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Corrupción

La operación 'Enredadera' deja 16 municipios de Madrid afectados y un jefe policial detenido

  • Entre los detenidos están el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, y el jefe de policía de Fuenlabrada, José Francisco Cano
  • La Fiscalía investiga contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico

Publicada el 03/07/2018 a las 19:10 Actualizada el 03/07/2018 a las 20:57
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La Policía registra la sede de la empresa Aplicaciones Gespol.

La Policía registra la sede de la empresa Aplicaciones Gespol.

EUROPA PRESS
La macrooperación denominada 'Enredadera' llevada a cabo este martes por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha dejado un balance de 16 municipios de la Comunidad de Madrid afectados y varios detenidos, entre ellos, el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, y el jefe de policía de Fuenlabrada, José Francisco Cano.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios, repartidos por todo el territorio nacional, para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, integrada actualmente en el Grupo Valoriza Servicios Medioambientales, y que habría obtenido "la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local".

Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

En concreto, el juzgado, que ha decretado secreto de sumario de las actuaciones, ha autorizado la entrada y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto, Villanueva de la Cañada y Torrelodones.

Además, ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberá ser cumplimentados en presencia de la Policía, en Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real y Valdemorillo. También se han visto afectados los consistorios de Hoyo de Manzanares y de Guadarrama.

Estas actuaciones han conllevado varias detenciones en toda España, destacando en la Comunidad la del alcalde de Arroyomolinos, de Ciudadanos, que se ha convertido en el primer regidor de la formación naranja arrestado por la presunta comisión de un delito de corrupción. El partido ya le ha suspendido de militancia.

Policías detenidos

También se ha detenido al jefe de Policía Local de Fuenlabrada, al que el Ayuntamiento le ha abierto un expediente disciplinario tras su detención. Cano es también secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según fuentes de la investigación.

No ha sido el único agente detenido. En Alcobendas, la Policía Nacional ha detenido al oficial de la Policía local de Alcobendas, Julio V., mientras que en Pinto, se han llevado a dependencias policiales de la misma manera al subinspector de Policía Local del Ayuntamiento, en funciones de jefe policial.

Otro de los detenidos destacados por esta operación sobre el amaño de contratos ha sido el empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del caso Gürtel. En total, son, al menos, 35 los detenidos, entre autoridades y funcionarios, tanto del PP como del PSOE y de Ciudadanos.

De hecho, además del alcalde de Arroyomolinos, el municipio más grande donde gobierna Cs, también se han visto afectados otros cargos vinculados con la formación naranja como Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández.

Los hechos investigados en la 'operación Enredadera', según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Los ayuntamientos dan explicaciones

A lo largo del día se han ido repitiendo los comunicados y declaraciones de los ayuntamientos afectados en la operación que, o bien han negado su participación en ningún tipo de amaño, o bien han asegurado que han colaborado con la Policía desde el principio y que su política es de "transparencia".

Así, Majadahonda ha aclarado que en su caso han dado explicaciones sobre su relación con Gespol y la gestión de multas de tráfico. Aseguran que se adjudicó en 1998 mediante un convenio firmado por la Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y diversos Ayuntamientos "que en aquel momento tenían un tamaño mediano" y que el Consistorio no ha pagado nada por el contrato y mantenimiento del mismo.

En el caso de Torrelodones se han mostrado "sorprendidos" con lo ocurrido y han explicado que la Policía ha requerido información sobre la contratación de software de seguridad implantado en el Consistorio desde el año 2001. Posteriormente, ese contrato se licitó mediante procedimiento "negociado sin publicidad y tramitación anticipada" al que "solo se invitó" a la empresa Bipliomática por razón de exclusividad y se adjudicó en 2010.

Por su parte, el alcalde de Manzanares El Real, Óscar Cerezal, ha negado que en el municipio haya contratado servicios a las empresas implicadas en la 'Operación Enredadera' mientras que en el caso de Aldea del Fresno, han recordado que la propia Gespol recurrió en los tribunales el pliego del Ayuntamiento para adjudicar el contrato para gestionar los expedientes sancionadores de la Policía Local.

En el Ayuntamiento de Parla se muestran "tranquilos" ante lo ocurrido y han explicado que agentes policiales se han personado a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento y, acompañados por funcionarios y policías locales, han solicitado diferentes contratos vinculados a los radares establecidos en la localidad en el año 2014 y a concesiones referentes a la seguridad vial que se remontan en algunos casos al año 2005.

El Ayuntamiento de El Escorial asegura que "nunca" ha tenido un contrato con Gespol mientras que en el caso de Pinto, el contrato bajo sospecha es el expediente para la contratación de cámaras OCR para vigilancia de seguridad, adjudicado el 11 de febrero de 2015 por una cuantía de 64.457,55 euros, pocos meses antes de que el PP abandonase la alcaldía tras las elecciones municipales de aquel año.
 
También se ha recabado información respecto a contratos y facturas desde el año 2010 de las empresas Aplicaciones Gespol, S.L.; Bilbomática S.A.; y Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., presuntamente vinculadas a la trama.
 
Brunete ha mostrado su colaboración, en la misma dirección que Alcobendas, donde se han revisado varios contratos y se han llevado a dependencias policiales a un oficial de la Policía. En Fuenlabrada, han asegurado que "la inmensa mayoría" de las empresas investigadas no trabajan con el Consistorio, gobernado por el PSOE, a pesar de que "posiblemente tiene contratos en vigor" con alguna de ellas.
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