Educación en valores cívicos, violencia sexual o legislar contra la trata: claves y retos para una política feminista

La ministra de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, compareció la mañana del martes ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las líneas que seguirá el Gobierno en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género. Lo hizo partiendo de una denuncia, una celebración y un compromiso. La denuncia, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, un total de 21; la celebración, el hito que supuso el 8M, que "devolvió un punto de entusiasmo y alegría" a la ciudadanía; y el compromiso, llevar a cabo "políticas feministas con propuestas de transformación de la democracia".

Calvo enfatizó en que no se trata de "mujeres haciendo políticas para mujeres", sino de llevar a cabo "políticas feministas", para recoger el mandato del 8M y evitar "políticas sectoriales". La ministra dibujó las bases sobre las que se cimentarán esas políticas y los retos que tiene por delante, en una lucha donde, dijo, no caben discrepancias políticas. Subrayó además su compromiso y lealtad respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre del pasado año, y pidió "coordinación e imagen de unidad" para sacar adelante las medidas rubricadas.

  1. Estadísticas

La vicepresidenta y ministra socialista afirmó que las cifras de los asesinatos machistas se publicarán a partir de ahora en su cómputo global. La cifra, por tanto, no solamente se actualizará cada año, sino que se publicará la suma total desde que se comenzó el recuento en el año 2003. Calvo cifró en 945 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que hay estadísticas y recordó que, en cuanto a los niños y niñas asesinados por esta lacra, se han contabilizado 25 desde que en 2013 empezaron a registrarse. "El cómputo es enorme, tremendo", lamentó.

El Pacto de Estado contra la Violencia Machista, acorde con las peticiones de las organizaciones feministas y lo dictado por el Convenio de Estambul, requiere además que las estadísticas no estén compuestas únicamente por las víctimas asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. "De acuerdo con el Convenio de Estambul, establecer la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados, con la periodicidad que se establezca, sobre todas las formas de violencia contra las mujeres", dice la medida 167 del acuerdo. 

A principios de año, además, el Consejo General del Poder Judicial anunció que comenzaría a contabilizar como violencia de género toda agresión de un hombre a una mujer por el hecho de serlo.

  2. Comunidades y ayuntamientos

Durante su comparecencia, Calvo insistió en la necesidad de devolver competencias a los ayuntamientos, "amparo de las mujeres que no saben a dónde ir", y en hacer "un esfuerzo presupuestario mayor del que existe" en cuanto a la partida destinada a las entidades locales. A lo largo del mes de julio, en la conferencia sectorial prevista, se irán trazando las primeras líneas de trabajo con las consejerías de igualdad de las comunidades autónomas. Las instituciones más cercanas, recordó, deben "estar fortalecidas en competencias de políticas sociales y dotadas de recursos a este efecto".

La medida 206 del acuerdo afirma que "los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios" y  "a las comunidades autónomas un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas" en el pacto. 

  3. Educación y cultura

En cuanto al ámbito educativo, la socialista apostó por una asignatura "de valores cívicos" para trabajar sobre "la igualdad y el respeto a la diversidad", algo que calificó de "asunto capital". También se centró, en este sentido, en el colectivo LGTBI como prioridad del equipo socialista. Enfatizó en la protección de los menores transexuales y en trabajar sobre la prevención para evitar episodios de acoso escolar.

Respecto a la rama cultural, Calvo incidió en que se trata del "disco duro de una sociedad" y "el alma de un país". Toda su simbología, por tanto, debe estar "conectada con los principios de igualdad". "Necesitamos muchas mujeres guionistas, directoras y productoras", sostuvo la ministra, "en el mundo de la comunicación y la cultura, para que representen la realidad de las mujeres".

La medida número tres del pacto habla de "reforzar y ampliar en materia de educación los valores igualitarios y la educación afectivo sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral". En su punto 36, además, pide incluir "en la publicación del Instituto de la Mujer,Mujeres en Cifras,un nuevo capítulo sobre la presencia de mujeres en la industria cinematográfica y la gestión cultural, que identifique la brecha de género a través de indicadores cuantitativos y cualitativos". 

