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Caso Gürtel

El CGPJ impide que el juez De Prada asista a la vistas que decidirán los ingresos en prisión

  • La decisión se basa en un informe de los Órganos Técnicos del Consejo, en el que se recuerda que De Prada se halla en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial
  • El magistrado no se encuentra en servicio activo, "ni existe razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal

Publicada el 28/05/2018 a las 10:32 Actualizada el 28/05/2018 a las 17:25
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El presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa (primera fila-d), el 'número dos' de Gürtel, Pablo Crespo (primera fila-c) y Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes' (primera fila-i), en el banquillo de los acusados.

El presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa (primera fila-d), el 'número dos' de Gürtel, Pablo Crespo (primera fila-c) y Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes' (primera fila-i), en el banquillo de los acusados.

EFE
La Comisión Permanente del CGPJ (CGPJ) acordó este lunes en sesión extraordinaria que no permitirá al juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, asistir como pedía a las vistas de prisión que se van a celebrar a lo largo de la jornada respecto de los 16 de los condenados en el caso, porque entiende que "no procede en Derecho", según informó Europa Press.

La decisión se basa en un informe de los Órganos Técnicos del Consejo, en el que se recuerda que De Prada se halla en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial desde el pasado 23 de abril y mientras desempeñe el cargo de magistrado del Mecanismo Residual ante los tribunales internacionales de Naciones Unidas, y que el pasado 26 de abril quedó habilitado por la Comisión Permanente para la deliberación, redacción y firma de la sentencia, en cuya vista había intervenido con anterioridad a pasar a dicha situación administrativa.

Esa habilitación, añade el escrito, "se sustentó en lo que ordena el artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)", que establece que cuando un juez o magistrado sea trasladado o jubilado "deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado".

"En definitiva, la habilitación del magistrado en la deliberación y fallo de asuntos en el tribunal en el que tiene su plaza reservada mientras se halle en servicios especiales no lo es para poder participar en cualquier de los asuntos del órgano judicial, ni en las distintas incidencias que surjan con respecto a alguna de las causas en las que previamente intervino, sino, exclusivamente, en las actuaciones para las que el ordenamiento jurídico preestablezca su intervención", señalan los órganos técnicos.

De acuerdo con el artículo 256 de la LOPJ, esas actuaciones son las relacionadas con la deliberación, votación, redacción y firma de la sentencia, "pero no contempla aquella ni ninguna otra ley una suerte de autorización "ancla" o ad hominem para mantener su función en un tribunal al que, como consecuencia de su situación administrativa distinta a la de servicio activo en la Carrera Judicial, de presente no pertenece, y para participar en la resolución de cuestiones deducidas con posterioridad a su cese".

"La habilitación para ser llamado a la vista que deba decidir sobre el cambio de la situación personal de los acusados en el proceso en el que quedó habilitado para deliberar y firmar la sentencia, como cualesquiera otros incidentes procesales que a continuación pudieran producirse, lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción", dice el informe.

En este sentido, concreta que el magistrado no se encuentra en servicio activo en la Carrera Judicial, "ni existe razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal, constituido de manera especial y al caso", dice el informe, que añade que éste "podría incurrir en un supuesto de nulidad de pleno derecho".

En cuanto a la solicitud de ser habilitado para resolver las eventuales peticiones de aclaración o rectificación de la sentencia, los órganos técnicos subrayan que el objeto de estas es rectificar los errores en los que la sentencia ha incurrido "sin alterar el fondo de la misma" y que el artículo 267 de la LOPJ establece que habrán de ser resueltas "por el órgano jurisdiccional", sin alusión alguna al concreto titular de dicho órgano.

Además, la doctrina del Tribunal Constitucional que permite el recurso de aclaración lo hace respecto a aquellas cuestiones "que deriven necesariamente de la fundamentación jurídica de la sentencia", lo que concede a la aclaración un contenido muy limitado que permite que se practique por cualquiera que sea el titular del órgano jurisdiccional en el momento en que se solicite.

Por último, el informe señala que es doctrina del Consejo General del Poder Judicial, desde el acuerdo del Pleno de 17 de marzo de 1997, que la aclaración de sentencia "produce una vinculación objetiva que atiende al órgano jurisdiccional que dictó la sentencia cuya aclaración se solicita, y no subjetiva, esto es, a la misma persona que la dictó, razón por la que no es necesaria para esta operación la identidad de las personas que compusieron el tribunal".

