Gandía, El Ejido y Arganda del Rey fueron los municipios grandes con mayor deuda por habitante en 2016

“Debe reiterarse (…) la conveniencia de promover las reformas legales oportunas para que la rendición de cuentas sea considerada (…) requisito indispensable para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas”. Así de categórico se mostró este lunes el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización del Sector Público Local del Ejercicio 2016. Y no es para menos. Los datos que arrojó este último estudio de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda reflejan que todavía hay aspectos que es necesario pulir. En el año analizado, sólo el 76% de las entidades locales rindieron cuentas ante el organismo fiscalizador –supone una mejora de tres puntos respecto al ejercicio de 2015–, a pesar de que legalmente tienen el deber de hacerlo. Por regiones, fueron las corporaciones andaluzas las más incumplidoras –sólo el 45% de ellas presentaron la información–.

Pero del extenso informe del Tribunal de Cuentas también se desprenden otros muchos datos que resultan interesantes. A lo largo de más de 400 páginas, el organismo fiscalizador analiza desde la deuda de los ayuntamientos hasta el tiempo medio de pago a los proveedores de las más de las 12.964 entidades locales que en ese ejercicio había en España –entre consistorios, diputaciones, cabildos, comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas, agrupaciones de municipios y entidades de ámbito territorial inferiores al municipio (EATIM)–. El estudio, además, aporta información sobre aquellas entidades con informes de intervención desfavorables, sobre el endeudamiento de sus sociedades mercantiles y su facturación total o sobre la recaudación de impuestos y tasas en el ámbito local.

Los ayuntamientos con mayor deuda por habitante

Los ayuntamientos que rindieron cuentas ante la institución fiscalizadora cerraron 2016 con una deuda de 20.490,9 millones de euros. Pero, ¿qué consistorios son los que soportan un mayor endeudamiento por habitante? Principalmente, aquellos con una población inferior a 1.000 residentes. En este tramo, destacaron Puebla de la Sierra (Comunidad de Madrid) y Monasterio de la Sierra (Castilla y León). En la pequeña localidad madrileña, donde el agujero fue de sólo 540.000 euros, la deuda a las espaldas de cada uno de sus 66 vecinos fue de 8.120 euros. Mientras tanto, en el municipio burgalés, que cerró el año con un descuadre de 370.000 euros, el endeudamiento por cada uno de sus 46 residentes fue ligeramente menor: 8.020 euros.

En el caso de los municipios más grandes, aquellos con un censo superior a las 50.000 personas, estas cargas por habitante son por lo general mucho más suaves. Sin embargo, hay consistorios que se escapan de la tónica habitual. Es el caso del Ayuntamiento de Gandía, en la Comunitat Valènciana, que cerró el ejercicio analizado con un agujero de 251,44 millones, por lo que el endeudamiento por habitante alcanzó los 3.361 euros. En segundo lugar se situó el consistorio de El Ejido (Andalucía), donde el descuadre ascendió a 187,96 millones y la deuda por vecino se situó en los 2.118 euros. Por último, el podio lo completó el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) –102,74 millones–, donde cada censado tenía a sus espaldas 1.894 euros de deuda.

Pago a proveedores

En relación con el pago a proveedores, el Tribunal de Cuentas también constató ciertas irregularidades. Hasta un 32% de las entidades locales que rindieron cuentas ante el órgano fiscalizador no ofrecieron información sobre el periodo medio de pago a acreedores o los datos que aportaron “eran incoherentes”, omisión “no justificada” que, según señala el informe, supone “una deficiencia relevante”. De las que cumplimentaron de forma adecuada dicho indicador, una mayoría reflejaba un periodo medio inferior a 60 días. En el ejercicio analizado, la normativa fijaba un tiempo máximo para abonar las facturas de 30 días naturales, que podía ampliarse hasta 60. Desde el pasado mes de abril, el plazo límite no puede exceder los treinta días.

Por encima de esos plazos, el Tribunal de Cuentas sitúa a un 6% de las entidades locales que aportaron de forma correcta dicho indicador en 2016. En este tramo, la institución que preside Álvarez de Miranda ha localizado hasta 21 donde los tiempos medios de pago a proveedores fueron superiores a cien días. Encabezando esta lista se encuentra el Ayuntamiento de Algete (Madrid), con un plazo de 313 días, seguido de los consistorios de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Parla (Madrid), donde el periodo medio de abono de facturas se situó en los 272 y 232 días, respectivamente. Por encima de los doscientos días destacan también los ayuntamientos de Telde (Las Palmas) –229 días– y Silla (Valencia) –casi 212 días–.

24 ayuntamientos con información pendiente de remitir

El informe señala también a todos aquellos ayuntamientos cuyos órganos de intervención no habían remitido toda la información prevista. En este apartado, el Tribunal de Cuentas constata que el cumplimiento de esta obligación “se encuentra actualmente implantada en gran medida” en las entidades locales de mayor tamaño. “Por el contrario, este grado de implantación resulta mucho menor entre las entidades de menor tamaño, entre las que, de manera mayoritaria, no se producen acuerdos contrarios reparos, expedientes con omisión de fiscalización previa o anomalías en sus ingresos, pero que, en todo caso, deberían remitir una certificación negativa acreditativa de que ello no tiene lugar”, añade la institución.

En este caso, el Tribunal de Cuentas pone el foco en hasta 24 consistorios con información pendiente de remitir. De ellos, más de la mitad son andaluces: Torremolinos, Lucena, Puerto Real, Écija, Andújar, Rota, Lepe, Vícar, Tomares, Los Barrios, Mairena del Alcor, Barbate, Maracena, Bormujos, Isla Cristina, Loja y Ayamonte. Pero también hay consistorios madrileños –San Fernando de Henares, Arroyomolinos y Algete–, castellanomanchegos –Villarobledo y Seseña–, así como uno valenciano –Sueca– y otro catalán –Santa Perpètua de Mogoda–.

Cuentas con informes desfavorables de los interventores

El organismo fiscalizador también analizó los informes de intervención relativos a las cuentas de las entidades locales correspondientes a 2016. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que el presupuesto y la liquidación del mismo deben ser informados por la intervención de la entidad local antes de su aprobación por el Pleno, en el primer caso, o el presidente, en el segundo. El órgano de Intervención, en su escrito, deberá señalar las deficiencias o irregularidades observadas. En este sentido, el Tribunal de Cuentas contabiliza hasta una docena de entidades locales con informes de intervención desfavorables en la aprobación del presupuesto de 2016.

Once de ellos son ayuntamientos: Córdoba, Fuenlabrada, San Cristóbal de la Laguna, Huelva, Jaén, Santiago de Compostela, Benalmádena, Sagunt, Collado Villalba, Elda y Vila-real. La lista la completa la Diputación de Salamanca.

El endeudamiento de las sociedades mercantiles

En 2016, el número de sociedades mercantiles (SM) y entidades públicas empresariales (EPE) de carácter local ascendió a 886 –41 más que en el ejercicio anterior–. Entre todas ellas, facturaron alrededor de 4.064 millones de euros, un dato que supone una mejora de 262 millones respecto al registrado en 2015 –2.802 millones de euros–. A pesar de este repunte, el Tribunal de Cuentas sigue poniendo el foco en el elevado nivel de endeudamiento de las empresas públicas. Las sociedades mercantiles, dice el organismo fiscalizador, “necesitarían generar durante quince ejercicios el resultado de explotación [de 2016] para amortizar la deuda existente”. En el caso de las entidades públicas empresariales, tienen que repetir dicho resultado durante los siguientes 38 ejercicios si quieren tapar el agujero.

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En el ejercicio analizado, se detectaron una docena de sociedades mercantiles con un volumen endeudamiento superior a 30 millones de euros y con resultados negativos o nulos. Entre ellas, destacó Ferrocarril Metropolitano de Barcelona SA, con una deuda de 748,99 millones. Le siguieron Integral del Agua de Huelva SA y Transportes de Barcelona SA, que presentaron un endeudamiento de 191,46 y 187,1 millones de euros. La lista la completaron: Empresa Municipal de Desenvolupament Urbà de Cornellà, Empresa Rehabilitacio i Gestión SA, Iniciatives Públiques de Gandía, Empresa Municipal Hospital de San Juan, Empresa Municipal de Transportes SA, Desarrollo Económico Rinconada, Empresa Municipal Gramepark, Gestión de Aguas del Levante Almeriense y Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

Más recaudación en impuestos y tasas de la esperada

El informe del Tribunal de Cuentas también se detiene en la recaudación impositiva del año 2016. Y, en este punto, puede destacarse que las entidades locales ingresaron por esta vía más de lo que habían previsto. En el caso de los impuestos directos –IBI, IAE, IVTM e IIVTNU–, las esperaban embolsarse 16.293,8 millones de euros. Sin embargo, los derechos de recaudación netos se situaron finalmente un 6,5% por encima. Lo mismo sucedió con los tributos municipales indirectos –el ICIO– y las tasas y otros ingresos –por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos o por licencia urbanística, por ejemplo–, cuya recaudación fue un 4,2% y un 2,7% superior a la que habían previsto las entidades locales.