El diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se convierte en un campo de minas

La fecha clave es el 9 de julio. Ese lunes, a mediodía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue confiando en recibir en la puerta del Palacio de la Moncloa, flanqueado por la bandera española y la senyera, a su homólogo catalán, Quim Torra. Si es que la cita consigue sobrevivir a la tormenta política que crece cada día a su alrededor.

El Gobierno de Sánchez se ha empeñado en reconstruir la normalidad institucional con la Generalitat, rota desde hace mucho tiempo. Así que, a la espera de llegar a alguna clase de acuerdo con Torra, la consigna es no responder a las palabras más gruesas que llegan desde el independentismo y que muchos en privado consideran “una provocación”.

El miércoles en el Congreso el presidente pasó por alto los graves calificativos que el diputado republicano Gabriel Rufián dedicó a sus ministros Josep Borrell y Meritxell Batet y el jueves en Bruselas evitó echar leña al fuego del incidente protagonizado por el president Torra en Washington cuando abandonó un acto para no tener que escuchar la réplica del embajador español en Estados Unidos, el exministro de Defensa del PP Pedro Morenés, a su relato sobre la represión en Cataluña. El objetivo de Sánchez es no moverse ni un milímetro del objetivo que se ha marcado de conseguir una “desescalada verbal” que facilite encontrar un campo de juego, reconocido por ambas partes, para dialogar.

El primer problema está precisamente ahí. Esquerra Republicana ya ha mostrado su decepción porque el Gobierno haya rechazado no poner límites al diálogo. El esfuerzo de su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, para conseguir un compromiso del Ejecutivo que, aunque sólo fuese para constatar la discrepancia, les permitiese poner encima de la mesa el nudo gordiano del problema (la convocatoria de una referéndum pactado), no ha dado frutos. El Gobierno rechaza este planteamiento e insiste en que es el independentismo el que tiene que dar el paso de regresar al marco legal establecido (Constitución y Estatuto de Autonomía) y comprometerse a no volver a abandonarlo. Esto es: renunciar a la vía unilateral, que fue la que la desaparecida coalición Junts pel Sí impulsó en septiembre y que desembocó en el referéndum del 1 de octubre.

La decepción de Esquerra no es una anécdota. El propio Tardà le recordó a Pedro Sánchez el miércoles en el Congreso que al no aceptar hablar de todo está debilitando al sector del independentismo más propicio al dialogo y al tiempo que alimenta a los maximalistas. Sin la posibilidad de dialogar de todo, aseguró, “los que tenemos una visión constructiva tenemos una posición más débil. Lo que ha hecho es exacerbar los extremos” y eso no ayuda “en nada” a que la reunión del 9 de julio con Torra “funcione”, lamentó. Es “un error y pronto se va a dar cuenta de ello”.

El debate sobre la unilateralidad lleva ya tiempo desarrollándose en las filas independentistas, al menos desde que el Gobierno de Mariano Rajoy destituyó al Govern, intervino la autonomía catalana y convocó elecciones anticipadas, poniendo así fin al intento de proclamación de la república catalana. Este tema será de hecho este domingo el asunto central de la conferencia política que Esquerra celebra este fin de semana.

Las enmiendas de las bases al documento impulsado por la dirección, que inicialmente proponía abandonar por “estéril y contraproducente” la vía unilateral, han emborronado la nitidez del mensaje. Los esfuerzos de los dirigentes republicanos —dos de los cuales no pueden participar con normalidad en las reuniones: el presidente Oriol Junqueras está en prisión y su número dos, Marta Rovira, huyó a Suiza para evitar la cárcel— han hecho posible que el texto a debate este fin de semana evite una referencia a las vías unilaterales y se limite a proclamar que ERC no renuncia a "ninguna vía democrática y pacífica”. No obstante, quedan aún enmiendas que pueden cambiar el sentido final del documento que va a regir la estrategia futura de los republicanos.

Institucionalizar la república

El PDeCAT, que también prepara una reunión política de fondo para finales de julio —el mismo fin de semana que el congreso del PP— vive un debate parecido, aunque todo indica que las posiciones de Carles Puigdemont, cabeza visible de la facción más irrendenta de Junts per Catalunya, están en disposición de inclinar la balanza hacia el unilateralismo.

De hecho, el borrador de ponencia política que debatirá el congreso del PDeCAT reivindica la declaración de independencia del año pasado: “Luchemos para dotar a Cataluña de la libertad política necesaria, haciendo realidad la institucionalización republicana propuesta el 27 de octubre de 2017”.

En este contexto, ¿qué va a plantear Sánchez a Torra?

Lo ha explicado él mismo y también su ministra: reciprocidad, lealtad y compromiso. Por lealtad, el Gobierno entiende respeto a las reglas de juego democrático, esto es, que el Govern y el Parlament no vuelvan a salirse del marco legal establecido. Cuando hablan de compromiso, los socialistas se refieren a tener voluntad real de ceder y llegar a acuerdos. Y por reciprocidad, que la actitud del Gobierno de España, desescalar y dialogar, se traslade también a Cataluña y que el Govern lo ponga en práctica y tienda puentes con los no independentistas.

Nada ha trascendido todavía de lo que Sánchez planteará a su homólogo catalán pero todo indica que primero pondrá sobre la mesa dos ámbitos de negociación: la comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat prevista en el Estatut y que no se reúne desde 2011 y la comisión del Congreso para evaluar el Estado Autonómico, que el independentismo boicotea desde su creación y en la que sólo participan, en estos momentos, PP y PSOE.

En la comisión bilateral el Gobierno quiere dar una segunda oportunidad a las demandas catalanas que planteó en su día el president Carles Puigdemont y que no tienen que ver con el marco legal. En la del Congreso, Sánchez quiere dar la oportunidad a PDeCAT y Esquerra de hablar de las reformas constitucionales y estatutarias necesarias para dar satisfacción a las demandas de autogobierno y identidad de Cataluña sin romper el vínculo con el resto de España.

No será desde luego fácil. Al independentismo lo que le gustaría es poner en marcha un dialogo bilateral al margen de los límites estrechos de las dos comisiones que propone el PSOE. Y en ese marco querría reivindicar al menos dos materias que Sánchez no quiere o no puede darles: el compromiso de un referéndum pactado y el archivo de la causa judicial contra el procés.procés

Gesto de distensión

En relación con este último asunto y en un gesto evidente de distensión, el Gobierno ya ha dado el único paso que está en sus manos haciendo posible el traslado de los dirigentes independentistas presos a cárceles de Cataluña.

La portavoz gubernamental, la ministra Isabel Celaá, confirmó este viernes que ya se dan los dos requisitos para proceder al traslado de los presos del procés, una vez concluidas las diligencias judiciales: que el recluso solicite el cambio de prisión y que un informe de Instituciones Penitenciarias dé el visto bueno al "arraigo" de esa persona al lugar al que pide moverse. Una vez constatados ambos, reveló la ministra, “está abierto ya el traslado”.

En cuanto al referéndum, no habrá oferta por parte del Gobierno. Los socialistas esperan que, más pronto que tarde, los independentistas acepten que la revisión del estatus de Cataluña en España que salga de las negociaciones se someta a aprobación en referéndum y que la voluntad popular de los catalanes sea la que sirva de cierre definitivo a las heridas abiertas el pasado mes de septiembre.

Pero para llegar a ese escenario, con la previsible actitud del PP y de Ciudadanos acusándoles de ceder ante los independentistas, Sánchez necesita que al menos sus interlocutores bajen el tono de los enfrentamientos.

Sólo así podrá empezar el diálogo, previsiblemente en torno al documento de 46 reclamaciones que Puigdemont entregó Rajoy durante la última entrevista que mantuvieron en la Moncloa en abril de 2016. El Gobierno sólo deja fuera, a priori, el punto que reclama la celebración de una referéndum pactado.

Aquel documento ampliaba los 23 puntos del que entregó su antecesor Artur Mas a Rajoy en el verano de 2014 e incluía medidas sobre políticas sociales, política fiscal y financiera y un amplio capítulo sobre incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias autonómicas e interferencias en la acción de gobierno.

En materia de garantías de derechos sociales Puigdemont pedía abordar el déficit estructural de financiación del sistema público de salud, reparar la reducción de la financiación en políticas sociales, dinero para aplicar de la ley de dependencia y respeto para la ley catalana de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Financiación

Cataluña reclamaba entonces respeto a la escuela pública catalana, fondos para las políticas activas de empleo ser tenida en cuenta para la reubicación de refugiados, la corrección de la distribución del déficit 2016 y una modificación del “discriminatorio” sistema de financiación autonómica, entre otras materias sobre las que ahora, el Gobierno de Sánchez está dispuesta a hablar. La cuestión fiscal, incluida la creación de una Hacienda catalana que gestione la recaudación de impuestos en los términos que defiende el PSC, también estará presente.

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A ese documento el Gobierno quiere añadir otro que parte de la Declaración de Barcelona redactada el año pasado por el PSOE y el PSC en la que se proponían llevar a cabo las modificaciones legales necesarias, sobre todos leyes orgánicas, en las que se basó el Tribunal Constitucional para anular una buena parte del Estatut aprobado en referéndum por los catalanes.

De aquí al 9 de julio, y más allá, partidarios y detractores del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat jugarán sus cartas para alimentar o reducir el enfrentamiento. En el objetivo de distensión de Sánchez no parece que vaya a ayudar el proceso judicial contra el procés, que sigue adelante.

Esta misma semana la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó el procesamiento de Puigdemont y otros 14 investigados en esta causa. Y, casi al mismo tiempo, el juez instructor, Pablo Llarena, dio dos días de plazo al expresident y sus 13 exconsellers para que abonen una fianza de 2,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.