Por todo ello, la Comisión Permanente acordóo trasladar a José Ricardo de Prada que "no procede en Derecho la habilitación para integrar el tribunal que deba conocer de las pretensiones que, en su caso, se deduzcan en la pieza de situación personal de los acusados en el PA 5/2015 de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni para rectificar o aclarar la Sentencia dictada en aquella causa".

El acuerdo fue aprobado con el voto de calidad del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, después de que la votación haya arrojado un empate a cuatro. Votaron a favor, además de Lesmes, los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías; mientras que se pronunciaron en contra los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

La resolución contará con dos votos particulares: uno discrepante de Rafael Mozo y Concepción Sáenz y otro concurrente de Juan Martínez Moya y José María Macías.
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15 Comentarios
  • Isegor Isegor 29/05/18 17:56

    Si el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional de esta España muy española pudieran hacer resucitar a Montesquieu, a buen seguro que el juez Llarena ya le hubiese dictado orden de encarcelamiento al peligroso pensador francés. Nuestro ultra-patriótico poder judicial solo reconoce e interpreta las leyes y principios Fundamentales del Movimiento surgido del 18 de julio de 1936. Como dios manda diría Rajoy.

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  • Pelias Pelias 29/05/18 09:55

    ¡Ya avisó Platón hace 25 siglos: la Justicia está en el mundo de las Ideas! Lo de por aquí abajo es pura filfa. Y eso qué bien lo saben en el CGPJ. Ellos se lo cuecen y ellos se lo comen.
    Entre el Gobierno de M. Rajoy y el CGPJ del sr. Lesmes estamos llegando a unos niveles de "filfa" tales en este país, que difícilmente hubiese imaginado cualquier platónico ... 

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  • Hammurabi Hammurabi 29/05/18 07:17

    Si Voltaire levantara la cabeza, que hostia se iba a dar en la cabeza.

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  • jhgb jhgb 28/05/18 21:45

    Como quieren que confiemos

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  • CarlosP58 CarlosP58 28/05/18 20:53

    La sospecha la llamo impunidad, esa de la que goza la derecha económica y política y esa medio izquierda que, cuando gobierna, les es útil y obediente.
    Sin Justicia eficiente, no de palabra, lo que hay es IMPUNIDAD, para el Ppcorrupto, el Tesorero de Ciudadanos, los Eres de Andalucía, los bancos y las Preferentes y todos esos tinglados que han destrozado nuestro Estado del Bienestar, con la excusa de la Crisis que es una ESTAFA.
    Por lo tanto, Lesmes y el CGPJ obedecen la voz de su amo. No cumple su tarea de Funcionario Público del Ministerio de Justicia al servicio de los españoles.
    Lamentable, pero es así. Hace falta una limpieza profunda, no sólo del Ppcorrupto.
    Saludos y Periodismo Libre.

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  • Damas Damas 28/05/18 19:33

    Aunque aquí se recojan las razones (que no soy capaz de seguir) esgrimidas por el CGPJ para tomar esa decisión, esta me hace sospechar que hay otros motivos.

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  • Joselito Joselito 28/05/18 18:46

    No iba muy descaminado, aquel viejo militante de izquierdas, que sabía poco de leyes, pero mucho de Justicia, cuando aseguraba de que en este país, la Justicia continuaba siendo una mierda. Los últimos hechos y sentencias le dan la razón. Razón que yo también suscribo.

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    • Pelias Pelias 29/05/18 11:06

      ... Que yo recuerde era un nacionalista andaluz, alcalde Jerez, y tendiendo hacia la derecha ... Mis excusas si me equivoco. 

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  • CuzoVello CuzoVello 28/05/18 17:40

    Los jueces incluidos los del cgpj deberían recordar que también ellos pueden ir a la carcel en caso de prevaricación. Algunos lo están rondando.

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  • Aserejé Aserejé 28/05/18 16:47

    M. y Catala: Este Juez nos interesa pues p'allá, este no pues o lo ascendemos y al extranjero o lo enviamos a tal pueblo a escardar cebollinos, como dijo Ignacio Gonzalez muy graficamente respecto de los jueces q no son afectos a su regimen PPodrido. !Vaya sistema q se han montado! Esto si q no ocurre ni en Belgica! (POr citar un pais donde los del PP critican a sus jueces por no ser imparciales)

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  • vibado vibado 28/05/18 15:53

    La ninguna vergüenza de los grandes jueces ,de las mas altas instituciones judiciales , acongoja ,como por ejemplo Lesmes del consejo chanchullero de la derecha , LLanera por ahí va

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