Un estudio realizado en noviembre del pasado año por la Unión de Actores y Actrices y la Fundación AISGE revela que tan solo el 38% de los personajes del cine español son femeninos y la relevancia de los personajes interpretados por mujeres es muy inferior a la de sus compañeros de profesión, que suelen dar vida a personajes protagonistas. Además, según denuncia el análisis, para las mujeres la edad es un factor clave, puesto que al pasar la barrera de los 45 años su presencia en la pantalla se ve notablemente disminuida.

  4. Ley contra la trata

En su intervención en la Comisión de Igualdad, Calvo anunció su intención de elaborar una ley integral contra la trata, una forma de "crimen organizado" que supone un "atropello de todos los derechos de las mujeres como seres humanos". A su juicio, es necesario "en el ámbito nacional tomar una decisión" al respecto y llevar "a la política europea la firme determinación de España" contra esta situación "inadmisible". Recordó, además, que antes de la crisis "casi el 80% de las mujeres prostituidas eran extranjeras" mientras que ahora la "tendencia se ha invertido" y gran parte de mujeres españolas ejercen la prostitución como "consecuencia de la pobreza". La prostitución, añadió la vicepresidenta, "es una forma de violencia más" y existe un "porcentaje altísimo de mujeres prostituidas que vienen de la trata".

El Ministerio del Interior indica, en su último balance de 2016, que España llevó a cabo 2.586 inspecciones administrativas y detectó 12.419 personas en riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las que finalmente se identificó formalmente a 591 víctimas –148 por trata de seres humanos sexual y 443 víctimas de explotación sexual–.

  5. Violencia sexual

En relación con las agresiones sexuales, la socialista anunció su voluntad de reformar el Código Penal, siguiendo el modelo sueco y alemán, para primar el consentimiento explícito en los casos de delitos sexuales. "Si una mujer no dice sí, todo lo demás es no'", aseveró y agregó que la idea consiste en "no correr riesgos interpretativos en el consentimiento de las mujeres". 

Carmen Calvo ya manifestó hace semanas su inclinación por revisar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género, paralelamente al estudio de los delitos sexuales que ya está realizando una comisión de expertos designada por el antiguo ministro Rafael Catalá. La comisión, que agrupa a quince mujeres y trece hombres, tiene de plazo hasta el próximo mes de noviembre para entregar su dictamen al Ministerio de Justicia, dirigido por Dolores Delgado.

Por otro lado, el grupo confederal de Unidos Podemos presenta este miércoles su propia ley integral para erradicar las violencias sexuales, precisamente con el objetivo de situar el consentimiento "en el centro del debate".

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla las agresiones sexuales como formas de violencia contra la mujer que deben concentrar las miradas de las instituciones, tanto en el ámbito preventivo e informativo como en la lucha para erradicarlas. La sentencia contra La Manada y las movilizaciones feministas del último año han desatado una oleada de indignación que exige visibilizar la violencia sexual y actuar además contra sus expresiones cotidianas.

  6. Usos del tiempo

La ministra avanzó además que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está trabajando en una normativa para la racionalización de los horarios. La socialista solicitó un debate sobre los "estremecedores" horarios con el objetivo de posibilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. "Seamos capaces de trazar algo que tenga que ver con unos horarios que mejoren estos problemas de país", afirmó. El Congreso aprobó recientemente por unanimidad el inicio de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Unidos Podemos que prevé una nueva regulación de los permisos de maternidad y paternidad que otorga a cada progenitor 16 semanas que no pueden cederse de uno a otro y remuneradas con el 100% del sueldo.

La vicepresidenta subrayó además la relación entre independencia económica y una vida libre de violencia. Recordó, en este sentido, que la brecha salarial entre hombres y mujeres ronda el 23%, mientras que en las pensiones se incrementa hasta un 37%. Pero insistió además en que, más allá de las cifras, la discriminación se esconde "en todo el espacio laboral", y citó el desempleo, la precariedad, la temporalidad, los horarios, los ascensos o la posibilidad de progresar. Mencionó importantes modificaciones en leyes como el Estatuto de los Trabajadores para "convertir los problemas de las mujeres en problemas políticos" y manifestó que actualmente existen tres propuestas registradas en la Cámara Baja al respecto.

