes llegan a España hasta que cumplen los 18: Save The Children denuncia los fallos en el sistema de acogida

Tan sólo durante este fin de semana, Salvamento Marítimo rescató a 274 personas que intentaban llegar a las costas españolas a bordo de una patera. El sábado fueron rescatados 121 migrantes y el domingo 153. Entre esta última cifra se encontraba una niña. Y no es extraño encontrar a varios menores de edad jugándose la vida en una ruta que, en lo que va de año, ya se ha tragado a 217 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Muchos de ellos, además, ni siquiera vienen acompañados de ningún adulto. Sin ir más lejos, en 2017 llegaron a España 2.417 personas en esta situación, un 60,4% más que en 2016. Así, en estos momentos hay 6.414 menores que llegaron solos a España y que se encuentran bajo la tutela del Estado.

Son datos recogidos por la organización Save The Children, que este lunes presentó su informe Los más Solos [se puede consultar en este enlace], con el que quiere denunciar los "fallos" y "obstáculos" del sistema de acogida, protección e integración de niños y adolescentes migrantes que llegan solos a España. De hecho, señala que España "no está preparada" para acoger a los menores y garantizar sus derechos. En este sentido, la organización denuncia que "falta voluntad" por parte de las administraciones públicas que, en opinión de la directora de Políticas de Infancia, Ana Sastre, siguen creyendo en la posibilidad de que un sistema de protección adecuado produzca un efecto llamada a más menores extranjeros y, de esta forma, aumente el número de llegadas. "Es falso, los niños salen de sus países porque allí se les trata mal, no porque aquí se les garanticen sus derechos", manifestó. 

"Los primeros días pensaba que hubiera sido mejor morir ahogado en el mar. Todo era diferente para mí". Son las palabras de Walid, uno de los menores entrevistados por Save The Children. Su discurso, no obstante, es compartido por los que han pasado por la misma situación. Omar, un senegalés que vino a España con tan solo 17 años, lo tiene claro: "Si pudiese volver atrás, no cogería jamás la patera y no se lo recomendaría un amigo", dijo durante la presentación del informe de la organización. "Me preguntan amigos que quieren venir y les digo que, desde mi punto de vista, si tengo que volver a mi país para ver a mi familia y la única forma es en patera, nunca volvería", añadió. Su historia, como la de casi todos los menores que vienen sin la compañía de un adulto, comienza con dificultades desde el primer momento en el que pisaron nuestro país. Y las dificultades continuaron, para la mayoría, hasta pasados los 18. 

Primer problema: el peligro de ser detenido o expulsado a su llegada

"Independientemente de cómo hayan entrado, el Comité de derechos del niño de la ONU establece que no se debe denegar el acceso ni devolver en la frontera a ningún niño que viaja solo", recuerda Save The Children. Pero, además, si consigue entrar, tampoco podrá ser detenido. "Bajo ningún concepto podrá un niño o niña ser detenido por su condición de migrante o por la entrada irregular al territorio", añade el informe hecho público este lunes. Sin embargo, estas dos situaciones se producen de forma habitual. "Si llevas pasaporte de Senegal, te devuelven del tirón", añade Walid. "Pasé tres días en el calabozo de la comisaría de Algeciras", añade Ahmed. 

En lugar de este tipo de actuaciones –la primera considerada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos–, los menores tendrán que ser sometidos a una serie de entrevistas que determinen adecuadamente su situación personal y sus vulnerabilidades concretas. "El objetivo", explica el informe, "es que las autoridades competentes puedan ofrecer los recursos específicos necesarios en cada caso". Sin embargo, la ausencia de referencias a este procedimiento en la legislación española hace que éste nunca incluya este tipo de actuaciones. En lugar de ello, la mayoría de los menores extranjeros no acompañados –conocidos como MENA– corren el peligro de ser víctimas de una "devolución sumaria" –sin identificación– o de ser trasladados a un centro de internamiento de extranjeros (CIE) o a una prisión, como ocurre con los mayores de 18 años. 

Segundo problema: ¿menor o mayor de edad?

"Uno de los momentos más controvertidos del proceso migratorio de estos niños y niñas es el de la determinación de la edad", critica Save The Children. Es uno de los mayores problemas, puesto que el hecho de que la persona tenga 17 ó 18 años influye en gran medida en su futuro inmediato. Y los procedimientos para determinar la edad tampoco están exentos de polémica. "Se trata de un proceso establecido para los casos en los que existen dudas sobre la edad de una persona indocumentada sobre su aspecto físico", explica el informe. "Las pruebas médicas que se han utilizado tradicionalmente y su cuestionada fiabilidad son el centro de la controversia", añade. 

