La condena del Supremo contra España provoca un nuevo reto para el Gobierno en materia de asilo

El Tribunal Supremo condenó este miércoles al Estado español por incumplir parcialmente su promesa de tramitar un total de 19.449 solicitudes de asilo, de las que sólo ofertó un 12,85%. Se trata de un compromiso adquirido en el año 2015 a raíz de las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 del Consejo Europeo, que obligaban a España a tramitar 13.086 solicitudes procedentes de Grecia y 6.363 de Italia, de un total de 160.000 para todos los países de la Unión Europea. El Alto Tribunal dictamina ahora, tras un recurso interpuesto por la asociación Stop Mare Mortum, que España no cumplió con sus obligaciones y que, pese a haber expirado el plazo marcado para hacerlo, deberá continuar con la tramitación en los términos previstos. Esta obligación abre un nuevo escenario para el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberá asumir el reto de desarrollar una política migratoria más allá de gestos.

Tal y como expone la sentencia, el abogado del Estado argumentó a su favor la existencia de "graves dificultades administrativas para el cumplimiento de tales obligaciones", que sin embargo, a juicio del Tribunal Supremo, "no pueden constituir causa de exención de las mismas". El motivo es claro: España rechazó acogerse en su momento a las medidas flexibilizadoras propuestas para facilitar la tarea encomendada, y que consistían en una reducción del 30% respecto a la cifra impuesta en un primer momento, o bien la prórroga de otros 12 meses en relación a los 24 inicialmente pactados.

El Estado debe ahora acoger el dictamen del Tribunal Supremo y cumplir con la condena impuesta. ¿De qué manera podrá sortear esas dificultades administrativas? ¿Existe el riesgo de que el proceso de tramitación se eternice? Por el momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó el mismo miércoles que tomará medidas "muy precisas" para garantizar el asilo y refugio. "Tenemos unos expedientes por ahí, con un retraso vamos a decir sensible, que no puede conciliarse con garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos afectos", manifestó.

Toni Borrell, miembro de la plataforma Stop Mare Mortum, presume de una sentencia que considera histórica. En conversación con infoLibre, el activista subraya que "es la primera vez que un tribunal nacional condena a su gobierno por el incumplimiento de una decisión comunitaria". Es importante, sostiene, que el Tribunal Supremo tome tal decisión "aunque haya finalizado el plazo" previsto. Esto significa, agrega, que existe una "obligación de traslado de estas personas desde Grecia e Italia" y viene a constatar que "el cumplimiento de los derechos humanos no es discrecional, sino una obligación de los Estados".

Dificultades y plazos

El plazo contemplado en un inicio, dos años, fue insuficiente para cumplir con los compromisos adquiridos. Al menos estando al frente el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras la sentencia, cabe preguntarse si el actual Ejecutivo se encontrará con las mismas dificultades y si el tiempo para lograr objetivos se irá dilatando también. Hasta ahora, explica Borrell, "el pretexto es que no había personas que cumplieran con los requisitos de reubicación". Así lo señaló el exministro Alfonso Dastis en más de una ocasión. El activista, sin embargo, defiende que tales afirmaciones son falsas e insta a buscar mejor. Stop Mare Mortum "trabaja de forma constante en territorios como Grecia y hay constancia de que existen muchas personas que cumplen con los requisitos", asevera. Las islas griegas son, actualmente, "un territorio de no derechos", de modo que el Gobierno debe ser capaz de "buscar mejor para encontrar a todas las personas que cumplen incluso con los primeros criterios que se establecieron".

Respecto a las cuotas, Borrell se muestra especialmente crítico. "Nosotros hemos presentado una demanda en contra del cumplimiento de las cuotas, pero siempre hemos criticado que haya un programa de cuotas, porque rompen con la universalización de los derechos humanos", confiesa y recuerda que la Convención de Ginebra señala que "todas las personas en situación de persecución tienen derecho a solicitar protección internacional". Lo contrario, añade, tan sólo deriva en "personas de primera y de segunda" y precisamente por este motivo "la mercantilización de los derechos humanos es uno de los grandes problemas que tenemos". Aún así, admite, "lo mínimo que pueden hacer los gobiernos es cumplir sus propias cuotas".

Voluntad política

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Borell cree necesaria una lectura política de la sentencia. "Hasta el momento no ha habido voluntad política para cumplir por una parte con el programa, y por otra para establecer otros instrumentos que garanticen vías legales y seguras". Esto, dice, depende esencialmente de voluntad política. El activista confía en que la resolución judicial sirva para abrir un nuevo escenario basado en un "cambio real, más allá de gestos puntuales de cara a la galería".

Borrell pone nombre a algunas de esas medidas precisas de las que habla el ministro Grande-Marlaska, y cita ejemplos como la retirada de concertinas, aunque no olvida que "quien las instaló fue el propio PSOE". El activista catalán cree importante, asimismo, "el acceso real a la protección internacional en la frontera sur y el establecimiento de medidas estructurales, como el visado humanitario". Otra opción, menciona, es el corredor humanitario, es decir, un espacio seguro creado para garantizar la ayuda humanitaria a la población vulnerable. La Congregación de San Egidio lo está haciendo en Italia y "es un ejemplo claro de cómo hacer políticas públicas sin poner en riesgo la vida de estas personas y sin que tengan que dedicar todos sus ahorros a las mafias", señala Borrell, quien además matiza que dichas mafias existen por la ausencia de medidas alternativas por parte de los gobiernos. 

El activista cree que es momento de que los socialistas demuestren que se puede "ejecutar lo que dice la sentencia". El PSOE, agrega, "ha sido muy beligerante con el PP cuando estaba en la oposición", de modo que ahora se abre "un frente que puede provocar un giro", en torno al que el Gobierno de Pedro Sánchez "debe ser consecuente".