La Guardia Civil afirma que los observadores internacionales del 1-O recibieron pagos de hasta 20.000 euros

Uno de los últimos informes entregados por la Guardia Civil en los juzgados donde se está investigando el procés desvela lo que cobraron personalmente algunos de los observadores internacionales que contrató la Generalitat de Cataluña para el referéndum del pasado 1 de Octubre. En el listado se refleja que alguno de ellos pudo llegar hasta casi los 20.000 euros,según informaciones de Europa Press.

Se trata de las 14 personas del grupo de observadores de Helena Catt, una consultora electoral del Reino Unido, entre los que estaban diez expertos investigadores –Helena Catt, Lloyd Dalziel, John Ault, Michael Grange, Samuel Cunningam, John Caradog, Grandvoinnet Serafini, T. Duffy y Kippen Kimberli– y un apoyo de cuatro administrativos.

Todos ellos han recibido 112.993 euros como honorarios, a los que hay que sumar otros casi 52.000 euros en los gastos de alojamiento y transporte, según el informe de la Guardia Civil. De esta forma, la mayor parte de ellos han recibido dos, tres y hasta cuatro pagos de la Generalitat. El que más ha cobrado ha sido Lloyd Dalziel –19.300 euros en cuatro pagos–, mientras que el segundo fue John Ault –16.450 euros en cuatro tandas–; les siguen Samuel Cunningham –13.947 euros de tres veces–, Kimberly Kippan –12.023 euros–, Michael Grange –11.929 euros–, John Caradog –10.024 euros en dos pagos–, Helena Catt –8.775 euros–, Grandvoinnet –6.818 euros– y Terry Duffy –5.820 euros–.

Los ayudantes recibieron hasta 2.800 euros

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El resto de los pagos –hasta alcanzar los casi 113.000 euros– fueron a parar a los cuatro integrantes del equipo de apoyo administrativo: Alex Ollington –700 euros–, Ashley Griffiüls –800 euros–, Thomas Fidlery –2.240 euros– y Tobías Byfield –2.800 euros en dos–.

Según el citado informe del Instituto armado, los gastos abonados por el Diplocat ascendieron hasta los 162.070 euros (sin contar el IVA) y están pendientes de pago adicional la cantidad de 2.750 euros.

Los investigadores destacan el hecho de que estos gastos van acompañados de una declaración responsable emitida por Albert Royo Marine –relacionado con Raül Romeva–, representante del Diplocat, reseñando que no van dirigidos a la financiación de ninguna actuación ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales. Royo, secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, está citado a declarar en calidad de investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.