El Gobierno apuesta por modificar el Código Penal para incluir el consentimiento expreso en los delitos sexuales

La ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció este martes ante la Comisión de Igualdad del Congreso su voluntad de reformar el Código Penal, siguiendo el modelo sueco y alemán, para primar el consentimiento explícito en los casos de delitos sexuales.

"Si una mujer no dice sí, todo lo demás es nono'", aseveró. La propuesta forma parte de su hoja de ruta en cuanto a políticas de igualdad, donde también incluyó una necesaria revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mucho mejor los tipos penales que no pongan en riesgo, a través de interpretación, lo que son gravísimos delitos contra las mujeres", añadió. Carmen Calvo ya manifestó hace semanas su inclinación por revisar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género, paralelamente al estudio de los delitos sexuales que ya está realizando una comisión de expertos designada por el antiguo ministro Rafael Catalá.

La ministra, asimismo, se comprometió a mantener "la lealtad y el compromiso" de cara al cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, especialmente en cuanto a las medidas legislativas. Anunció, en este sentido, su voluntad de elaborar una ley contra la trata, una forma de "crimen organizado" que supone un "atropello de todos los derechos de las mujeres como seres humanos" y priorizó también la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Igualmente en el marco del Pacto de Estado, Calvo afirmó que las cifras de los asesinatos machistas se publicarán a partir de ahora en su cómputo global, es decir, la cifra total desde que se comenzó el recuento en el año 2003. Cifró en 945 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que hay estadísticas. En cuanto a los niños y niñas asesinados por esta lacra, desde 2013 cuando empezaron a registrarse, se han contabilizado 25.

Calvo, por otro lado, expresó su intención de adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo. Lo enmarcó en la importancia del uso del lenguaje como "elemento que nos precede, nos acoge, va por delante de nosotros y nos enseña". La vicepresidenta insistió en la premisa de que "lo que no se nombra no existe" y subrayó que "si hablamos en masculino, nuestro cerebro está viendo imágenes en masculino".

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La Constitución, afirmó, se encuentra redactada en masculino, de manera que el Gobierno ha encargado a la Real Academia Española (RAE) un "estudio sobre la adecuación de la Constitución al lenguaje inclusivo", que se llevará a cabo "independientemente de una posible reforma constitucional".

También insistió en la necesidad de devolver competencias a los ayuntamientos, "amparo de las mujeres que no saben a dónde ir", y en hacer "un esfuerzo presupuestario mayor del que existe" en cuanto al presupuesto destinado a las entidades locales. A lo largo del mes de julio, en la conferencia sectorial prevista, se irán trazando las primeras líneas de trabajo con las consejerías de igualdad de las comunidades autónomas.

En cuanto al ámbito educativo, apostó por una asignatura "de valores cívicos" para trabajar sobre "la igualdad y el respeto a la diversidad". También enfatizó en la protección de los menores trans y en trabajar sobre la prevención para evitar episodios de acoso escolar.