Estas pruebas están reguladas por el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados, que se aprobó en octubre del año 2014, no sin el rechazo de algunas organizaciones. Para el Tribunal Supremo –que emitió sentencias al respecto de estas pruebas en 2014–, si el pasaporte determina que la persona tiene menos de 18 años, automáticamente debe ser puesto a disposición de los servicios de protección del menor. Sin embargo, el protocolo firmado anulaba esta decisión. "Ahora, incluso con pasaporte o documentos del consulado de su país en el que se indica que son menores de edad, se les somete a estas pruebas", afirmó la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, en conversación con este diario. ¿En qué consisten? "Son tres: una radiografía de la muñeca, de la boca, y la exploración de los genitales". Para la Fundación Raíces, esta última es una prueba "intrusiva y degradante" puesto que, además, se realiza en la Fiscalía. 

"Esta desconfianza en la documentación que aporta el o la menor es un grave peligro para sus derechos, ya que además de ser una disposición ilegal, puede dejar a menores en un 'limbo jurídico'", denuncia el informe. Así, se produce un "gravísimo menoscabo de sus derechos al no poder ejercerlos ni por sí mismos, como mayores de edad, ni a través de un tutor legal como menores", concluye la organización. 

Tercer problema: asignación de un representante legal

Se supone que debe ser automático pero, en cambio, existen graves retrasos en el proceso de asignación de un representante legal o un tutor para los niños y niñas que llegan a España sin la compañía de un adulto. Esto, una vez más, supone graves problemas y vulneración de sus derechos.

"La falta de representante supone que el niño no contará  con una persona que le represente en los procesos que le afectan y que se asegure de que está informado y comprende lo que ocurre en todo momento, especialmente para que se tenga en cuenta su opinión", lamenta Save The Children. La legislación prevé que este proceso dure nueve meses desde que el menor llegue a España. Así, el niño o niña podría tener acceso a un recurso de acogida a largo plazo y acceso a educación o sanidad. 

Además, aparte de tutor, la legislación española tampoco prevé que el menor tenga un asesor independiente que le acompañe en todo el proceso para asegurarse que entiende por todas las situaciones que pasa , las consecuencias de todo lo que dice o hace o el papel concreto de cada actor que interviene en las distintas fases del proceso de acogida. "Nadie se asegura de que se informe y se escucha al menor", critica la organización. 

Cuarto problema: la falta de integración desde la primera acogida

Según explica Save The Children, los jóvenes entrevistados destacan, como problema principal de la primera acogida, un problema con los plazos de estancia. Así, todos ellos "consideran que no se hace un seguimiento pormenorizado de su caso porque no se sabe cuánto tiempo se van a quedar", denuncia la organización. 

Lo que debería garantizar el sistema, según el informe, es una protección que incluya medidas estables en el tiempo que, de este modo, permitan a los menores alcanzar la autonomía que requiere integrarse en un nuevo país. En este sentido, la primera estancia por la que debe pasar el niño o la niña debe estar regulada por "profesionales competentes que conozcan las necesidades culturales, lingüísticas y religiosas de cada menor y que puedan satisfacer adecuadamente sus necesidades psicosociales y afectivas", más teniendo en cuenta el largo y arduo camino que han tenido que pasar para conseguir llegar a nuestro país.

Si no, la inadecuada acogida de estas personas hará que estas renieguen del sistema y prefieran no habitar los centros de acogida, complicando para siempre la adecuada integración como una persona autónoma. "Los niños y niñas se marchan de los centros de menores porque son entornos inhabitables", explicó José Palazón, presidente de la ONG Prodein, a este periódico. 

¿Cómo conseguir esa integración adecuada? Según los propios extutelados, mediante "la regularización de su situación administrativa, los recursos de acogida y las oportunidades educativas y de empleabilidad". 

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Desde Save the Children, avisan de que el sistema de protección actual "condena a estos niños a la precariedad y a la exclusión social" porque al cumplir 18 años se quedan desprotegidos y sin apoyo institucional. Por ello, reclaman la puesta en marcha de medidas urgentes, como la concesión automática de la autorización para trabajar cuando los menores alcancen la edad de 16 años.

Además de abogar por dar formación a todos los profesionales de los centros de acogida, Save the Children reclama una revisión del sistema de acogida para impedir que los menores pasen largas temporadas en centros diseñados para estancias temporales, al tiempo que solicita la configuración de "estándares de calidad" a nivel estatal para estos centros de internamiento que "aseguren una acogida digna". Asimismo, reivindica la inclusión del colectivo de menores extutelados para que tengan acceso preferente a vivienda, empleo, formación y prestaciones sociales.

De igual forma, Save the Children aboga por un sistema de acogida familiar para todos los menores migrantes que llegan solos, alegando que este una familia es el mejor espacio "para garantizar el pleno desarrollo y bienestar de estos menores". Para Sastre, desde las distintas administraciones públicas debe fomentarse el acogimiento en familias y "darles un lugar digno donde vivir". Con este objetivo, Save the Children ha abierto una petición de firmas en su página web para conseguir el apoyo de los ciudadanos en esta demanda.