  7. Discapacidad

Carmen Calvo recordó que las mujeres en situación de discapacidad son además "víctimas extremadamente vulnerables" de la violencia machista. Por ello, aseguró que el Gobierno impulsará un programa de apoyo a las mujeres con discapacidad intelectual con el objetivo de promover su igualdad.

La Fundación Cermi Mujeres denuncia en su informe Violencia de género hacia las mujeres con discapacidad, publicado en 2017, que en torno al 31% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia en algún momento de su vida, especialmente en su vertiente psicológica –insultos, menosprecio, intimidación o amenazas–.

El Pacto de Estado apela en su medida 28 a "tener en cuenta, en la realización de campañas publicitarias contra la violencia de género y en la elaboración de los materiales, los distintos tipos de diversidad funcional/discapacidad y la especial incidencia de la violencia de género sobre dicha condición".

  8. Lenguaje inclusivo

Calvo, por otro lado, expresó su intención de adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta a las mujeres. Lo enmarcó en la importancia del uso del lenguaje como "elemento que nos precede, nos acoge, va por delante de nosotros y nos enseña". La vicepresidenta insistió en la premisa de que "lo que no se nombra no existe" y subrayó que "si hablamos en masculino, nuestro cerebro está viendo imágenes en masculino".

La Constitución, afirmó, se encuentra redactada en masculino, de manera que el Gobierno ha encargado a la Real Academia Española (RAE) un "estudio sobre la adecuación de la Constitución al lenguaje inclusivo", que se llevará a cabo "independientemente de una posible reforma constitucional". Según adelantó a Europa Press el director de la institución, Darío Villanueva, la RAE trabaja sobre un análisis que no estará listo al menos hasta octubre y será "un trabajo serio y despolitizado".

Compromís logró sacar adelante en la Comisión de Igualdad, pese a los votos contrarios de PP y Ciudadanos, una propuesta para promover un cambio de denominación del Congreso de los Diputados –eliminando la palabra diputados–, con el objetivo de lograr un lenguaje más inclusivo en la Cámara Baja.

  9. Justicia

La formación de los jueces y fiscales en cuestiones de género parece ser también una prioridad para el Gobierno, especialmente desde que las organizaciones y la ciudadanía hayan puesto al sistema judicial en el punto de mira tras la sentencia de La Manada. La primera medida que impulsó el PSOE una vez llegado al Ejecutivo, fue la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que todos los operadores jurídicos tengan formación en perspectiva de género.

La medida 159 del pacto estatal se refiere a la ampliación de la formación especializada que reciben los profesionales de la Administración de Justicia, en materia de prevención de la violencia de género y en materia de trata, y propone "estructurarla en planes que contemplen una formación transversal, estable, multidisciplinar y evaluable". En cuanto a las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial y formación continua anual, el documento habla de "introducir más temas de Derecho Antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad", mientras que al Consejo General de la Abogacía Española propone el impulso de una "formación de calidad" en el mismo sentido.

  10. Gestación subrogada

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La ministra Carmen Calvo recuperó una cuestión que lleva tiempo arrastrando un debate especialmente enquistado: la gestación subrogada. La socialista se mantuvo firme al asegurar que los vientres de alquiler "deben prohibirse y no deben ser regulados".

Ciudadanos puso aquí la nota discrepante, al apuntar por medio de su diputada Patricia Reyes que el PSOE ha dejado atrás "ese progresismo del que hacía gala, se ha anclado en el pasado y le cuesta admitir que hay otra sociedad en la que existen diversos modelos de familia". La formación naranja registró en el Congreso una propuesta para regular la gestación subrogada, aunque la mayoría del arco parlamentario se ha posicionado en contra de dicha práctica.

Ángeles Álvarez, diputada socialista, sostuvo durante su intervención este martes que "las prácticas de explotación reproductiva" sirven para "hacer daño" al conjunto de las mujeres. Las socialistas recordaron, además, que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó recuperar la reproducción asistida para mujeres solteras y lesbianas, un compromiso que ya había suscrito la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón.