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Patrimonio

La comisión de expertos concluye que el Pazo de Meirás es público y que los Franco solo recibirían una compensación

  • Los expertos convocados por la Xunta logran acreditar más de 30 años de uso institucional de la vivienda para argumentar que por "fuerza de uso" es un inmueble público
  • Una sentencia firme del Tribunal Supremo a favor del Estado significaría la liquidación de la propiedad y la compensación económica de los actuales propietarios del pazo por los gastos de mantenimiento desde la muerte del dictador

Publicada el 26/06/2018 a las 13:47 Actualizada el 26/06/2018 a las 13:48
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Pazo De Meirás

Las Torres de Meirás o Pazo de Meirás, en el término municipal de Sada (La Coruña).

EFE
La propuesta jurídica de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura para estudiar la incorporación del Pazo de Meirás (BIC desde 2011) al patrimonio público, también conocido como las Torres de Meirás, pasa por que la Administración General del Estado presente una acción reivindicatoria, a través de una demanda civil, en la que se argumente el uso del inmueble como espacio institucional durante más de 30 años.

La fórmula prevista, cuya palabra técnica es demanialización –y que, en síntesis, significa que por "la fuerza del uso" se trata de un inmueble público–, abre la puerta, eso sí, a que los herederos de los Franco sean compensados económicamente.

Así, esta situación de compensación se daría en el caso de que, una vez haya sentencia firme del Tribunal Supremo a favor del Estado, se produzca una liquidación de la propiedad y los actuales poseedores del pazo sean compensados por gastos de mantenimiento desde el 20 de noviembre de 1975 –fecha del fallecimiento del dictador–, si esas inversiones están probadas.

El trabajo de la comisión de expertos, presidida por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela (USD) Xosé Manoel Núñez Seixas, se ha prolongado durante más de seis meses. Al informe final, el Ayuntamiento de Sada ha presentado un voto particular al mostrarse en desacuerdo con la hipótesis sobre la "liquidación" del inmueble, que los juristas, sin embargo, ven una hipótesis posible.

Según incluyen las conclusiones, la comisión de expertos propone una acción reivindicatoria contra la comunidad hereditaria y una solicitud a través de una demanda civil donde se declare el "carácter del inmueble como bien de dominio público afecto a la Jefatura del Estado". Esto supondría que, en consecuencia, se condene a los actuales poseedores a "reintegrar la posesión a la Administración general del Estado".

Por la "fuerza del uso"

"Aunque en el caso de que en una eventual liquidación del Estado posesorio resultase un saldo favorable a los actuales poseedores del inmueble, esta sería notablemente inferior a su valor de mercado o al precio que habría de satisfacerse como justo precio expropiatorio si se considerase de causa de utilidad pública o de interés social que habilitase a seguir este procedimiento de privación singular de la propiedad", señala el documento.

Así las cosas, la comisión de expertos concluye que es "posible defender el derecho a la adquisición por usurpación de la condición de bien de dominio público". Los expertos consideran que la vía de la "demanialización" permitiría incorporar Meirás al dominio público por la "fuerza del uso" del inmueble, es decir, que se usase por el dictador como edificio del Estado con la celebración de reuniones del Consejo de Ministros.

Donación al dictador

En la presentación del informe, el profesor de Historia Contemporánea de la USC Emilio Grandío explicó que el pazo, que era había sido propiedad de la familia Pardo Bazán, no cuenta hasta el año 1941 con documentales que acrediten la posesión de los Franco.

En todo caso, ha determinado que la comisión promotora de la época le hizo al dictador –"en calidad de jefe del Estado"– la donación del Pazo y de otras fincas aledañas de los vecinos, de las que se denunciaron expropiaciones forzosas.

Por su parte, el profesor de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña (UDC) José Manuel Busto Lago ha explicado que, aunque no fueron capaces de acreditar su propiedad entre 1938 y 1940, los más de 30 años como residencia del jefe del Estado y las inversiones realizadas son suficientes para argumentar la incorporación al patrimonio público, tal como recoge el Derecho Civil.