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Los abusos de la banca

El juez mantiene imputado a Narcís Serra y otros cuatro exdirectivos de CatalunyaCaixa por operaciones inmobiliarias

  • Ordena el archivo de las actuaciones para otros diez, entre ellos el ex director general Adolf Todó
  • Parecen existir "notables irregularidades en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios denunciados", como conflicto de intereses, pagos de terrenos sin tasaciones independientes, etc.

Publicada el 04/06/2018 a las 17:19 Actualizada el 04/06/2018 a las 18:02
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El exministro y expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, este miércoles en el Congreso.

El exministro y expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, en el Congreso.

E.P.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó un auto en el que mantiene la imputación contra el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra y otros cuatro exdirectivos de CatalunyaCaixa por unas operaciones inmobiliarias entre los años 2000 y 2007, proyectos en los que habrían existido "notables irregularidades", informa Europa Press.

Después de escuchar a toda la antigua cúpula de la entidad en sede judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 decidió seguir investigando a Narcís Serra, José María Loza, Lluis Gasol, Eduardo Aznar y Joan Valls. Del mismo modo, acordó el sobreseimiento de otros diez exdirectivos: Adolf Todó, Joan Güell, Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso Roca, Joan Echaniz y Josep Molins.

Según el auto del magistrado, entre los años 2000 y 2007 CatalunyaCaixa ejecutó "una intensa y creciente actividad inversora inmobiliaria que, a su vez, exigía y comprometía importantes volúmenes de facilidades crediticias, necesarias e imprescindibles para el desarrollo de los proyectos a acometer".

"En la mayoría de casos –añade–, el aval y fiabilidad que se otorgó a las proyecciones supuso cometer las inversiones sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados".

Sin valoraciones independientes

Y es que, según Moreno, "a pesar de la dimensión y el riesgo" de los proyectos, "las decisiones de inversión se sancionaban favorablemente sin mediar previas valoraciones independientes de los activos urbanísticos", mientras que la instrumentalización de las operaciones se realizó "frecuentemente sin la inclusión de cláusulas resolutorias que cubriesen los intereses de la entidad o, de incluirlas, éstas no fueron ejecutadas o fueron insuficientes".

A su juicio, parecen existir "notables irregularidades en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios denunciados, ya que no pueden entenderse suficientemente" la ausencia de garantías para recuperar el precio satisfecho en la adquisición de los terrenos en el supuesto de no conseguir la calificación urbanística idónea, los notorios conflictos de intereses, el pago de elevadas sumas por los terrenos según lo fijara el socio (sin tasaciones independientes), o la adquisición de terrenos que podían estar afectados por normas comunitarias y autonómicas, entre otros aspectos.

Aunque el juez recuerda que la Fiscalía Anticorrupción cree que pudieron convivir "posibles conflictos de interés" en 17 de 32 de los proyectos inmobiliarios denunciados, el magistrado centra sus sospechas en una decena de proyectos acometidos por dos de las sociedades creadas para la consecución de las operaciones inmobiliarias: Torca Procam Polska y Vertix Procam (Landomus).

Pero mientras Moreno mantiene la imputación contra Serra y otros cuatro exdirectivos, archiva de manera provisional la causa para otros diez investigados por no quedar debidamente justificada su participación en los hechos denunciados.

Archivo en los acuerdos de separación de socios

Por otro lado, el magistrado decidió archivar la causa respecto de todos los investigados en lo que se refiere a los acuerdos de separación de socios efectuados en los años 2008 y 2013 puesto que, tal y como sostiene la Fiscalía, "no puede afirmarse que los administradores actuaran con una clara voluntad de perjudicar a la entidad y beneficiar a terceros cuando tomaron las decisiones de separación de socios ni en ejecución de tales actos".

Además, a su juicio, no existen elementos suficientes para entender que los administradores de CatalunyaCaixa "actuaran con un ánimo de perjudicar a la sociedad, ni de que se obtuviera beneficio económico personal o ajeno como exige el tipo penal".

En cualquier caso, señala Moreno, los hechos estarían prescritos, al no ser apreciable la existencia de continuidad delictiva entre ellos, sin que "incluso se llegue a considerar suficientemente justificada la perpetración del delito en cada uno de los actos de separación de socios y proceda su sobreseimiento provisional para todos los investigados que formaron parte de los órganos de decisión a partir del año 2008 y aprobaron tales operaciones".
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