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Caso de los ERE

La Cámara de Cuentas vio "anarquía" en los expedientes de ayudas de los ERE, que se dieron sin criterio

  • De los 102 expedientes revisados en 2011, sólo seis tenían solicitud y 50 de ellos no contaban con "ningún documento"
  • Empleo "no realizó un diseño de las ayudas, ni estableció requisitos o justificación, pues no había orden reguladora"

Publicada el 18/06/2018 a las 17:23 Actualizada el 18/06/2018 a las 17:50
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La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoz, en la sala de la Audiencia de Sevilla, donde ha declarado como testigo en el juicio de la pieza política del 'caso ERE'.

La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoz, en la sala de la Audiencia de Sevilla, donde ha declarado como testigo en el juicio de la pieza política del 'caso ERE'.

EFE
Nuria Mendoza Domínguez, auditora la Cámara de Cuentas de Andalucía, señaló este lunes que las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos "no respondían absolutamente a ningún criterio", pues, según añadió, en los expedientes "no aparecía vinculación a marco legal" alguno, añadiendo al respecto que los expedientes administrativos era "la anarquía, cada uno era distinto al anterior", informa Europa Press.

Mendoza Domínguez declaró este lunes como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE irregulares entre los años 2001 y 2010.

Precisamente, Mendoza Domínguez fue la coordinadora del equipo de la Cámara de Cuentas que revisó los expedientes de concesión de ayudas por la Dirección General de Trabajo a petición del Consejo de Gobierno en 2011, una vez que se abrió la causa de los ERE en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Así, explicó que durante el trabajo contaron con "limitaciones derivadas" de que en Empleo "no había registro de las ayudas dadas", conociendo los pagos por IDEA. "No sabíamos si todas las ayudas que conocíamos eran todas las ayudas dadas", manifestó a este respecto.

En concreto, se analizaron, como muestra, un total de 102 expedientes de ayudas, de los que "seis contaban con solicitud de las ayudas, 50 sin ningún documento y 46 recogían protocolos, acuerdos o actas". Respecto a esto último apuntó que "dábamos por bueno cualquier cosa".

Afirmó que Empleo "no realizó un diseño de las ayudas, ni estableció requisitos o justificación, pues no había orden reguladora", observando como requisitos los recogidos en los ERE que acompañaban al expediente de las ayudas, aunque no siempre había uno.

En los expedientes había acuerdos, protocolos o actas firmados entre el director general de Trabajo y sindicatos o asociaciones de trabajadores, incluso empresarios, lo que calificó como "pacto social". "Era la anarquía, cada expediente era distinto al anterior", aseguró.

Según precisó, elaboraron un borrador de informe en mayo de 2012, que fue sometido a una revisión técnica por cinco coordinadores de la Cámara de Cuentas. A continuación, se elaboró el anteproyecto de informe para su revisión en el pleno del órgano fiscalizador autonómico. Entonces se abre una fase de alegaciones para dar "oportunidad" al órgano gestor para que conozca conclusiones, recibiéndose 109 alegaciones.

Empleo conoció el informe antes de las autonómicas de 2012

En este proceso hubo una modificación del procedimiento normal y se permitió enviar a la Consejería de Empleo antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2012 el informe y sus conclusiones para su conocimiento, por si después de las mismas "no estaban" sus responsables.

Señaló que no hay variaciones "sustanciales" entre las conclusiones del informe provisional y el definitivo, sí en el contenido del mismo tras informes del gabinete jurídico de la Cámara, a quien se le solicitó dos informes sobre cuestiones jurídicas y posibles responsabilidades contables.

Mendoza ratificó cada una de las conclusiones del informe inicial y comparándolas con las del definitivo. Comenzó por la ausencia de delegación de competencias para que el director general de Trabajo asumiera la concesión de ayudas, que existía "como normativamente está establecido, ni expresa, ni concreta, ni publicada".

Cuestionada sobre si las ayudas se concedieron al amparo de las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 de ayudas previas a la jubilación y excepcionales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresa, explicó que "no había referencia alguna en los expedientes a estas órdenes", asegurando que las ayudas "no respondían absolutamente a ningún criterio".

Además, indicó que "no aparecía vinculación a marco legal" alguno, precisando que analizaron bajo el "paraguas" normativo existente en la comunidad andaluza, la Ley de Hacienda Pública y del Reglamento de Subvenciones. "Pedíamos lo mínimo en concesión de ayudas, solicitud, seguimiento de los fondos, justificación de finalidad, memoria, etc.", afirmó.

Mendoza explicó que las subvenciones se analizaron como excepcionales al no existir base reguladora, aunque "no se aprecia acreditado el carácter de excepcional ni requisitos ni la urgencia". A su juicio, conceder durante "diez años" ayudas de "forma reiterada y permanente" "no reviste carácter de urgencia". Este sistema "mantenido en el tiempo" debería haber sido objeto de una regulación específico.

De otro lado, en el primer informe se indicaba que el uso de las transferencias de financiación para allegar fondos a IFA/IDEA para el pago de las ayudas, suponía "un uso en fraude de ley" de esta figura porque "se usaron para conseguir actuaciones distintas" al ordenamiento jurídico.

Si bien, según precisó, en la Cámara de Cuentas se tiene por criterio "no usar términos fuertes" y "ser más comedidos", por lo que cambiaron "en uso de fraude de ley" por uso "inadecuado" de las transferencias en el informe definitivo.

Otra de las conclusiones era la ausencia de fiscalización previa por parte de la intervención delegada en la Consejería de Empleo de los expedientes de gastos de las ayudas. "Los expedientes planteaban muchas anomalías", manifestó, insistiendo en que los expedientes administrativos no eran expedientes de gastos para su fiscalización, "no había expedientes de gastos".

Mendoza no considera que la intervención estuviera obligada a recabar año a año los expedientes administrativos a la Dirección General de Trabajo como hizo en 2005 para el informe adicional del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA y reiteró que era un procedimiento –de concesión de ayudas– "tan anormal, que todo estaba confuso".

De otro lado, afirmó IFA/IDEA pagó ayudas con fondos allegados por la Consejería de Innovación por transferencias de financiación, aunque no precisó en qué ejercicios.

"Se aprecia y se constata el riesgo de menoscabo"

Igualmente, manifestó que la Intervención sabía "año a año" que el procedimiento no se corregía a pesar de las recomendaciones, sino que era una "práctica habitual" entre la Dirección General de Trabajo e IFA/IDEA, afirmado que la existencia de menoscabo es "evidente" porque éste llevó a la Consejería de Empleo a "refinanciar los pagos", una conclusión que se "matizó" en el informe definitivo.

No obstante, al hilo de esto manifestó que la apreciación de menoscabo es "muy subjetivo" y si no se hizo informe de actuación es porque "no se apreció". "A la vista nuestra, diez años después, se aprecia y se constata el riesgo", aseguró.

En este sentido, indicó que la Intervención no realizó informe de actuación pero se usaron "otras herramientas para informar a Empleo y a IDEA". Al hilo de esto, indicó que IDEA en el Consejo Rector, donde había responsables de Empleo, debió haber puesto en conocimiento de éstos las dificultades para asumir las recomendaciones recogidos en los informes anuales del Control Financiero Permanente, que estaban dirigidos a la actuación de Empleo.

Además, para Mendoza, cuya declaración continúa este martes, las consejerías de Economía y la de Innovación también tenían que saber la situación derivada del uso del procedimiento porque eran destinatarios de los informes de Control Financiero Permanente, no siendo sólo Empleo quien tuviera que asumir la resolución de la situación, sino que afectaba a más órganos gestores.
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