Memoria histórica

Patrimonio haría la exhumación de Franco, tras preguntar a la familia dónde lo deposita

Tumba de Franco en el Valle de los Caídos.

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La decisión formal de exhumar a Franco correspondería a Patrimonio Nacional, que es el propietario del Valle de los Caídos, lugar en el que se encuentran sus restos, según aseguran fuentes socialistas consultadas por Europa Press.

La decisión política ya está clara y hoy mismo, de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas, se deducía que el acto de sacar a Franco del Valle de los Caídos podría tener lugar antes de las vacaciones del verano. "Os pillará trabajando", dijo el jefe del Ejecutivo a la pregunta de si ocurriría antes de agosto.

Pero la decisión formal, según las fuentes socialistas consultadas por Europa Press, correspondería al propietario del lugar, es decir, a Patrimonio Nacional. Estas fuentes explican que la dirección de Patrimonio debería preguntar previamente a la familia del dictador dónde quiere que se depositen sus restos, una vez que sean exhumados.

En este sentido, aclaran que la intervención de un juez sólo es necesario cuando el finado lleva enterrado menos de cinco años. En ese caso sí sería necesaria la autorización judicial, pero cuando excede de ese tiempo, depende del propietario del lugar, que en la mayor parte de las ocasiones es el ayuntamiento. En este caso, insisten, correspondería a Patrimonio Nacional.

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Las mismas fuentes explican que, aunque este era uno de los objetivos del proposición de Ley que presentó el PSOE –la exhumación de los restos de Franco–, no es necesaria una normativa legal ad hocad hoc para ello.

Sin embargo, sí insisten en que aquella proposición de Ley, que ahora está decaída, sí era necesaria en esa formulación o como proyecto de Ley, para convertir el Valle de los Caídos en un lugar civil.

En el Valle de los Caídos aún quedan enterrados 114.226 represaliados por el franquismo. La primera exhumación se produjo en marzo de este año, dos años después de que el juez José Manuel Delgado Seoane admitiera la petición de una familia aragonesa, que quería dar sepultura a los restos de su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, que fueron fusilados en Calatayud en 1936.

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