Sanidad

Expertos reclaman al Gobierno que la nueva regulación del copago proteja a las familias vulnerables

Interior de una oficina de farmacia.

Aunque "llevará más tiempo", según palabras de la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, entre las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez está modificar la regulación sobre el copago que heredó del Ejecutivo del PP, especialmente en relación a las personas que se encuentran en situación vulnerable y los pensionistas, que hasta julio de 2012 sólo había contribuido a pagar los medicamentos a través de los impuestos, y que fueron los principales afectados por el cambio de modelo, pues empezaron a abonar el 10% del precio de los fármacos con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta.

Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. Para el copago de los activos no se establecieron límites máximos. Además, mantuvieron la exención los parados sin prestación ni subsidio, las personas con discapacidad y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas, así como los perceptores de rentas de integración social. 

Un portavoz autorizado del Ministerio de Sanidad confirma a infoLibre que modificar el actual modelo de copago farmacéutico es una "prioridad", si bien señala que la decisión tiene que estar consensuada tanto con el Ministerio de Hacienda, por el impacto presupuestario que pueda tener, como con las comunidades autónomas, dado que la gestión de la prestación farmacéutica está transferida. Todavía no hay una decisión tomada sobre si el objetivo será volver únicamente a la situación previa a la reforma sanitaria que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2012 o hacer algún cambio de más calado. 

Los expertos consultados por este periódico reclaman al Ejecutivo que, ya que se inicia el debate, se lleven a cabo cambios más profundos. Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía Aplicada Universidad de las Palmas de Gran Canaria y miembro de la Asociación Economía de la Salud (AES), cree que esta es una buena oportunidad para resolver los "problemas" que tenía la situación anterior especialmente en términos de "equidad". A su juicio, lo más interesante sería establecer topes máximos en función de la renta también para los activos quizá estableciendo más tramos que los actuales para diferenciar mejor los tramos entre 18.000 y 100.000 euros de renta familiar. 

Esta experta entiende, además, que quizá también ha llegado el momento de preguntarse si las personas que tienen pensiones más altas también necesitan que sus tratamientos estén subvencionados. "Habría que hacer una valoración presupuestaria al respecto", señala. El doctor José Polo, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), va un poco más allá. Cree que directamente habría que eliminar la distinción entre activos y pensionistas porque es una cualidad que no marca ninguna diferencia ni de necesidad ni de renta que, a su juicio, es el único criterio que se debería tener en cuenta. 

"Con la crisis cada vez vemos en consulta a más pacientes con empleos precarios y con hijos a cargo. Lo más justo sería que ellos tuvieran acceso a una subvención mayor que la del 40% que tienen la mayoría de trabajadores", subraya el doctor Polo, que también apuesta por ampliar a otras dolencias como el colesterol la aportación reducida, que es una subvención que hace que los pacientes, sin importar su nivel de renta, paguen un 10% de su precio con un límite de 4,13 euros por receta.

"Por ejemplo, ante riesgo cardiovascular, muchos pacientes tienen que tomar medicación anticoagulante, contra el colesterol y contra la tensión, que pueden sumar alrededor de cuarenta euros al mes, una cantidad elevada para una familia que pasa necesidades", subraya. "Está claro que no hay dinero para todo, por eso es relevante buscar la máxima equidad y eficacia en la inversión. Sería interesante que se pudieran empezar a financiar otras prestaciones de precio elevado para los pacientes más vulnerables", añade este profesional de atención primaria. Y cita, por ejemplo, los productos de ortopedia, la salud bucodental cubriendo las prótesis dentarias a personas mayores o las gafas. 

No está de acuerdo con la visión de Polo el doctor jubilado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que cree que habría que volver a la exención para todos los pensionistas, pues recuerda que más del 40% de ellos percibe una prestación contributiva que no llega a 735,9 euros al mes, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "El modelo anterior tenía alguna limitación, pero se asemejaba bastante a la realidad porque entre los pensionistas están las personas más mayores y, por tanto, más enfermas y con más dolencias crónicas", asevera. 

Valor terapéutico

Aunque más a largo plazo, tanto González López-Valcárcel como Polo, creen que también podrían establecerse porcentajes de copago en función de la efectividad (valor terapéutico) de los tratamientos, tal y como ocurre en Francia. "Actualmente están financiados fármacos de evidencia científica dudosa, lo que genera grandes bolsas de ineficacia", subraya Polo.

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Todavía no se ha pronunciado sobre cambios concretos, pero la titular de Sanidad sí ha reiterado que es momento de hablar de la repercusión que este copago tiene sobre la salud. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, donde ocupó la Conselleria de Sanitat desde 2015 hasta que fue nombrada ministra, tras constatar que había personas que renunciaban a los medicamentos por no poder pagarlos, puso en marcha la compensación del copago farmacéutico para los colectivos más vulnerables. 

En concreto, para los jubilados con rentas de menos de 1.000 euros, personas con discapacidad superior al 65% que no estuvieran exentas, menores que adscritos a una tarjeta sanitaria cuyo titular percibe menos de 18.000 euros anuales e hijos de migrantes en situación irregular. También se crearon ayudas para la compra de productos ortoprotésicos. Según datos facilitados por la Generalitat valenciana, con esta medida, el abandono de tratamientos se redujo en un 37,6%.

De hecho, 1,8 millones de residentes en España renunciaron a tratamientos recetados por médicos de la sanidad pública durante 2017 al no poder permitírselo por motivos económicos, según una estimación realizada por este periódico a partir de los datos del último Barómetro Sanitario, que desveló que el 4,7% de los encuestados aseguraron haber dejado de tomar algún medicamento prescrito por este motivo. Los profesionales consultados vincularon esta cifra a la ampliación del sistema de copagos, la exclusión sanitaria y la alta tasa de personas en riesgo de pobreza. 

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