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Migrantes

El 65% de los españoles cree que hay acoger a los migrantes que se juegan la vida en el Mediterráneo

  • Oxfam Intermón presenta un informe y una encuesta en la que se refleja, además, que el 70% de los ciudadanos opina que hay que ayudar urgentemente a las personas refugiadas porque están en peligro extremo
  • "El Gobierno de los últimos años de Mariano Rajoy ha tenido una respuesta de mínimos", ha criticado la organización, que ha mostrado su confianza en que el nuevo Ejecutivo cambie la política de asilo

Publicada el 19/06/2018 a las 10:15 Actualizada el 19/06/2018 a las 11:52
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Un grupo de personas migrantes y refugiadas espera su turno para embarcar en un barco que los transporta desde la Ciudad Autónoma de Melilla hacia Málaga.

Un grupo de personas migrantes y refugiadas espera su turno para embarcar en un barco que los transporta desde la Ciudad Autónoma de Melilla hacia Málaga.

Oxfam Intermón / Pablo Tosco
El 65% de los españoles creen que hay que facilitar leyes de acogida y asilo para que las personas migrantes y refugiadas no mueran en el Mediterráneo. Son datos extraídos de una encuesta realizada por Oxfam Intermón presentada este martes en Madrid en la que, además, se detalla que el 70% de los ciudadanos de nuestro país opina que hay que ayudar urgentemente a las personas refugiadas porque están en peligro extremo. "Ante la llegada de personas refugiadas a Europa, ha crecido la atención y el interés de la ciudadanía por buscar alternativas para estas personas", afirma la organización.

El estudio, no obstante, se realizó antes de la crisis del Aquarius, el barco operado por SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras que rescató a 629 personas cuando intentaban llegar a Europa por la ruta del Mediterráneo central y que, finalmente, han sido acogidas en España. Este caso concreto puso, durante una semana, las políticas de asilo y migratorias en el centro del debate mediático, aunque las consecuencias que este pudo tener no se reflejan en las respuestas de los españoles a las preguntas de Oxfam. 

El periplo de nueve días a bordo del buque tuvo su origen en la decisión tomada el pasado 10 de junio por el ultraderechista y xenófobo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que cerró todos sus puertos a los migrantes a bordo del barco y se saltó, así, la obligación de los Estados de ofrecer un puerto seguro. Y este tipo de medidas no tienen buena acogida por parte de los españoles. En este sentido, el 87% de los encuestados cree que se podría hacer más para ayudar a estas personas y el 80% teme el crecimiento del racismo y la xenofobia

No obstante, el discurso de algunos líderes europeos con ideología antiinmigratoria también ha calado en algunos ciudadanos. De esta manera, el 55%, más de la mitad, cree que el principal problema de ofrecer asilo a los migrantes y refugiados es que entren en nuestro país terroristas infiltrados. Por su parte, un 47% opina que, cuanto más personas se acojan, más migrantes vendrán. Es el argumento clásico del efecto llamada
 

El Gobierno de Mariano Rajoy: "Una respuesta de mínimos"

En paralelo al estudio, la organización ha presentado este martes un informe sobre el desplazamiento global y la respuesta que ha dado y da España ante estos movimientos migratorios. El gesto tomado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ofrecer acogida a todas las personas que fueron rescatadas por el buque Aquarius ha supuesto una modificación de las políticas en materia de asilo y migración que llevó a cabo el anterior Ejecutivo conservador. 

"El Gobierno de los últimos años de Mariano Rajoy ha tenido una respuesta de mínimos, centrada exclusivamente en responder a la política europea de migración, con un perfil bajo y con un presupuesto para ayuda humanitaria ínfimo. El Ejecutivo no asumió la dimensión de esta crisis y por ende no dio una respuesta adecuada", critica Oxfam. 

Y lo evidencian con datos: España no ha cumplido con las cuotas de acogida a las que se comprometió con la Unión Europea en el año 2015. Cuando terminó el plazo dado por los Veintiocho, el pasado 26 de septiembre, España había recibido a 1.983 personas, aunque el compromiso adoptado era de 17.337, tanto por la vía de la reubicación –es decir, la acogida de personas procedentes de Grecia e Italia– como por la del reasentamiento –el traslado de personas de países externos a la Unión Europea, principalmente Turquía o Líbano–. Ahora, casi 10 meses después, la cuota de reasentamiento está a punto de cumplirse, pero la de reubicación, todavía, queda lejos: ha llegado tan solo el 14% de lo que tendría que haber sido.

Además, la falta de desarrollo del reglamento de la Ley de Asilo aprobada en 2009 ha impedido que se definan mecanismos para garantizar vías legales y seguras. "Sin él, las embajadas no están obligadas a atender las solicitudes de asilo, no hay claridad sobre cómo debería producirse el traslado y se dificulta la reagrupación familiar", critica Oxfam. 

"Los flujos deben ser gestionados, no frenados"

"Todos los indicadores señalan que el desplazamiento global es un fenómeno que no va a parar. Los flujos migratorios deben ser gestionados, no frenados", insiste la organización, que confía en que el nuevo Gobierno no se quede en el mero gesto que se tuvo con el Aquarius, sino que se inicie un cambio real en materia de migración y asilo. "El nuevo Gobierno ya ha dado señales de que esta agenda la tienen en consideración, pero ahora que han llegado al Ejecutivo deben dar un signo claro de que se convierte en una de sus prioridades en su acción interior", añaden.

En este sentido, desde Oxfam consideran imprescindible poner en el centro del debate los derechos de las personas que migran, promover un enfoque de mujer en las políticas de desplazamiento global y extender las vías legales y seguras para las personas en movimiento. Para llevar a cabo este último requisito es necesario, en primer lugar, cumplir con las cuotas y desarrollar ese reglamento de 2009 que, desde todas las ONG, tanto reclaman desde hace nueve años.  

Además, desde la ONG solicitan aumentar la ayuda y "no pervertirla", hacer efectivo el compromiso con el Tratado de Comercio de Armas y dejar una impronta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. "Esperamos que el Gobierno siga en esta línea, cumpla con sus compromisos y que vaya más allá, garantizando una gestión del desplazamiento global que ponga los derechos de las personas que se mueven en el centro", afirman.
 
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